Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, negocian con la patronal y el Gobierno la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que se extiendan sus efectos hasta que se normalice la situación económica y las plantillas se vayan incorporando a las empresas a medida que la demanda así lo permita. Las dos centrales sindicales se alinean con las peticiones de las organizaciones empresariales que representan a los sectores turístico y comercial, mayoritarios en la economía canaria, para que los expedientes temporales sigan vigentes porque la reanudación de la actividad en el sector servicios no será inmediata cuando finalice el estado de alarma, sino que será paulatina en función de cómo vaya evolucionando la pandemia en los principales países emisores de turistas y el consumo interno.
Ante el inicio del desconfinamiento y la reapertura de la actividad económica, el Gobierno quiere llevar al Consejo de Ministros de la próxima semana la prórroga de los ERTE hasta finales de junio, plazo previsto para la finalización de las cuatro fases en que se divide el plan de desescalada presentado por el presidente Pedro Sánchez esta semana. Sin embargo, el sector turístico ha solicitado que se haga un excepción y esta ampliación de los expedientes temporales se extienda hasta diciembre. Según adelantó ayer la Cadena Ser, en la propuesta del Ejecutivo a patronal y sindicatos se contemplan también prórrogas adicionales de ERTE para determinados sectores que se demuestren como los más afectados en el retraso de la vuelta a la actividad económica, como es el caso del turismo y el comercio por estar vinculados a la situación en otros países, las restricciones aéreas y la evolución de la demanda.
Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, participaron ayer en un encuentro on line organizado por Nueva Economía Fórum en la víspera del Primero de Mayo, Fiesta del Trabajo, que este año es "atípico" por las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus, con lo que será una celebración que se desarrollará de forma virtual con las redes sociales como protagonistas. Álvarez y Sordo defendieron la necesidad del Primero de Mayo ahora más que nunca como consecuencia de la situación laboral a la que aboca el impacto económico y social del Covid-19.
El secretario general de UGT aseguró que es "fundamental" en esta nueva etapa que se abre con el paulatino desconfinamiento "que seamos capaces de mantener los ERTE y adaptarlos a la situación en que estamos porque si no el esfuerzo realizado hasta ahora habrá sido baldío". Álvarez indicó que "estamos en primera línea de combate para que los ERTE sean el instrumento que finalmente nos lleve hasta la plena situación de desarrollo de la economía". Además, indicó que si ahora se pretende ahorrar dinero con los expedientes, se pagará con desempleo.
El secretario general de CCOO añadió por su parte que "estamos totalmente de acuerdo en que en un momento como este en el que se prevé que dentro de unas semanas saldremos del estado de alarma pero la recuperación de la actividad va a ser paulatina, los ERTE se tienen que acomodar a la nueva realidad".
Cuestionados sobre la vigencia de la reforma laboral de 2012 y si mantienen la necesidad de derogarla, Unai Sordo advirtió que cuando se recupere la normalidad política la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral tiene que pasar a estar en el capítulo de prioridades, porque "muchas de las cosas que están pasando" demuestran la necesidad de hacerlo. También piensa que se debe avanzar en la modernización de las relaciones laborales porque después de la crisis sanitaria, según Sordo, "van a cambiar muchos patrones de consumo y se van a abordar otras fórmulas de comercialización".
Los máximos responsables de los sindicatos respaldan la necesidad de un ingreso o renta mínima vital para aquellos que se han quedado sin prestaciones ni trabajo en esta crisis, pero dudan de que el Gobierno pueda aprobar este proyecto en mayo tal y como ha anunciado, debido a las dificultades existentes y las negociaciones con las comunidades. Por ello apelaron a una renta en peor situación hasta que se pueda regular un ingreso permanente para evitar la exclusión social.
