Hay ya sobre la mesa un plan de desescalada y otro de reconstrucción económica. ¿Qué análisis hace?
El plan de desescalada del Gobierno es un intento de dar respuesta a las diferentes demandas que se habían hecho por las comunidades autónomas y desde distintos sectores. Canarias ya había remitido al Estado su propio plan pero se ha preferido hacerlo de forma global por objetivos y fases con la idea de que finalice a finales de junio con prórrogas del estado de alarma, por lo que al menos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) tendrán la cobertura hasta ese momento. Es necesario que en sectores tan importantes para Canarias como el turístico se establezcan medidas especiales con las mismas características de los ERTE, aunque se reconviertan por causas productivas, organizativas o económicas.
¿El Gobierno canario
Lo que hemos demandado es que las medidas que se establezcan en la hoja de ruta cuenten con ficha financiera y se les pueda realizar un seguimiento concreto porque de lo que se trata en este gran pacto es alcanzar el mayor consenso posible para la recuperación de todo el tejido productivo de las Islas. La idea es que a finales de la próxima semana se haya esbozado un principio de acuerdo que cada organización tendrán que someter a sus direcciones. El plan conllevaría medidas que implican modificaciones presupuestarias para la asignación de fondos así como cambios legislativos. Demandamos que en un periodo máximo de dos semanas ya se aclare el nivel de endeudamiento que puede alcanzar Canarias y cómo se va a utilizar el superávit de las administraciones públicas. También debemos saber en este periodo el nivel de fondos que vendrán de Europa tanto en forma de préstamos como de ayudas a los países y regiones más afectadas.
¿Cómo se puede mitigar el impacto sobre el mercado laboral y a los afectados por los ERTE?
Es evidente que habrá falta de recursos por la drástica caída de la recaudación pero creemos que con el endeudamiento, el superávit y los fondos provenientes de Europa se puede compensar hasta que se recupere la actividad. Ahora mismo hay más de 200.000 trabajadores en Canarias afectados por expedientes temporales que cobran el 70% de su base reguladora. En otras comunidades se ha completado el 30% de pérdida de salario con un complemento mediante una asignación presupuestaria.
¿Qué nivel de preocupación tiene sobre el impacto que puede tener esta situación en el aumento de la pobreza y del desempleo si algunos ERTE terminan en despidos?
No es solo una sensación sino que desde determinados sectores empresariales ya se está amenazando con esta posibilidad. Se ha puesto sobre la mesa mucho dinero público para descargar a las empresas de los costes laborales y cuantiosos fondos para dotarles de liquidez y que no cierren. Creo que el periodo de seis meses que se ha dado para evitar despidos es un tiempo que puede ser suficiente para recuperar una parte importante de la actividad y con medidas específicas que hay que negociar para el sector turístico. Sin que sea especialmente optimista, sí que creo que hay margen para la recuperación y lo importante es que la desescalada acabe con éxito a final de junio, que empecemos a reactivar sectores que están vinculados con el consumo interno y, a partir de ahí, ver cómo evoluciona el entorno nacional e internacional.
