Superado el ecuador de su calendario, la Comisión de Reconstrucción Económica y Social constituida en el Congreso, presidida por el socialista Patxi López, no ha conseguido despegar en toda su teórica dimensión como instrumento de diálogo y acuerdo entre las formaciones políticas para tejer el plan con el que el país debería hacer frente a la crisis sobrevenida por la emergencia sanitaria de la Covid-19, la mayor de toda la moderna historia española. Por el contrario, las peores expectativas sobre su funcionamiento y utilidad están a punto de cumplirse si, durante las pocas semanas que restan para que culminen su plazo y agenda de trabajo, no cambia radicalmente su dinámica y, sobre todo, si se mantiene la actual estrategia de tensión política entre los partidos. Tampoco hay grandes noticias sobre la posibilidad de que este foro parlamentario aborde de una manera mínimamente particularizada la dramática situación a la que se enfrenta Canarias, o inste la adopción de medidas para su rescate económico y social.
"Esto es un paripé. No va a ningún sitio. Es una Comisión que nació muerta por la incapacidad de los grandes partidos de pactar una tregua que permitiera un acuerdo básico para la reconstrucción. Pero nadie tiene interés en pactar nada. No lo tienen ninguno de los dos partidos del Gobierno -PSOE y Unidad Podemos-, ni lo tienen los dos principales partidos de la oposición, el PP y Vox". Así de contundente se expresa la diputada de CC, Ana Oramas, que integra la Comisión junto a otros 57 diputados y entre ellos los canarios Guillermo Mariscal, que es además vicepresidente segundo de la misma; el socialista tinerfeño Héctor Gómez; y el diputado de NC, Pedro Quevedo.
Oramas, una de las diputadas más activas en las decenas de sesiones desarrolladas hasta ahora, sostiene que al final se aprobará un documento pactado entre los socios de Gobierno y sus apoyos parlamentarios, donde CC tratará de incluir algunas propuestas para sumarse a esa mayoría, y contra el que votarán los partidos de la derecha, con la incógnita de Cs y la de algunos partidos independentistas.
Las comparecencias acabarán el próximo lunes en cada uno de los cuatro grupos sectoriales de trabajo creados (salud pública, reactivación económica, políticas sociales y Unión Europea) y el 23 en la propia sesión plenaria de la Comisión. A partir de ese momento, los grupos tienen dos semanas para redactar el informe de conclusiones y elevarlo al pleno para su votación. El 7 de julio acaba el plazo de dos meses que los grupos se dieron para culminar los trabajos, pero nadie confía en que, salvo algunos acuerdos genéricos sobre determinados aspectos en torno al futuro del sistema nacional de salud, se pueda alcanzar un gran consenso sobre las medidas para la reconstrucción. Y menos aún para que las conclusiones de la Comisión se conviertan de manera efectiva en reformas y medidas de política económica, fiscal, social, laboral o en inversiones que incidan claramente en la reconstrucción. El alineamiento del PP en Europa con los países más reacios a las ayudas a los países del sur, exigiendo fiscalizar al máximo l transferencias de fondos comunitarios a España ha terminado por dinamitar el poco diálogo que quedaba. No habrá reconstrucción pactada posible si la oposición no da legitimidad al Gobierno para gestionar los fondos europeos.
De esta forma, la sensación generalizada es que la tensión política entre el Gobierno y los dos partidos de la derecha ha terminado por contaminar el funcionamiento de la Comisión, tal como quedó patente durante las comparecencias de los ocho ministros convocados y en las que el propio Patxi López se vio superado por el ambiente de bronca, insultos, crispación y acusaciones de intentos de golpe de Estado (Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, a los representantes de Vox), o de responsabilidad en la muerte de miles de españoles por la manifestación feminista del 8-M y la gestión de la pandemia (los portavoces del PP y Vox a los miembros del Gobierno).
Esta dinámica abundaría en el idea de que el objetivo inicial del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de firmar unos nuevos Pactos de La Moncloa (como los de 1977 en los inicios democráticos) para afrontar las consecuencias de la emergencia sanitaria, negociados discretamente entre los líderes políticos con la participación de los agentes sociales y los presidentes autonómicos, perdió toda su virtualidad al convertirse en debate público en sede parlamentaria. Una exigencia del PP con la que pretendía poner en evidencia al Gobierno por la gestión de la emergencia sanitaria.
