Canarias suspenderá temporalmente a partir del jueves la recepción de solicitudes de ayuda al alquiler de vivienda destinadas a las personas cuyos ingresos se han visto reducidos de forma considerable como consecuencia de la crisis económica generada por la epidemia del nuevo coronavirus. La decisión del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) responde al aluvión de peticiones que ha registrado la convocatoria desde que se puso en marcha, el 8 de mayo, y a la necesidad de comprobar si la dotación presupuestaria de esta iniciativa es suficiente para atender una demanda tan elevada. De esta forma, el último día válido para presentar solicitudes será mañana.

La medida se toma de forma paralela a un nuevo incremento de la aportación del Gobierno regional del presupuesto consignado para las ayudas. El consejero de Vivienda, Sebastián Franquis, aprobó ayer dedicar cuatro millones de euros más, procedentes de fondos propios, a la partida, que de esta manera alcanza los 12 millones de euros, más del doble -un 125%- de la cantidad inicial con la que contribuyó el Estado, que fue de 5,3 millones de euros.

El Ejecutivo canario busca así hacer frente a la avalancha de solicitudes que se ha recibido desde que, hace ayer un mes, se abrió el plazo. Hasta el pasado viernes eran más de 23.000 peticiones -23.362, en concreto-, lo que convierte al Archipiélago en la comunidad autónoma que ha registrado un mayor volumen de solicitudes, casi 7.000 más, por ejemplo, de las que se han contabilizado en Cataluña, que detuvo el procedimiento de recepción de demandas con 17.000 peticiones acumuladas.

Este programa de ayudas contaba inicialmente con un presupuesto de 5,3 millones de euros aportados por el Gobierno de España, que la Consejería canaria amplió con fondos propios en un 51%, 2,7 millones, hasta sumar un monto total de ocho millones de euros, cuando se abrió el plazo de presentación de solicitudes. Ahora, el Ejecutivo autonómico vuelve a aumentar la partida con fondos propios en otros cuatro millones de euros, hasta los 12 millones, con la finalidad de que esta iniciativa alcance al máximo de beneficiarios posibles.

Ralentización

El ritmo de solicitudes se ha ralentizado de manera sustancial desde los primeros días del procedimiento, aunque todavía se encuentra lejos de detenerse. En esas jornadas iniciales la media diaria ascendía a unas 1.600 peticiones (12.588 en los primeros siete días). El ritmo fue tan intenso que el 8 de mayo llegó a caerse el sistema informático ante la concurrencia simultánea de multitud de solicitante. En cambio, el promedio de la última semana es de 243 al día. Los interesados en acceder a esta prestación pueden solicitarla tanto en la plataforma digital del Icavi como a través del servicio de información telefónica 012. Mediante el primer medio -telemáticamente-, el proceso puede llevarse a cabo también durante los fines de semana.

Con este programa de ayudas puesto en marcha por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda se pretende solventar las situaciones de vulnerabilidad en el pago del alquiler por la expansión de la Covid-19 y ayudar a personas con problemas transitorios causados por pérdida de empleos o reducción de jornadas y, por lo tanto, afectados por una disminución o desaparición de sus ingresos.

"Cuando presentamos esta ayuda éramos conscientes de que era una demanda muy ansiada por sectores de la población canaria que requieren la necesidad de pagar su alquiler", indicó, a través de un comunicado, Sebastián Franquis. "Las cifras de este primer mes de entrada en funcionamiento no han hecho más que corroborar estas expectativas; por tanto, hemos decidido ampliar con recursos propios hasta en dos ocasiones los fondos de esta línea de ayudas al alquiler con la finalidad de apoyar a estas familias que atraviesan momentos complicados económicamente hablando, intentando mitigar lo más posible las consecuencias que está provocando la crisis del corona virus en las Islas", agregó el consejero responsable de área,

Otras medidas

Esta ayuda, detalla la Consejería, se suma a otras medidas de carácter social puestas en marcha por el Gobierno de España en esta materia, como la suspensión de los desahucios, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la aprobación de líneas de avales para financiación de arrendatarios (inquilinos) en situación de vulnerabilidad, todas ellas tendentes a aminorar las cargas económicas de las familias que viven de alquiler.

Además, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias ha promovido también otras medidas de apoyo, como eximir a más de 17.200 familias que viven de alquiler en las viviendas de protección oficial (VPO) del parque público de viviendas del Gobierno regional, del pago del alquiler desde el 1 de abril y hasta la fecha.