El Gobierno deja la puerta abierta a prorrogar hasta final de año el apoyo público a los expedientes de regulación de empleo (ERTE) de determinados sectores o empresas especialmente castigados por la pandemia, pero quiere ir con tiento y no pillarse lo dedos. El actual esquema de los ertes vence a finales de junio y, de momento, el Gobierno está dispuesto a considerar algún tipo de prórroga hasta septiembre. Después, a la vuelta del verano, se volvería a considerar la conveniencia de una segunta prórroga hasta diciembre.

Esta es la propuesta que el Ministerio de Trabajo formuló este miércoles a los agentes sociales en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de los ERTE, según algunos de los asistentes. La propuesta fue valorada como "un paso adelante" por parte de los representantes sindicales, en la medida en que vieron sobre la mesa por primera vez un compromiso del Gobierno. Para la patronal este "paso adelante", sin embargo, fue "insuficiente", por falta de concreción.

Según fuentes del diálogo social, los representantes del Ministerio de Trabajo no concretaron si la prórroga hasta septiembre sería general o solo para algunos sectores, ni cuáles serían estos. Tampoco se precisó si en estos ertes "de segunda generación" -en expresión de la ministra Yolanda Díaz, este martes en el Senado- el apoyo público sería en los mismos términos que existe en la actualidad, o si se rebajaría la ayuda que el Estado presta ahora a empresas (en forma de rebaja de las cotizaciones) y trabajadores (el esquema actual otorga prestación a trabajadores que aun no han generado derecho a ella y permite a los demás no consumir derechos por desempleo ya generados). Tampoco se precisó en qué términos se podría atender una segunda oleada hasta final de año.

En declaraciones a RNE, a primera hora de la mañana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había confiado en poder llegar a un acuerdo lo antes posible en esta mesa de diálogo para prorrogar los ertes. "Hoy es una evidencia que la empresa y los trabajadores quieren que se extiendan más allá. En cuanto culminen las tareas de la comisión intersectorial, tendremos una hoja de ruta para saber qué sectores necesitan de ese acompañamiento más allá del 30 de junio. Desde luego tengo la clara convicción de que hay sectores que, por desgracia, van a requerir de ese acompañamiento", añadió. El sector turístico, pero también la industria.Advertencia de Pimec

El apoyo público a los ERTE es el mecanismo que dispuso el Gobierno para evitar despidos masivos como consecuencia de la pandemia. Unos 3,4 millones de trabajadores están o han estado bajo su amparo desde mediados de mazo. Ahora los empresarios reclaman que se amplíe su vigencia pues, como este miércoles mismo vaticinó el presidente de Pimec, Josep González, si no se prorroga esta ayuda el 42% de las empresas industriales catalanas recortarán sus plantillas una vez finalicen los ERTE. Casi la mitad de las empresas industriales «"harán un erte cuanto hayan acabado los ERTE", vaticinó.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insitió este miércoles en que los ERTE han permitido eludir el fantasma de los cuatro millones de parados. "Estamos lejos de las cifras que llegó a alcanzar el paro en los mandatos anteriores. En el 2013, el desempleo alcanzó su cifra máxima con una gasa 27,2% en el país. En este mes de mayo ya se han dado las cifras y creo que no llegaremos a esas cifras".

Amortiguador social

Según la ministra, los ERTE son un "amortiguador social" que en España han protegido a más de 3 millones de trabajadores y en Alemania e Italia, a más de 10 millones y a casi 8 millones, respectivamente, y que allí no se plantea el debate de cuántos ertes se acabarán convirtiendo en eres. "A mi me entristece que se hagan esas formulaciones (...) La empresa tiene el compromiso de mantener el empleo seis meses", ha recordado la ministra, que ha destacado que ya hay 400.000 personas que han salido de los ertes para reincorporarse a la actividad laboral.

Díaz ha afirmado que, en etos momentos, las prestaciones por desempleo reconocidas en los ertes están "prácticamente pagadas" y ha precisado que hay un 2% de procedimientos que muestran algún tipo de defecto en su tramitación.