Gobierno, empresarios y sindicatos acordaron ayer la prolongación hasta el 30 de junio de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor vinculadas al coronavirus, lo que permitirá amortiguar los efectos económicos de todo el proceso de desescalada en Canarias, en el que aún se mantendrán limitaciones de movimiento. Si Canarias, como se espera, logra ir quemando fases de desconfinamiento cada 15 días, podría alcanzar la denominada "nueva normalidad" a finales de junio (como pronto el día 22), aunque la mayoría de las empresas del sector turístico aún continuará en ERTE como poco hasta octubre o noviembre, cuando se calcula que comenzarán a llegar al Archipiélago los primeros turistas extranjeros. Para estas empresas y los 113.795 trabajadores del turismo incluidos en expedientes por fuerza mayor, el acuerdo alcanzado entre CC y el PSOE en Madrid blinda la prórroga de este tipo de ERTE con independencia de que se prolongue o no en el conjunto del país.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró ayer el "acuerdo equilibrado" sobre los ERTE con empresarios y sindicatos, un acuerdo en el que, destacó, todos cedieron. "El acuerdo supone que nadie queda atrás. Proteger a las empresas y a los autónomos es proteger a los trabajadores y a la economía de nuestro país", subrayó la ministra. La patronal CEOE manifestó que hubiese deseado un acuerdo "a más largo plazo que hubiera dado seguridad y certidumbre a las empresas y a los trabajadoras, para acompañarlos en el proceso de recuperación total de la actividad", pero añadió que "aunque no es el acuerdo deseado, mejora la propuesta inicial". En el seno de la patronal hubo división. Sobre todo en relación al punto que señala que las empresas estarán obligadas a mantener los empleos durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad. La salvaguarda del empleo se mantiene durante 6 meses, aunque se introdujo un condicionante: no será de aplicación a aquellas empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, calificó de "magnifico" el acuerdo para prorrogar los ERTE mientras que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que "el acuerdo va a dar estabilidad y permitir, en la medida en que sea posible, que todos los trabajadores en ERTE puedan recuperar su puesto de trabajo". En Canarias están inmersos en ERTE de fuerza mayor un total de 199.401 trabajadores, lo que acarrea al Estado un gasto mensual de 338 millones de euros. La prórroga sine die para el sector turístico isleño y esos casi 114.000 empleados significa que la Administración estatal seguirá gastando mensualmente al menos 193 millones. Los cambios acordados ayer son los siguientes.

ERTE por fuerza mayor total. Aplicable a las empresas que no recuperan actividad. Hasta el 30 de junio se mantendrán las actuales condiciones, con exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas de más de 50 trabajadores y del 100% para las de menos de 50.

ERTE por fuerza mayor parcial. Aplicable a empresas que recuperan una parte de la actividad. En el caso de los trabajadores que vuelvan a su puesto, la exención de la cuota empresarial será del 85% en mayo y del 70% en junio en plantillas inferiores a 50 trabajadores. En el resto, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio. En el caso de los que continúen con sus contratos suspendidos, la exención empresarial será del 60% en mayo y del 45% en junio para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 45% en mayo y del 30% en junio para el resto.

Tránsito a ERTE por causas productivas. El acuerdo incluye la transición de los ERTE de fuerza mayor a ERTE por causas económicas, técnicas o de producción, es decir, los más habituales antes de la irrupción del coronavirus, "con carácter retroactivo".

ERTE más allá de junio. El Gobierno y los agentes sociales, en el marco de una comisión tripartita que se reunirá de manera ordinaria el segundo miércoles de cada mes, decidirán qué sectores necesitarán seguir con ERTE más allá del 30 de junio si persisten restricciones a la actividad por cuestiones sanitarias. No podrán acogerse al expediente de fuerza mayor las empresas con domicilio en paraísos fiscales o las que repartan dividendos en el ejercicio fiscal de aplicación del ERTE.