22 de julio de 2020
22.07.2020

El Gobierno rebaja las condiciones del rescate para grandes negocios

Las compañías debían tener ganancias en 2019, ser estratégicas y estar al corriente con Hacienda

22.07.2020 | 00:05
El Gobierno rebaja las condiciones del rescate para grandes negocios

El Gobierno presentó ayer la letra pequeña del fondo de rescate para grandes empresas consideradas como estratégicas que estén pasando por graves problemas económicos derivados de la pandemia del coronavirus. El Ejecutivo ha rebajado los requisitos previstos. La aerolínea Iberia, evidentemente muy golpeada por el parón que ha sufrido el sector turístico, podría pedir el rescate para salir del bache. También se ha especulado con que el grupo Globalia -dueño de Air Europa, Halcón Viajes y la cadena de hoteles Be Live- podría reclamar estas subvenciones para sobrevivir. El sector turístico es uno de los más firmes acreedores a echar mano de esta herramienta para evitar su desaparición. La brecha en la facturación ha sido total.

Entre los requisitos que plantea el Gobierno figura no ser considerada en crisis a 31 de diciembre de 2019, evidentemente no podrán optar a este rescate aquellas compañías que hubieran solicitado un concurso de acreedores o que estuvieran a esa fecha pasando por él.

Los solicitantes de esta mano amiga también deben justificar que un cese forzoso tendría un elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo, nacional o regional. La empresa ha de estar al corriente de los pagos tributarios y a la Seguridad Social y no haber sido convocada mediante sentencia firme por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos o fraude. Además, deberá demostrar su viabilidad a medio y largo plazo.

El fondo de ayuda está dotado con 10.000 millones de euros y será gestionado por un consejo de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Las propias compañías tienen que solicitarlo. Este mecanismo de ayuda va a articularse mediante la concesión de préstamos participativos, deuda convertible o también participaciones sociales.

El importe mínimo será de 25 millones de euros por compañía, salvo en casos excepcionales y que estén debidamente justificados. Mientras que el techo no podrá superar el patrimonio neto que la empresa tenía a 31 de diciembre de 2019.

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