Los empresarios de las Islas están empeñados en sacar al Archipiélago de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, que se ha materializado en el cero turístico, la destrucción temporal de empleo y una sobrecarga económica para la Administración, obligada a sustentar a los ciudadanos más vulnerables. Para aliviar esta pesada losa, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos proponen impulsar el bono canario, emitiendo títulos valorados en 2.000 millones de euros que prestarían al Gobierno de Canarias para que éste lo destine a la inversión pública.

Este préstamo se presenta de manera atractiva al ofrecer todas las facilidades, pues tendría un tipo de interés cero y, por lo tanto, ningún coste para el Ejecutivo regional, que además dispondría de cuatro o cinco años para devolverlo. ¿Qué ganan entonces los empresarios? Deducciones fiscales centradas ante todo en materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en su totalidad y no sólo el 50%, como hasta ahora. En el caso de autónomos y personas físicas -pues el objetivo de este bono es ampliarlo a toda la sociedad-, las patronales proponen que estas desgravaciones se hagan a través de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Tal y como explica el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, el bono canario se ofrece como una herramienta de liquidez para que "sea destinada a infraestructuras públicas productivas y multiplicadoras de actividad económica y generación de empleo y mano de obra porque no hace faltas señalar la imperiosa necesidad que tiene Canarias de crear puestos de trabajo para aliviar la situación personal de esas familias y para fomentar el consumo". Un segundo efecto de estos títulos, a medio y largo plazo, consistirá en la reactivación y potenciación del sector turístico por ser el motor que tira de la industria, la construcción o el comercio, entre otras actividades.

Sería un Comité de Inversiones el que debería, junto con el Gobierno canario, decidir qué infraestructuras públicas deberían acometerse siempre huyendo de las pequeñas actuaciones y pensando en grandes partidas. La mejora de las playas, la creación de parques en espacios turísticos, la intervención en viales, rotondas y accesos serían algunas de estas actuaciones. Aunque se incluyan otros sectores, para los empresarios la mayor parte tendría que ir enfocada a garantizar los equipamientos necesarios para llevar acabo la actividad turística, "que es la que tiene que concentrar la mayor parte de los recursos económicos porque también el retorno es mayor", recuerda Manrique de Lara.

La propuesta de las patronales persigue que "las finanzas del Gobierno canario no se vean atenazadas por la prisa a la hora de devolver el dinero prestado y que, durante este tiempo, puedan destinar sus recursos propios al sostenimiento de servicios sociales básicos y a las medidas paliativas de los efectos de la crisis sanitaria en la sociedad", asegura el presidente de la CCE.

La emisión de deuda pública no es una herramienta anómala. Ya se ha echado mano de ella en anteriores ocasiones, con títulos encaminados a materializar la RIC tanto por el Ejecutivo autonómico como por los cabildos. Por lo tanto, sólo sería necesaria la aprobación por parte del Gobierno de España "que no debería tener problema en reconocer que las Islas han sufrido el impacto derivado de esta crisis de manera especial, con un paro que dobla la media nacional, por lo que lo lógico es que fuera generoso en aquellas medidas que no afectan negativamente a los Presupuestos Generales del Estado, que no tiene coste y que, por el contrario, son capaces de generar recursos derivados de la recaudación, pues es el turismo el sector que más aporta a las arcas del Ejecutivo autonómico, por lo que reactivarlo es recuperar la capacidad de recaudar".

Si el Estado da el visto bueno, los títulos de deuda pública estarían listos para junio "porque tanto los pequeños y medianos empresarios como los autónomos han demostrado su compromiso con la sociedad canaria en estos momentos y están dispuestos a renunciar a proyectos privados para que el Gobierno canario lidere esa macroinversión pública. La medida ha sido bien recibida por el Ejecutivo autonómico y por el resto de los actores económicos y sociales, que no se extrañan de una fórmula recogida por el Régimen Económico y Fiscal (REF) y que ahora se plantea como una salida para la recuperación.