"Ha existido una tensión que no es propia de una comisión como esta y hay grupos que van a poner problemas para alcanzar un consenso sobre lo que el país necesita para la reconstrucción", asegura el socialista canario Héctor Gómez. "Hay grupos que están dando continuidad a la dinámica de otras comisiones para fiscalizar y desgastar al Gobierno, sin aportar ni una sola propuesta", afirma. Él confía en todo caso en que "haya un acuerdo mayoritario de conclusiones" que sirvan de guión para la acción gubernamental en la que deberán implicarse las administraciones territoriales y todos los sectores económicos del país.
Pedro Quevedo, de NC, insiste en la tesis de la "inutilidad" de la Comisión si no abandona su actual dinámica de "autodestrucción". Asegura tener "una impresión muy pesimista" sobre el sentido de este foro parlamentario y su funcionamiento, y considera que "está lastrado por la tensión y el ambiente de crispación que la derecha ha decidido imprimir desde el principio, sin que el Gobierno haya querido o podido evitarlo".
"Esta comisión tiene sentido en un entorno de cooperación y búsqueda sincera y efectiva de acuerdos que sirvan y obliguen al Gobierno a la hora de implementar medidas, pero alguien ha decidido de antemano que esta no es su causa, y que su objetivo es político", señala el diputado por Las Palmas. Tanto para Quevedo, como para Oramas, la evidencia de que no habrá un consenso generalizado sobre las medidas a aprobar, y de que el documento sólo contendrá recomendaciones o instancias al Ejecutivo, traslada el verdadero debate sobre la reconstrucción a la negociación de los Presupuesto Generales del Estado para el 2021, que se tendrá que iniciar tras el verano.
Sobre este marco, las expectativas para que el informe de la Comisión recogiera medidas concretas relacionadas con Canarias y que incidieran en el propio proceso de reconstrucción económica y social del Archipiélago, quedan bastante desdibujadas. Los dos diputados nacionalistas tratarán de incluir en las conclusiones del Congreso algunas de las medidas contenidas en el propio plan canario del reactivación, pero a sabiendas de que no tendrán ninguna garantía de financiación si luego no aparecen en las nuevas cuentas estatales. De entrada, Oramas lamenta que entre las comparecencias en la Comisión no hayan tenido mayor protagonismo algunos de los sectores vitales para la reconstrucción canaria, como el hotelero o el transporte aéreo.
Héctor Gómez, por su lado, asegura sin embargo que "se recogerán medidas específicas para Canarias que el Gobierno atenderá porque además forman parte de sus compromisos" y asegura que desde distintas instancias y sectores de las Islas se está remitiendo documentación y propuestas que se están trabajando para su incorporación al documento final".
Quevedo cree que "la propia inutilidad de la Comisión define su incapacidad para actuar sobre la crisis canaria", y que el rescate económico y social del Archipiélago dependerá en todo caso de la "voluntad política" del Ejecutivo de Sánchez para "acordar bilateralmente con Canarias las medidas y ayudas que están sobradamente puestas sobre la mesa". Con todo, tanto él como Oramas buscarán que el documento final, por virtual y poco efectivo que acabe siendo, incluya las principales demandas del plan canario de reactivación que implique a la administración central.
El PP -que no ha respondido a las llamadas de este periódico para valorar el funcionamiento de la Comisión, las expectativas de cuerdo y sus objetivos en relación con Canarias-, ha comentado en otras ocasiones que la Comisión debe servir para proveer al Gobierno de ideas frente a la crisis, y que el reto de Canarias en este contexto es "convertir en una oportunidad" la especial situación de dificultad en la que se encuentra a partir de medidas concretas en el sector turístico como la de convertirse en referencia mundial de destino turístico seguro y libre de Covid 19. Pero los populares no explican cómo defender en la Comisión del Congreso medidas específicas para las Islas si ni siquiera han firmado el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias por no tener financiación asegurada. Una prueba más de que naufraga el pacto antinaufragio.
