El Consejo de Ministros acordó ayer dar impulso a la energía solar fotovoltaica en Canarias con la convocatoria del programa SolCan, un paquete de ayudas cifrado en 20 millones de euros. Las primera para esta tecnología destinada a Canarias de los útimos 20 años. Con ello se prevé la entrada en funcionamiento de 150 megavatios de potencia renovable en las Islas.
Se trata de la tercera subasta realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, después de una convocatoria para energía eólica, también en Canarias (EolCan) -que completó una anterior del PP - y otra solar en Baleares (SolBaL), que en total suponen la movilización de 115 millones en apoyo público, aproximadamente 620 millones de inversión total y la puesta en marcha de aproximadamente 650 megavatios, señala el Ministerio para la Transición Ecológica en un comunicado.
El programa será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Las subvenciones serán percibidas por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea aceptada por Europa. Al objeto de facilitar la financiación de los proyectos, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrá anticipar la totalidad de la ayuda concedida a los beneficiarios.
El Ministerio hace hincapié en que, debido a la insularidad, los sistemas eléctricos de las Islas presentan singularidades que suponen una barrera para la integración de las energías renovables. A pesar de ello, Canarias, subraya el Ministerio, ha avanzado en el despliegue de estas energías limpias con ejemplos emblemáticos para el sistema eléctrico español como la isla de El Hierro, que ha conseguido autoabastecerse con renovables de forma puntual. En Canarias, el porcentaje de producción renovable el pasado año se situó en torno al 16,4%, frente al 38,6% de penetración renovable registrado en el sistema peninsular ese mismo año.
Esta nueva subasta viene a complementar el real decreto-ley de medidas para impulsar las inversiones en energías renovables aprobada ayer por el Consejo de Gobierno y que persigue al tiempo acabar con la especulación en los permisos de acceso y conexión, y preservar la liquidez del sistema eléctrico.
La ministra Teresa Ribera explicó , tras la reunión del Consejo de Ministros, que esta nueva norma introduce medidas para poner fin a la especulación en torno a los permisos de acceso y conexión a la red, que desde hace unos años vienen siendo acaparados en gran parte por personas o entidades que no tienen intención de desarrollar proyectos pero que mantienen hasta que los pueden vender por altos precios a promotores o empresas que sí tienen un proyecto industrial. Según datos del Ministerio, en la actualidad hay solicitudes de permisos, necesarios para que los promotores puedan poner en marcha las plantas, por más de 430.000 megavatios, una cantidad que cuadruplica la potencia instalada actual en España y que multiplica por siete las necesidades de generación nueva que habrá en la próxima década.
De esos 430.000 megavatios, 295.000 son los que ha considerado correctamente presentados Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico.
El Ministerio cree que puede haber un alto componente especulativo en una buena parte de las solicitudes, pues sólo en torno a un 60 % de los titulares de permisos de acceso solicita luego el de conexión.
El real decreto-ley establece hitos administrativos con plazos temporales en función del momento en que fue otorgado el permiso y, si no se cubren, los permisos caducan de forma automática y se ejecutan los avales que se exigieron al solicitar la autorización.
En el caso de los permisos anteriores a la Ley del Sector Eléctrico de 2013, a los que se les dio dos meses adicionales por la declaración del estado de alarma, les caducarán si sus plantas no entran en funcionamiento antes del próximo 31 de agosto.
Para el resto, los plazos concluyen a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito administrativo que tengan que cumplir. En el caso de que no se vaya a ejecutar el proyecto y el titular o solicitante de permiso quiera obtener la devolución de las garantías que depositó, podrá hacerlo en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley.
La norma establece también que no se podrán pedir nuevas solicitudes de acceso hasta que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprueben una nueva regulación, que deberán sacar en el plazo de tres meses desde la publicación del real decreto-ley.
Con el real decreto-ley, también retornan las subastas de renovables, como es el caso de la anunciada para Canaras. Esta fórmula no se celebraba en España desde 2017, aunque habrá un nuevo sistema, por el que se podrán realizar de distintas tecnologías (en las últimas competían todas juntas) y ahora la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.
El Ministerio espera sacar a consulta esta semana o la próxima el real decreto con el nuevo diseño de subastas para que se puedan celebrar en el segundo semestre del año, aunque todavía no se ha definido qué potencia saldrá a puja.
Además, habrá la posibilidad de que instalaciones de pequeña magnitud puedan adherirse a la retribución obtenida en las subastas sin tener que presentarse.
Por otra parte, para evitar que la caída del PIB reduzca la inversión en redes, el real decreto-ley ajusta excepcionalmente los porcentajes del PIB que se pueden dedicar a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022.
La eliminación del límite máximo del 0,13 % del PIB anual para inversiones en redes eléctricas ha sido demandada por las grandes compañías para poder anticipar sus inversiones.
El real decreto-ley también tiene en cuenta la repercusión que tendrá en el déficit del sistema eléctrico la caída de la demanda y los precios por la crisis del Covid-19, que reducirá los ingresos, y habilita al Gobierno para usar el superávit de ejercicios anteriores para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes que habrá en 2019 y 2020, para lo cual se desarrollará una orden ministerial.
