21 de mayo de 2020
21.05.2020
CORONAVIRUS | Las consecuencias de la pandemia en el tejido productivo

Más de 10.000 empresas piden el aval del Estado para evitar el cierre

Dos de cada diez negocios de las Islas necesitan el respaldo público para conseguir un préstamo

21.05.2020 | 00:48
Un empresario reabre su negocio en La Laguna.

Más de 10.000 empresas canarias han tenido que solicitar el aval del Estado para conseguir un dinero que les permita sobrevivir a la crisis del coronavirus. El respaldo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha hecho posible inyectar alrededor de 2.000 millones de euros al tejido productivo del Archipiélago. Una suma equivalente al 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma. Los datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige Nadia Calviño y al que está adscrito el ICO, revelan así hasta qué punto los negocios de las Islas se han visto obligados a pedir la mediación de la Administración estatal para que la banca les concediera un préstamo. De hecho, prácticamente dos de cada diez empresas de la región han recurrido ya a la línea de avales del ICO, que el Gobierno central acaba de ampliar en otros 20.000 millones para el conjunto del país.

Entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo, cuando habían transcurrido los primeros 17 días del estado de alarma, la economía canaria sufrió el cierre de 5.426 negocios, un golpe sin precedentes en la estadística oficial. La mayoría de esas empresas echó para siempre el candado en la última quincena de marzo, cuando el confinamiento y la paralización de la actividad acabaron con toda esperanza de recuperación. No obstante, el problema principal ya no es tanto esas más de 5.400 entidades desaparecidas (en gran medida abocadas a cerrar antes de la crisis y a las que el coronavirus se limitó a darles la puntilla) como las que puedan quedarse por el camino en los próximos meses. Entran ahí desde negocios que pese a estar en problemas habrían remontado en condiciones normales hasta, por ejemplo, firmas de reciente creación que han visto cómo sus planes para superar el siempre difícil primer año de vida han quedado en papel mojado. El objetivo de los avales públicos es precisamente que estas empresas accedan al crédito bancario, el mismo que por sí solas no podrían conseguir en las actuales circunstancias.

Hasta el pasado día 6, exactamente 9.814 entidades del Archipiélago habían sido avaladas con fondos públicos en un total de 12.217 operaciones. Sin embargo, ya ayer se contabilizaban más de 10.000 negocios, casi 13.000 operaciones y un volumen de préstamos de aproximadamente 2.000 millones de euros. En toda España se han beneficiado hasta el momento de la línea de avales cerca de 250.000 empresas, que de esta forma han obtenido financiación por un montante de 50.000 millones.

Tanto en la Comunidad Autónoma como en el conjunto del Estado, la gran mayoría de negocios que han solicitado el aval público la integran pymes y microempresas, incluidos trabajadores autónomos con asalariados a su cargo. Además, el Ministerio corrobora que son las firmas dedicadas a la actividad turística las que más están recurriendo a la ayuda del Instituto de Crédito Oficial.

Hay que aclarar, eso sí, que la ayuda pública se limita a los avales, es decir, la garantía del Estado permite que las empresas y autónomos accedan al crédito en condiciones ventajosas (aminoración de los intereses, prolongación del período de carencia, flexibilidad en las cuotas...), pero las entidades beneficiarias deberán devolver el préstamo.

Los avales del ICO contribuyen así a abrir aún más el grifo del crédito en un momento en el que la liquidez de miles de empresas de las Islas está más en entredicho que nunca. Que el grifo del préstamo bancario continúe abierto es fundamental para la supervivencia de tantos negocios, y es este uno de los pocos respiros que concede la crisis actual. A diferencia de lo ocurrido tras el crac de finales de 2007, ahora sí hay dinero en circulación y los bancos sí conceden créditos.

Además, el estallido de aquella crisis, con aquel primer capítulo de las hipotecas basura en octubre de 2007, sorprendió a las familias y empresas de la región endeudadas hasta las cejas, mientras que la actual coyuntura la afrontan tras haberse quitado de encima más de 20.000 millones de euros de deuda bancaria. Un largo proceso de desendeudamiento que no ha tenido correspondencia con lo hecho por el sector público, que ha reducido su débito muchísimo menos.

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