Mientras el Gobierno de España ve ya inevitable una subida de impuestos que compense el enorme gasto público al que ha obligado la pandemia por el coronavirus del Covid, Canarias se mantiene firme en su idea de no volver a tocar el Impuesto General Indirecto (IGIC), el principal gravamen del Bloque de Financiación Canario, al menos "de momento", según subraya el consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Y ello a pesar de que la recaudación está ahora mismo, a causa del forzado parón económico y el cero turístico, en cifras no vistas desde hace dos décadas. Entre enero y mayo la Comunidad Autónoma ha recaudado por el IGIC 520,5 millones, un 31% menos que en 2019. Más hubiera sido de no ser por el alza de ingresos que supuso, en los dos primeros meses del año, el aumento del tipo general del gravamen en medio punto -del 6,5 al 7% desde el 1 de enero- acometido por el gobierno cuatripartito que preside Ángel Víctor Torres.

El Ejecutivo regional prefiere batallar ahora por la autorización de Madrid para poder usar el superávit (300 millones) y endeudarse a largo plazo en alrededor de 800 millones, ampliables, para hacer frente a la crisis económica y social derivada del coronavirus. La revisión fiscal, si fuera así, podría esperar al menos un par de años, sostuvo Rodríguez en Onda Tenerife.

La perspectiva para Pedro Sánchez es otra y más acuciante. Contempla una subida del IRPF a las rentas altas, un aumento del tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones, el IVA, y el alza de impuestos especiales y medioambientales, entre otros.

En una entrevista en La Sexta , el presidente subrayó que, "sin duda", hay que recalibrar la cesta de impuestos, tal y como ha recomendado esta misma semana el Banco de España, ya que una vez se supere la fase de estímulo para salvaguardar las rentas y el tejido productivo, habrá que reducir el déficit y la deuda pública, y al mismo tiempo fortalecer el sistema de bienestar.

"Hemos resistido, ahora toca entrar en una senda de recuperación de crecimiento, empleo y cohesión", enfatizó Sánchez, subrayando que la respuesta debe ser "transformadora", incorporando la digitalización y la transición ecológica y pasando por "robustecer" el estado del bienestar, y la protección de empresas y trabajadores para reactivar la economía.

Para ello, ve "inevitable" acometer una reforma fiscal "acompasada al crecimiento económico", en línea con lo previsto en el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos.

Sánchez recordó que España presenta una diferencia de 7 puntos de PIB respecto a los ingresos fiscales en comparación a la media de la UE, algo "insostenible" para poder contar con un sistema de salud público "extraordinario" en línea con el de los países nórdicos. "Vamos a hacer una reforma fiscal, queremos tener un estado de bienestar y vamos a hacer justicia fiscal", apostilló, lo que pasa por "subir impuestos a grandes corporaciones y no a pequeñas y medianas empresas", así como "intensificar" la imposición medioambiental.

Además de los cambios en la fiscalidad el Gobierno anuncia otras dos medidas para impulsar la recuperación económica del país: prevé aprobar hoy mismo en un Consejo de Ministros extraordinario un nuevo fondo dotado con 10.000 millones de euros para ayudar a las empresas viables con problemas de solvencia derivados de la crisis del Covid-19. Además se prevé también dar luz verde a otra línea de avales del ICO de 40.000 millones para facilitar la financiación, al Plan Renove dotado con 250 millones de euros y estudia medidas referidas al ámbito regulatorio de las aerolíneas.

Fondo para empresas. El nuevo fondo para ayudar a las empresas del sector industrial se articulará a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda. Entre las opciones que se barajan está la posibilidad de que el SEPI en el en el accionariado de alguna de estas empresas de manera transitoria y durante una duración determinada, la compra de deuda u otro instrumento convertible en capital.

No obstante, el apoyo a la solvencia por estas vías se produciría como último recurso y a petición de las propias empresas, aunque desde el Ejecutivo precisan que no se tiene por qué entrar necesariamente en el capital de las empresas para asegurar su solvencia.

Desde el Ejecutivo explican que con el nuevo fondo se imitan los pasos dados por otras grandes potencias de la UE, como Alemania y Francia, que han aplicado fondos y ayudas estatales para ayudar a las empresas industriales en su solvencia.

40.000 millones en avales. El monto de 10.000 millones se encuadra en el marco del anuncio realizado por Sánchez, de un nuevo paquete de ayudas financieras de 50.000 millones de euros para empresas y autónomos.

Así, al fondo de 10.000 millones ara 'rescatar' a empresas viables se sumará a otra línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 40.000 millones para impulsar la inversión empresarial y que las entidades faciliten la financiación, principalmente a pymes y autónomos.

Se une a la línea de hasta 100.000 millones aprobada en marzo para que las empresas pudiesen afrontar los problemas de liquidez derivados del Covid.

Se han registrado 500.000 operaciones (10.000 operaciones al día) a través de esa línea de garantías, que pueden solicitar hasta el 30 de septiembre, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

Precisamente el miércoles, el Gobierno reasignó 28.000 millones en avales a través del ICO que no se habían consumido, destinados principalmente a autónomos y pymes, una vez acabado el plazo del 30 de junio.

Plan Renove. Se prevé que se pruebe ya de forma definitiva, en el cuarto intento, el Plan Renove, dotado con hasta 250 millones de euros, que busca fomentar la renovación del parque automovilístico y que, según recoge el Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción, se destinará a ayudas a la adquisición de los modelos más eficientes, pero bajo un principio de "neutralidad tecnológica", de forma que también se subvencionará la adquisición de modelos de combustión (diésel y gasolina).

La compra de turismos con etiqueta energética 'cero' por parte de particulares o autónomos se subvencionará con 4.000 euros, mientras que si se compra un modelo 'Eco' se recibirán entre 600 y 1.000 euros y entre 400 y 800 euros si se adquiere un coche con etiqueta 'C' (combustión).

En el caso de las pymes, las ayudas son de 3.200 euros para los 'Cero', de entre 500 y 800 euros para los 'Eco' y de entre 350 y 650 euros para los 'C'.

Aerolíneas. Fuentes gubernamentales apuntan la posibilidad de que se incluye en el paquetealguna medida o cambio relativo al ámbito regulatorio de las aerolíneas.