La crisis social y económica desencadenada por la epidemia de Covid-19 mantiene caminando sobre el alambre a buena parte de los trabajadores del país, aunque su impacto sobre el mercado laboral difiere entre unas regiones y otras. Canarias aparece, junto a Baleares, como la más afectada, tanto que más del 40% de sus afiliados a la Seguridad Social han sufrido la conmoción que han supuesto la epidemia y las medidas adoptadas para combatirla en forma de paro, suspensión o reducción temporal del empleo o cese de actividad en el caso de los autónomos. Tras los dos archipiélagos se sitúan, como territorios más perjudicados por esta situación, las comunidades autónomas del Levante español, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Los resultados del informe certifican que una mayor especialización económica en el turismo y los servicios asociados a esta actividad supone un factor de vulnerabilidad ante la crisis, derivado de la paralización de esos sectores y de las comunicaciones aéreas. Pero la afección es todavía más significativa en las regiones insulares. Así, el 41,3% de los afiliados en Canarias han pasado a engrosar las cifras del desempleo, han sido objeto de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o han interrumpido -no se sabe si transitoria o indefinidamente- su actividad como trabajadores por cuenta propia desde que se inició la crisis y hasta el final del mes de abril. Solo Baleares presenta una proporción superior -el 42,5%-, mientras que en la Comunidad Valencia, que figura a continuación de Canarias, el porcentaje de afiliados afectados desciende al 29,6%. En el otro extremo se ubican la Región de Murcia y Extremadura, con un 21,9% y un 21,3%, respectivamente, en tanto que la media española se cifra en el 27,2%.
La mayor parte de esos nuevos afectados se corresponden con los asalariados cuyos contratos han sido temporalmente suspendidos -en su mayoría- o reducidos -los menos- a través del mecanismo del ERTE. Dentro de ese 41,3% de las Islas, alrededor del 30% son, precisamente, los trabajadores que se hallan en esta situación, mientras que los nuevos parados y los autónomos que perciben la ayuda extraordinaria son, en cada uno de los casos, algo más de un 5%.
Este "recurso masivo" a los ERTE evidencia, remarca la investigación del IVIE, que "las empresas están optando mayoritariamente por mantener los vínculos con sus trabajadores, aprovechando las oportunidades ofrecidas por la última reforma laboral, y los autónomos apuestan por mantener su actividad o intentar retomarla cuanto antes". Se trata de "comportamientos a priori favorables a la preservación del tejido productivo y el capital humano de la economía" y que "debe contribuir a facilitar una más pronta y completa recuperación, a costa de un gran esfuerzo en términos de recursos presupuestarios para sufragar los diversos tipos de prestaciones".
Los investigadores firmantes del estudio cuantifican también la presión a la que el virus ha sometido a los sistemas de protección social. Lo hacen comparando el volumen de personas que reciben prestaciones de naturaleza laboral (desempleados, trabajadores en ERTE y autónomos que cobran la ayuda por cese de actividad) con la suma de afiliados a la Seguridad Social y parados registrados, que puede dar una idea de la población activa de cada comunidad. En este aspecto Canarias se sitúa a la cabeza. El Archipiélago es, de hecho, el único territorio en el que más de la mitad de los activos -un 54,2%, en concreto- se encuentra en una de las citadas situaciones, 16 puntos por encima de la media nacional (38,2%).
"La especialización productiva estaría contribuyendo a una peor evolución del mercado laboral, dadas las características especiales de esta crisis", constatan los expertos del IVIE y de la Universidad de Valencia en relación al peso del turismo como elemento común entre las regiones más afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia del nuevo coronavirus. De esta manera, mientras que sectores como la hostelería o las actividades artísticas, recreativas o de entretenimiento han experimentado caídas muy fuertes en el empleo en marzo y abril (-15% y -9,3%, respectivamente), las actividades sanitarias y de servicios sociales han aumentado su ocupación un 6,3% en el mismo periodo, según datos correspondientes al conjunto del país.
La suma de afectados por un ERTE, autónomos con prestación extraordinaria y parados registrados se sitúa en España en 8,5 millones de personas, "una cifra notablemente por encima del máximo histórico de desempleo", que a principios de 2013 -en el peor momento de la anterior crisis, iniciada en 2008- alcanzaba los 6,3 millones, según la Encuesta de Población Activa (EPA), o los cinco millones, según la cifra de paro registrado del Ministerio de Trabajo. "De cara al futuro, lo que suceda con esos colectivos durante la desescalada y la recuperación será clave por su enorme dimensión, sus implicaciones sociales y el coste que estas políticas de protección social tienen para el sector público", advierten los autores del informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
