La Comisión Europea despeja definitivamente la incertidumbre sobre las ayudas públicas a las empresas que generan energía eléctrica en Canarias. Un dictamen de Competencia avala las retribuciones para compensar el sobrecoste de la producción de energía y que éste no repercuta en el recibo de la luz que pagan los canarios. Este sistema de ayudas de Estado estaba sujeto a un debate sobre su posible ilegalidad en el marco de las reglas de la competencia comunitaria, lo que generaba inseguridad jurídica e impedía que las empresas invirtieran en modernizar el sistema eléctrico del Archipiélago. La vulnerabilidad del mismo se ha demostrado en varias ocasiones con los ceros eléctricos que se han producido en islas como La Palma o Tenerife.

Desde hace años Bruselas venía analizando si el sistema de retribución a las empresas eléctricas que operan en los territorios no peninsulares -Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla- son legales o no. La principal beneficiaria de este régimen de ayudas es Endesa en el caso de Canarias, operador dominante en la generación de energía pese a que el mercado está liberalizado. Precisamente uno de los motivos por los que otras empresas no han entrado en las Islas para la producción de energía térmica convencional ha sido por la inseguridad que suponía invertir en instalaciones y grupos electrógenos, sin saber a ciencia cierta si los operadores iban a ser retribuidos por el Estado o si tenían que devolver las ayudas si la UE dictaminaba que no se ajustaban a las reglas de la competencia.

Ahora la Comisión Europea desestima esa idea al considerar que el dinero "sólo se destina a cubrir los extracostes de generación". La Comisión Europea no entra en cómo se calculan esos costes pero sí avala la retribución en sí misma para evitar el encarecimiento del coste de la producción de energía en los territorios alejados de la Península y la considera un servicio de interés económico general.

La incertidumbre que aclara ahora Bruselas tuvo su origen en la ley del sector eléctrico de 2013 que impulsó el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria y el posterior desarrollo reglamentario de la misma. La norma no gustó en su momento a las empresas eléctricas y desde distintas instancias se habían pedido aclaraciones a la Comisión Europea. Después de siete años de debate el veredicto final de la comisión de la Competencia avala las retribuciones para mantener el sistema en las Islas, pero por el camino la inseguridad jurídica generada ha retrasado la autorización de muchas inversiones que son necesarias para modernizar el sistema eléctrico del Archipiélago.

Compensaciones

Las operadoras que suministran energía eléctrica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla reciben compensaciones por los extracostes que suponen la generación en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. El principal motivo es evitar que se encarezca el recibo de la luz con respecto al resto del territorio peninsular. Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el total de las retribuciones para los dos archipiélagos y las dos ciudades autónomas fue de 1.379 millones de euros en 2019.

En el informe de Bruselas no se entra a valorar el sistema de cálculo que se aplica para retribuir a los operadores que suministran electricidad y que ha causado polémica en anteriores ocasiones. Lo que hace la Competencia comunitaria es avalar los ingresos regulados que obtienen las empresas para compensar los extracostes de la generación.

Este aval regulatorio y jurídico a este sistema de ayudas públicas tiene sus condicionantes para los próximos años por parte de la Unión Europea. Por un lado, la Comisión Europea quiere que el mercado se abra a la competencia de nuevos operadores, que ahora podrán concurrir a los concursos que se convoquen con la certidumbre de que serán retribuidos sin la inseguridad de que tengan que devolver las ayudas. Asimismo, Bruselas insta a avanzar en el proceso de descarbonización del sector energético en los territorios alejados de la UE y precisamente esta garantía ofrecida por la Comisión de la Competencia puede suponer un revulsivo para este proceso.

Otro condicionante afecta directamente a Baleares, que mantendrá el sistema de ayudas públicas para la generación eléctrica hasta 2025 dado que en ese año se prevé que todo el archipiélago estará conectado con la Península mediante cables submarinos. Por ello el plan de ayudas públicas refrendado por el organismo comunitario para los territorios no peninsulares se extiende hasta finales de 2029 excepto Baleares, que será hasta 2025.

Fuentes de Endesa consideran que con este dictamen de Bruselas "se da una seguridad regulatoria que no existía hasta ahora, lo que permitirá plantear sustituciones de grupos por otros más eficientes y que no se podía hacer porque existía esa inseguridad jurídica".

La incertidumbre que existía a raíz de la ley del sector eléctrico de 2013 ha afectado directamente al plan de inversiones de las empresas para la producción de energía. El sistema eléctrico de las Islas adolece de una serie de problemas que han ido acumulándose en los últimos años y que la inseguridad jurídica que había en la regulación había frenado su modernización. Mientras la competencia en las energías renovables ha entrado mediante el sistema de la subasta, en la generación térmica convencional la situación ha sido diferente y es Endesa el operador dominante, aunque también ha visto condicionadas sus inversiones por este escenario de incertidumbre.

Ahora el operador energético ya ha confirmado que se presentará a los concursos que se convoquen porque las retribuciones están garantizadas por Europa. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, dijo recientemente que "tenemos un plan muy potente de transformación de las islas que hasta ahora no podíamos ejecutar porque no sabíamos lo que iba a hacer Bruselas" en relación con las compensaciones que se reciben, panorama que ya está aclarado.