15 de mayo de 2020
15.05.2020
Crisis del coronavirus

El sector del automóvil presiona para mantener las ayudas al diésel

El Gobierno analiza mantener una cierta "neutralidad tecnológica" ante el frenazo de las ventas

15.05.2020 | 13:41
El sector del motor pide un programa de incentivos.

El Gobierno está evaluando mantener las ayudas a la compra de vehículos, incluidos los diésel, como consecuencia del impacto de la crisis en el sector del automóvil. El principio de "neutralidad tecnológica" parece ganar peso a corto plazo en el seno del Ejecutivo como un golpe de realidad ante el serio impacto en las ventas que ha tenido en el sector el confinamiento y el estado de alarma de las últimas semanas. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, llegó a abogar esta semana por la puesta en marcha de un plan estatal "potente" de ayudas a la compra de vehículos con esas premisas, lo que implicaría incluir a los diésel y gasolina, hasta ahora excluidos de los planes de incentivos en vigor, informó Europa Press.

Las cuatro grandes patronales del sector -Anfac, Sernauto, Faconauto y Ganvam- han elevado la presión sobre el Ejecutivo para consensuar un plan de choque que incluya medidas de oferta, para promover la inversión, y de demanda. El actual plan de ayudas, el Moves, solo prevé ayudas a la compra de vehículos eléctricos o de gas y para infraestructuras de recarga eléctrica. Está previsto que el Gobierno traslade este sentimiento del sector este viernes en Bruselas, dado que las medidas de apoyo al sector del automóvil deben ser coordinadas en el marco de la Unión Europea. En discusión está una moratoria en las regulaciones que afectan al sector (incluidos los objetivos medioambientales), ante la posibilidad de retrasos e incumplimientos debido al cierre generalizado de las factorías y de la actividad normal de las autoridades de homologación.

El presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, subrayó esta semana la importancia de articular un plan de incentivos para acelerar la renovación del parque móvil y ayudar así a reducir las emisiones, y defendió que por cada euro invertido en el motor, éste devuelve entre 1,5 y 1,8 euros, porque al vender más se recauda y se produce más, lo que permite sacar a trabajadores de los erte.

José López-Tafall, director general de Anfac, resaltó en un encuentro organizado por los fabricantes de vehículos eléctricos Aelec la necesidad de coordinar y hacer compatible la descarbonización de la economía con los intereses del sector de automoción: "La industria de la automoción será la protagonista del esfuerzo de descarbonización de esta década y hemos de trabajar con el conjunto de la sociedad para ayudar a cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y contaminantes. Pero la salida de esta crisis ha de ser compatible y potenciar estos objetivos de reducción de emisiones con la necesidad de proteger nuestros empleos y evitar agravar la crisis económica". En cualquier caso, potenciar la venta de vehículos en estoc, incluidos los diésel no deberían invalidar la transformación "hacia la nueva movilidad del futuro, electrificada y conectada", añadió López-Tafall.

Según la consultora Deloitte, "la recuperación del sector automovilístico vendrá sobre todo marcada por las ofertas de los fabricantes y la menor propensión del consumidor al transporte público". Un incremento de las ofertas debería conducir a una reducción del estoc de vehículos sin vender.

Los concesionarios españoles han perdido 92 millones de euros en los dos meses completos de confinamiento solo por la depreciación de su estoc de vehículos, según datos de Autobiz recogidos por Sumauto, especialista en portales verticales de automoción, que agrupa a Autocasión y AutoScout24, que mueven seis de cada diez coches de ocasión del sector profesional en nuestro país. Sin embargo, España no es el único país que ha sufrido las consecuencias del cierre de los concesionarios físicos durante el estado de alarma, pues la paralización completa de actividad durante sesenta días en los siete principales mercados europeos (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y España) supone unas pérdidas estimadas de hasta 1.000 millones de euros en sus valores residuales.

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