El Estado pisa el acelerados para impulsar el mercado de alquiler social. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto-ley de medidas económicas que mejora las condiciones de licitación del suelo público que la entidad estatal de suelo (Sepes) pone a disposición de empresas privadas para la construcción y gestión de viviendas de alquiler social por un periodo máximo de 75 años. Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien apuntó que el canon que estas compañías pagan cuando se adjudican la licitación pueda llegar a ser cero.

"Esta medida tiene como objetivo dinamizar la economía y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en España, que incluso ha ido a menos por determinadas políticas", reiteró el ministro, que apuntó que las viviendas de alquiler social en España son únicamente el 2,5% del total, frente al 5% en la media de la UE. En este sentido, ha puesto en valor que esta es una medida "importante" porque elimina un "obstáculo de carácter legal" que impedía que el canon pudiera ser cero en determinadas circunstancias, dentro del programa de colaboración público-privada para alquiler social.

Canarias, dentro del plan estatal que persigue poner en el mercado al menos 20.000 viviendas de alquiler social en 2030, se marcó como meta la construcción de 800 viviendas. El Ejecutivo regional se puso en contacto con ayuntamientos y cabildos para pedir suelo público para destinarlo a tal fin. La prioridad, según apunta la Consejería de Vivienda en manos de Sebastián Franquis, es buscar suelo en los municipios con los precios de alquiler más tensionados: Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y las localidades turísticas.

El real decreto aprobado ayer también permite a las comunidades autónomas que usen el remanente de proyectos que no han llevado a cabo dentro del Plan Estatal de Vivienda para nuevos proyectos en materia de acceso a la vivienda, de manera que no tengan que reintegrar el dinero no ejecutado al Estado

El Gobierno acordó, a su vez, prorrogar hasta finales de septiembre la prohibición de los cortes de suministros básicos, los aplazamientos del pago o condonación de alquileres así como la moratoria en el pago de hipotecas y créditos por la crisis del COVID-19, además de aprobar medidas de apoyo al transporte por más de 1.770 millones de euros.

Las primeras medidas, que se aprobaron por primera vez para el periodo de vigencia del estado de alarma, que finalizó el pasado 21 de junio, constituyeron lo que el Ejecutivo denominó el "escudo social" y ahora el Consejo de Ministros ha extendido su vigencia para que puedan ser de aplicación hasta finales de septiembre.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha reforzado su apoyo al sector del transporte con un paquete por importe de más de 1.770 millones de euros. Ábalos expuso que 663 millones de euros, cuantía que incluye la reducción de tasas portuarias, irán a parar a empresas privadas del sector, mientras que Seittsa recibirá 110 millones para atender sus compromisos de obras públicas en curso.

En el sector aéreo se fija como obligatorias las recomendaciones en materia de seguridad impulsadas por los organismos comunitarios. El Gobierno también busca paliar los efectos de la crisis sanitaria en los tráficos regulares de pasajeros y de carga rodada en Baleares, Canarias, y Ceuta y Melilla y adopta medidas para facilitar las inspecciones que deben pasar los navieros españoles. Así, el Ejecutivo aporta ahora una deducción de 60 millones que se suman a las ya adoptadas anteriormente, con un coste de 87 millones, cifra a la que se añaden otros 9 millones adicionales "si se cuentan las medidas establecidas para los tráficos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla".