Los pagos de los fraccionamientos de tributos suspendidos entre marzo y mayo por la crisis del coronavirus se han reanudado este mes. Aunque los plazos para la reactivación de los mismos eran conocidos, el cobro de las cuantías aplazadas ha causado cierto malestar entre los contribuyentes afectados al entender que era necesaria una mayor información por parte de las administraciones públicas al respecto y, sobre todo, una mayor sensibilidad para no ejecutar de golpe la deuda acumulada de los últimos tres meses. Más aún cuando esas cuantías se suman a la correspondiente de este mes o a la liquidación de otros tributos.

La irrupción de la pandemia del Covid-19 puso patas arriba el país. La declaración del estado de alarma a mitad de marzo y el obligado confinamiento para tratar de frenar la propagación del virus condujo a una paralización económica sin precedentes. Canarias, dada la alta especialización de su economía al turismo -representa más de un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) y genera un 40% de los empleos-, es una de las comunidades más afectadas por esta situación. Ya toda Canarias avanza en la fase 3 del llamado plan de transición hacia la nueva normalidad después de que Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma se sumaran, ayer, al ritmo alcanzado una semana antes por La Graciosa, La Gomera y El Hierro. El avance en la desescalada supone un mayor respiro para el tejido empresarial por la flexibilización de las medidas de restricción, como el aumento de los aforos y la posibilidad de viajar entre islas sin cortapisas. El futuro, aun así, preocupa.

Cómo se articule la apertura al turismo y el tiempo que tarde dicho sector en recuperarse suscita una enorme incertidumbre. El Gobierno canario rebajó recientemente el deterioro económico en comparación con algunas previsiones más catastróficas. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Ejecutivo regional, Elena Máñez, apuntó la semana pasada que frente a estimaciones de caídas del PIB canario de hasta el 30%, el descenso, tras el paso de las primeras semanas del desconfinamiento, se reduce a una caída, todavía importante pero menor, del 15%.

Suspenso y aplazamiento

Hay que tener en cuenta, además, que el impacto en el mercado laboral ha sido muy significativo. En mayo el número de canarios afectados por expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) era de 207.629, la inmensa mayoría por causas de fuerza mayor, y la cifra de parados ascendió hasta los 261.074.

Dadas las consecuencias negativas que desde un inicio se previó que suponía la paralización económica por estado de alerta sanitaria, el Gobierno central articuló una batería de medidas para paliar sus efectos. Entre ellas se encontraba el suspenso y aplazamiento de los vencimientos de los fraccionamientos desde el 18 de marzo. Su cobro, en virtud de lo estipulado en el real decreto ley 8/ 2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 -modificado por la disposición adicional primera del real decreto ley 15/2020, de 21 de abril- se reanudaría a partir del 30 de mayo o el día hábil inmediatamente posterior. Es decir, el 1 de junio.

Expertos fiscales exponen que la reactivación de los recibos ha afectado a los fraccionamientos del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), pero también a otros como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el Impuesto de Sociedades. Cualquier tributo estatal o canario, en definitiva, sobre el que el contribuyente hubiese acordado un pago fraccionado para el periodo antes mencionado.

La Agencia Tributaria Canaria resalta que ha informado de esta circunstancia desde semanas atrás en su página web. Algo similar a lo que también ha hecho la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Fuentes fiscales apuntan a que si bien se han cumplido las leyes y plazos, los contribuyentes han echado en falta una carta de preaviso o una mayor sensibilidad en el cobro. Es decir, que en lugar de ejecutar la deuda mensual acumulada de una sola vez, se hubiese fraccionado, por ejemplo, en varias semanas a lo largo del mes.

El Gobierno canario, a través de una orden publicada el 20 de marzo en el BOC, fijó, por su parte, el aplazamiento de la liquidación del IGIC del primer trimestre, así como del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones, hasta el 1 de este mes. Esta acción, según informó el Ejecutivo regional en su momento, suponía inyectar alrededor de 600 millones de euros en la economía canaria.

Ayer, la Agencia Tributaria Canaria señaló que la normativa reguladora de los aplazamientos y fraccionamientos para el pago de impuestos corresponde a la Administración General del Estado.