El Gobierno central sigue resistiéndose a ceder en una de las reclamaciones más importantes de Canarias para hacer frente a la crisis económica y social que se avecina como consecuencia del parón de la actividad productiva y, sobre todo, del 'cero turístico' que se da por seguro para lo que queda de año en el Archipiélago. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, eludió ayer concretar de forma clara si el Estado permitirá a las administraciones canarias tirar de sus ahorros en los bancos, que acumulan entre los tres niveles, regional, insular y local, más de 4.000 millones, para hacer frente a la caída de ingresos fiscales por el cierre temporal de empresas, que en el caso del turismo se entiende que se prolongará hasta diciembre.

Montero, en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión en una comparecencia en La Moncloa, trató de dar una de cal y otra de arena. No quiso mojarse en relación con el uso del superávit- a pesar de que apenas una horas antes el presidente acordó con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la posibilidad de estudiar tanto el gasto del superávit como de los remanentes que acumulan las entidades locales en políticas y medidas que ayuden a la reconstrucción del país ante la pandemia del coronavirus, unos 10.000 millones de euros- pero al menos intentó aportar alguna esperanza al sector turístico sobre nuevas ayudas para superar el actual cerrojazo a su actividad. La portavoz del Ejecutivo aseguró que "habrá planes especiales para los sectores" donde la crisis manifiesten una "mayor profundidad con motivo de la pandemia", y que "sin duda el sector turístico será uno de los sectores que de forma especial tiene que tener planes de actuación concretos que permitan su revitalización y su lanzamiento".

Montero insistió de distintas formas en resaltar la disposición del Ejecutivo central en abordar con las comunidades autónomas más turísticas, y con el propio sector, las medidas de ayuda para que las empresas puedan sostenerse, y que la pérdida de puestos de trabajo no sea definitiva, pero no se refirió ni respondió a la reclamación del Gobierno de Canarias, de los cabildos y ayuntamientos, de la totalidad de las formaciones políticas, así como de los empresarios y sindicatos, de poder usar la ingente cantidad de fondos que las administraciones canarias acumulan en las instituciones financieras en aplicación de las estrictas normas que al respecto establecen la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Montero dijo que para la puesta en marcha de nuevas ayudas al sector "pondremos en marcha los planes necesarios que tendrán su financiación y que contará con diferentes instrumentos", uno de los cuales, aseguró, "puede ser el superávit". Pero aquí hizo una aclaración que induce a pensar que, en ese caso, no estaría pensando sólo en Canarias, sino en el conjunto de comunidades autónomas, con la advertencia explícita de que "no todo el mundo tiene superávit y hay otros territorios que tienen problemas con el turismo". Es decir, que si no se hacen salvedades para el caso de Canarias, o las otras regiones del régimen común con superávit, como Baleares y Galicia, probablemente no se contempla esta medidas para nadie.

Según explicó la ministra, para esas comunidades "con problemas con el turismo", con o sin superávit, "habrá que hacer planes de financiación y de ayudas al sector de forma específica, y de una u otra manera se pondrán recursos a disposición de ese sector para que puedan mantenerse en este estado el mayor tiempo posible y el turismo pueda seguir siendo ese gran atractivo que tenemos en nuestro país".

Superávit

De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin dar una respuesta clara y contundente al Gobierno de Canarias sobre esta reclamación que se considera fundamental para hacer frente a la crisis que se avecina y que tendrá consecuencias muy graves en el nivel de ingresos de las administraciones canarias y, en definitiva, en la financiación de las ayudas y los planes de contingencia que está poniendo en marcha el Ejecutivo regional.

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo central se mostró también dispuesta a que el Ministerio de Trabajo "estudie" la posibilidad de alargar la aplicación de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) en empresas de sectores especialmente castigados por la crisis, como sería el caso de la industria turística, aunque no se refirió de manera concreta a Canarias como territorio donde ya en estos momentos se sabe que la pérdida temporal de empleo se alargará hasta final de año.