Las conclusiones del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han provocado la repulsa unánime de las cuatro regiones que se benefician de la bonificación del 75% del billete aéreo. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla cierran filas en la defensa del descuento logrado en 2018, advierten al Estado que no van a permitir que se cuestione este derecho y reclaman que se ejerza un mayor control sobre los precios que establecen las compañías aéreas.
Los gobiernos de los archipiélagos y de las ciudades autónomas creen que el análisis realizado por el órgano regulador da la razón a las denuncias sobre un incremento de las tarifas desde que empezó a aplicarse la subvención del 75%, pero critican que se centre más en cuestionar la bonificación y que los isleños viajen más que poner el foco en las razones del aumento de los precios por parte de las aerolíneas. De esta forma, rechazan las alternativas que proponen la CNMC como los límites a la bonificación, su pago a posteriori o su sustitución por exenciones fiscales y lo que reclaman es que el Ministerio de Transporte tome medidas para vigilar y controlar más a los operadores.
Entre las actuaciones concretas que los gobiernos autonómicos reclaman al Ministerio para el efectivo control de los precios aéreos se encuentra fiscalizar el sistema de establecimiento de precios por parte de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos. Por ejemplo, la petición de que la condición de residente se incluya al finalizar la compra y no al principio (para que no se discrimine a los residentes) o que las compañías modifiquen su sistema de algoritmo de venta, que no ha incluido la variable del 75% e incrementa precios con el aumento de la demanda, entre otras medidas.
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Franquis, advierte que "la petición de ese informe a la CNMC era, entre otras cosas, para vigilar y controlar el incremento de los precios aéreos, no para cuestionar la subvención, que es lo que nos ha sorprendido de las conclusiones del informe". Tanto Canarias como Baleares tienen incluida la bonificación en sus regímenes especiales y se niegan a negociar las propuestas del informe de la comisión, por lo que remitirán un documento conjunto con sugerencias para que el Ministerio adopte medidas dirigidas al control y seguimiento de los precios, pero en modo alguno a limitar la subvención aunque el gasto público se haya más que duplicado desde que se incrementó al 75%.
Las aerolíneas, otra visión
Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) tiene una visión bien diferente del informe de la Comisión de la Competencia. Desde su óptica el análisis realizado refuerza la posición de las aerolíneas en tres aspectos: se confirma que los precios no los fijan las compañías aéreas, sino la interacción entre oferta y demanda; se reconoce que ha mejorado la conectividad de los residentes, y que los billetes entre las Islas y la Península cuentan con precios muy competitivos. Para los operadores del sector aéreo "la CNMC incide en que un aumento de la demanda, o posibles problemas de adaptación de la oferta a picos de mayor demanda, pueden ejercer presión sobre la evolución de las tarifas". Asimismo, el informe "también descarta cualquier posible práctica fraudulenta por parte de las compañías aéreas, en contra de lo que manifestaban algunas voces críticas".
El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, agradece que el estudio "como llevamos insistiendo reiteradamente, elimine cualquier duda sobre posibles prácticas fraudulentas. Las aerolíneas siempre operan con la mayor transparencia y los precios, como ha quedado resaltado, los fija la interacción entre la oferta y la demanda".
Las compañías aéreas no entran en el debate suscitado en torno a las alternativas que propone la CNMC a la bonificación del 75% para evitar el fuerte incremento del gasto público que ha provocado. Las operadoras recuerdan que se limitan "a cumplir el marco regulatorio establecido por las autoridades competentes".
En el polo opuesto a las aerolíneas se colocan las agencias de viajes de las Islas. La Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores tacha de "inoportuno" e "insolidario" el informe de Competencia y su presidente, David Déniz, lamenta que no haga propuestas para conseguir el control de las tarifas con el fin de evitar que los precios aumenten en porcentajes que no están justificados. En su opinión, una opción sería marcar a las compañías aéreas precios máximos en la clase turista en las rutas entre Canarias y la Península.
Déniz critica que el estudio parece que está hecho para "penalizar" a los residentes que viajan: "Parece que solo vamos a la Península de vacaciones, cuando hay muchos que lo hacen para trabajar y estudiar", añade, para advertir que la bonificación "es un derecho que no se puede poner otra vez en tela de juicio, vivimos en una región periférica y eso tiene unas desventajas que no tienen en la Península. El problema no la bonificación sino las compañías aéreas", agrega.
También el Patronato de Turismo de Gran Canaria salió ayer en defensa del descuento aéreo. El consejero de Turismo del Cabildo, Carlos Álamo, aseguró que "la bonificación aérea del 75% es intocable y la defenderemos con uñas y dientes, puesto que no es un regalo. Los canarios solo podemos viajar en avión o en barco y no solo para hacer turismo. La bonificación aérea nos sitúa como ciudadanos europeos de pleno derecho". También rechaza cualquier planteamiento de los propuestos por la CNMC frente a la subvención lograda en 2018.
