El teletrabajo se ha revelado como una herramienta fundamental en la respuesta a la situación social y laboral derivada de la pandemia. Sin embargo, esta opción a la que las empresas se han sumado a marchas forzadas y que estaba llamada a ser una gran aliada de la conciliación, ha contribuido a ahondar en el desigual reparto de tareas dentro de los hogares. Aunque los datos señalaban que ya antes las mujeres dedicaban 13 horas semanales más que los hombres a estas labores, un reciente estudio del Instituto de Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ha mostrado que la crisis sanitaria ha agravado las diferencias y las dificultades de conciliación y ha contribuido a perpetuar los roles de la mujer como cuidadora principal y del “hombre ayudante”.

La sobrecarga de compatibilizar el teletrabajo con las tareas domésticas y el cuidado de hijos y personas mayores durante el confinamiento ha recaído, mayoritariamente, sobre los hombros de las mujeres. Corresponsabilidad Reactivar la maquinaria económica, sin perder de vista la perspectiva de nuevos brotes y una segunda ola de contagios, convierte en urgente la necesidad de adoptar medidas largamente aplazadas que permitan alcanzar una conciliación real, como la racionalización de los horarios y una regulación del teletrabajo que permita aprovechar todas sus ventajas y posibilidades, salvando las posibles trampas. El debate en torno a la conciliación ha sido abordado en la Comisión de la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso para debatir propuestas que aceleren la recuperación de España tras la crisis del coronavirus.

En su comparecencia ante esta Comisión, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció que impulsará, junto al Ministerio de Trabajo, una Ley de Tiempo Corresponsable con el objetivo de garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad.

Sistema público de cuidados

“¿Cuántas horas de cuidados hemos necesitado cualquiera de nosotros para estar hoy aquí y quiénes son las personas que han realizado estos cuidados?”, preguntaba Montero a los miembros de la Comisión de Reconstrucción Económica, invitándoles a reflexionar. Tal y como lamentó la ministra, se trata de un trabajo que “históricamente ha recaído sobre las mujeres, en el interior de las casas” y que cuando se deja en manos del mercado laboral, “sucede bajo condiciones de extrema precariedad y nulo reconocimiento”.

La ministra defendió la necesidad de hacer que la conciliación no suponga una renuncia para las mujeres y reivindicaba “el derecho de los hombres a cuidar sin que la sociedad les penalice”. Avanzar en estas cuestiones pasa, en su opinión, por dar un paso adelante legislativamente y, por ello, el Gobierno está trabajando en una regulación del teletrabajo con perspectiva de género para que “no sea una trampa para las mujeres”. Montero ha abogado también por diseñar, a lo largo de la presente legislatura, un sistema público de cuidados sustentado desde “lo público” con la necesaria colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, y que implique también al sector privado y a la sociedad civil. Este sistema estatal de cuidados podría “crear 300.000 empleos en el ámbito de lo público”.

Estos puestos de trabajo irían a reforzar servicios como los de “atención a la dependencia, residencias, ayuda a domicilio o educación infantil de 0 a 3 años”, explicó la ministra de Igualdad. En su opinión, la puesta en marcha de esta medida ayudaría, además, a la recuperación económica. “Sin cuidados no se puede vivir, la economía productiva no funciona”, señalaba, incidiendo en que la pandemia lo ha evidenciado.