El proyecto del Gobierno canario de hacer test en destino a todos los turistas y viajeros que lleguen a los puertos y aeropuertos de las Islas ha tropezado con la negativa del Ministerio de Sanidad. El departamento dirigido por Salvador Illa rechazó ayer que las pruebas puedan realizarse con carácter masivo, como pretendía el Ejecutivo regional, aunque sí accedió a estudiar la alternativa de practicar test selectivos, en función de determinados parámetros sanitarios aún por determinar, entre los que podría figurar la zona de la que procede el pasajero. La medida no satisface al cien por cien las aspiraciones del Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres, pero permite a la Comunidad Autónoma ir un paso más allá que otras regiones del país en cuanto a la seguridad sanitaria del sector turístico.

El consejero de Sanidad, Julio Pérez; la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla; y el titular de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Sebastián Franquis, se reunieron en la tarde de ayer, a través de videoconferencia, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para tratar de avanzar en la posibilidad de que Canarias pueda hacer pruebas en destino a los turistas internacionales en el caso de que finalmente no exista un acuerdo en el ámbito de la Unión Europea para que se lleven a cabo en los países de origen de los visitantes.

Según fuentes del Gobierno autonómico, el Ministerio ha alabado la capacidad sanitaria demostrada por Canarias durante la crisis de la Covid-19 y ve viable complementar su sistema de vigilancia y control en aeropuertos y puertos con un sistema canario de realización de test en destino de manera selectiva para vuelos que puedan proceder de zonas conflictivas o con grupos de pasajeros que puedan generar alguna duda epidemiológica.

Estos test se sumarían al resto de batería de control sanitario, como la toma de temperatura, la encuesta epidemiológica y el control médico visual en los puntos establecidos en los aeropuertos. Los mecanismos de vigilancia incluirán también el rastreo y control de los casos, ya que los viajeros estarán localizados. En un primer momento, y con carácter "transitorio", el coste de las pruebas correrá a cargo de Canarias. Ambas partes acordaron estudiar los detalles técnicos de este protocolo en próximas reuniones, la primera de las cuales tendrá lugar este jueves.

El modelo que, de fructificar esta idea, se aplicaría en las Islas se inspira en el que pondrá en práctica Grecia, aunque ambos tienen algunas diferencias. El país heleno comenzará a recibir a partir del próximo lunes turistas de buena parte de la Unión Europea, a los que se realizará el test de forma aleatoria. Sin embargo, los viajeros procedentes de España, Italia y Holanda deberán someterse obligatoriamente a una prueba y pernoctar en un hotel -pagado por las autoridades griegas- hasta conocer el resultado. En el caso de Canarias, la nacionalidad no es el criterio empleado para seleccionar a los pasajeros que pasen el test, sino las zonas concretas de procedencia y la situación sanitaria en que se encuentren.

La consejera de Turismo había anunciado unas horas antes de la reunión -durante la presentación de la campaña promocional dirigida al mercado interno- que Canarias tiene un "plan B" con el que combinar la seguridad sanitaria y la reactivación del turismo si no resulta posible hacer test en origen para detectar el coronavirus a los viajeros que vuelen hacia las Islas. El Gobierno regional, dijo, se plantea hacer las pruebas en el destino a los turistas que provengan de otros países. Pero esta alternativa tampoco ha estado exenta de dificultades, puesto que es el Estado quien ostenta las competencias en materia de sanidad exterior y, hasta el momento, se había mostrado remiso a aplicar la medida o a permitir que la ejecute el Ejecutivo canario.

Según Castilla, el Archipiélago prevé ofrecer "incentivos" a las aerolíneas para que estas animen a los pasajeros a someterse a las pruebas al llegar a Canarias. "Se trata de que la compañía traslade a sus clientes que podemos hacerles el test en el destino si no se hacen en origen", explicó la consejera. La infraestructura necesaria para practicar estas pruebas con carácter masivo tiene un coste de 800.000 euros, mientras que realizarlas a todos los viajeros costaría unos 40 millones de euros solo en lo que queda de 2020. La intención del Gobierno es que los recursos que hacen falta "no salgan solo de las arcas públicas", sino que también sean aportados por el sector empresarial. Los viajeros internacionales no serían los únicos a los que se les harían los test, que se extenderían a los provenientes de otros puntos de España y a los canarios que regresen, detalló Yaiza Castilla.

La vía del Estatuto

Pese a que la competencia corresponde a la Administración del Estado, el Estatuto de Autonomía ofrece "posibilidades" para que Canarias pueda corresponsabilizarse del control de la salud de las personas que lleguen a las Islas desde otros países, recordó la consejera. "Sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado en materia de sanidad exterior se establecerán las medidas de cooperación con la Comunidad Autónoma, en aquellos aspectos previstos por el Estado, para garantizar la adecuada gestión de la protección de la salud de la población", reza el texto estatutario en una de las novedades introducidas en la reforma aprobada en 2018. Canarias, además, apela a su condición de región ultraperiférica para obtener un trato diferenciado en esta materia y tratar de participar en el diseño de instrumentos de supervisión que faciliten la seguridad sanitaria de la región.

"Prefiero invertir en test -y en seguridad, añado- que en paro", afirmó en la mañana de ayer, parafraseando al presidente de Madeira, el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, tras reunirse con los presidentes de los cabildos. Torres remarcó que su gobierno seguirá intentando que se le permita desarrollar pruebas con las que evitar la introducción de contagios importados en el Archipiélago. Las medidas que imponen las autoridades comunitarias -declaración jurada del pasajero de no encontrarse enfermo de Covid-19 y toma de temperatura, pero no test obligatorios- no resultan suficientes, a juicio de Canarias.

Apertura adelantada

El adelanto al 21 de junio de la apertura generalizada de las fronteras aéreas entre los países de la zona Schengen -con la excepción de Portugal, que lo hará el 1 de julio- ha obligado a Canarias a trabajar "contrarreloj" para poner en funcionamiento las medidas de seguridad con las que quiere blindarse ante hipotéticos desembarcos de la Covid-19 desde otras latitudes. "Nos ha trastocado", admitió Yaiza Castilla, quien hizo referencia a que todavía falta la financiación necesaria. Pero, por otro lado, este cambio de planes supone una "fortaleza" para el Archipiélago. "Nos saca al mundo internacional estando preparados", apuntó la consejera de Turismo. Además, los previsiblemente escasos flujos turísticos de estos primeros momentos darán un respiro para ejecutar los planes que maneja el Ejecutivo canario.

Pese a la resistencia del Ministerio a autorizar la realización de test del coronavirus en destino, la consejera de Turismo calificó de "fluida" la relación con el Gobierno central. Castilla insistió en la importancia de que se prorroguen los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para el sector turístico y otras actividades vinculadas y también de que lleguen "partidas económicas para el sector aéreo". "Necesitamos incentivar las conexiones con Canarias", advirtió la consejera, que también reclamó ayudas para empresas y autónomos y confió en un "trato especial" de la Unión Europea hacia el Archipiélago por su condición de RUP.