Canarias exigirá a Madrid la restitución de los ingresos fiscales que perderán las administraciones públicas de las Islas por efecto de la paralización de la actividad económica. Así lo defendió ayer el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias. El vicepresidente autonómico incidió en que los recursos económicos que precisa el Archipiélago sólo pueden venir a través de dos vías, bien por la de las transferencias del Estado o de la Unión Europea (UE) con cargo a su endeudamiento, o bien por la vía de que el Estado permita la utilización del superávit y la capacidad de la Comunidad Autónoma de endeudarse a largo plazo.

Rodríguez aseguró que el Ejecutivo canario hará "lo que sea" para evitar hacer recortes en los servicios públicos y las inversiones, de tal manera que se pueda mantener la programación de los presupuestos autonómicos de 2020. No obstante, el consejero de Hacienda reconoció que las instituciones públicas de las Islas perderán este año 1.567 millones de euros. "Tenemos que ser justos y reconocer que la pérdida de ingresos afectará a todas las administraciones", precisó Rodríguez, quien en todo caso insistió en la necesidad de relajar las reglas fiscales -suspendidas de facto por la UE- mediante la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la Cortes, para dar garantía jurídica a ese nuevo escenario.

Como mínimo, el vicepresidente precisó que la regla de gasto se tiene que "flexibilizar" en lo referido a los gastos sanitarios, poniendo como ejemplo de la actual situación que España ha pasado de un endeudamiento de 22.000 millones a otros previsto para este año de más de 120.000 millones.

Rodríguez valoró que las respuestas a la crisis son "diferentes" ahora con respecto a la de 2008, poniendo como ejemplo el fondo habilitado por la UE o la política de avales del Banco Europeo de Inversiones para dar liquidez a las empresas. El consejero de Hacienda sostuvo que se tiene que hacer un "gasto público extraordinario" para hacer frente a la crisis y auguró grandes dificultades si el Estado no se abre a flexibilizar las reglas fiscales. Como ejemplo del impacto de la crisis, Rodríguez apuntó que el Gobierno prevé que la caída del PIB este año superará el 15%, el doble de la acumulada entre 2008 y 2014, y con más de medio millón de trabajadores que no puede ejercer su actividad entre parados, personas adscritas a ERTE o autónomos que han cesado su actividad. "Hay margen para recuperar los ingresos, no vamos a bajar la guardia. Queremos mantener el gasto público", indicó Rodríguez, que señaló que hace falta una "respuesta diferenciada" para Canarias dada la "grave" situación que sufre por el impacto de la crisis en el turismo.

Además, Rodríguez reivindicó el Pacto por la Reactivación Social y Económica firmado el Día de Canarias en el Parlamento, un documento de "la sociedad canaria" que espera que tenga un "apoyo explícito" del presidente español, Pedro Sánchez. Además, el vicepresidente reclamó que comience en las Cortes la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que nació en un contexto financiero diferente y en cuyo debate todas las fuerzas políticas se tendrán que "retratar".

Estrategia frente al 'brexit'

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Rodríguez compareció también ante la Comisión parlamentaria de Asuntos Europeos, donde explicó que el Gobierno de Canarias mantiene abierta la estrategia de defensa de los intereses canarios en el Reino Unido tras el brexit, centrados fundamentalmente en el sector turístico y en el de exportación hortofrutícola. El vicepresidente insistió en la necesidad de preservar las singularidades de la relación económica y comercial de las Islas con el país británico, aprovechando la condición de Canarias como Región Ultraperiférica de la UE.

Rodríguez recordó que la semana pasada demandó en el Pleno de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea la aprobación de medidas sustitutivas de las ayudas que venía recibiendo el sector exportador canaria al transporte y a la comercialización de productos como el tomate o el pepino.