21 de abril de 2020
21.04.2020
Crisis del coronavirus

El Gobierno aprueba nuevas medidas fiscales para liberar 1.100 millones de liquidez a las empresas

Los autónomos podrán tributar por estimación objetiva, se reduce el pago fraccionado en IVA e IRPF

21.04.2020 | 14:09
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley con 30 nuevas medidas económicas para paliar los efectos del coronavirus, entre las que incluye un paquete de medidas fiscales para liberar más de 1.100 millones de euros en liquidez a las empresas, especialmente a pymes y autónomos.

Así lo han anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que las nuevas medidas fiscales se dirigen a que las bases imponibles queden alineadas con la situación real de las empresas.

Calviño ha indicado que las nuevas medidas permitirán liberar más de 1.100 millones en liquidez para las empresas, sobre todo a autónomos y pymes, y ha destacado el "enorme esfuerzo" para abordar medidas que afectan a los ingresos y el gasto con el fin de reforzar la financiación de la economía.

En concreto, se ha aprobado que los trabajadores autónomos puedan realizar el cálculo del pago fraccionado del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA con el método de estimación objetiva, lo que permitirá que durante el periodo afectado por el estado de alarma se ajuste su pago a los ingresos reales.

Se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y el IVA, pudiéndose descontar en cada trimestre los días del estado de alarma, y las empresas podrán adaptar sus liquidaciones de ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada para 2020.

Además, se fija la posibilidad de supeditar el pago de deudas tributarias del Impuesto de Sociedades a la obtención de la financiación a través de las líneas de avales del ICO.

Renegociación y aplazamiento de alquileres comerciales

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del alquiler de locales comerciales, así como la reducción de los gastos de notario de préstamos no hipotecarios.

Entre las medidas anunciadas, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha destacado en rueda de prensa la posibilidad de que la línea de avales del ICO, que se eleva a 100.000 millones de euros, pueda usarse para cubrir pagarés de empresa y reforzar así las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas.

Además, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito, con objeto de mejorar los recursos del crédito comercial, garantizar la continuidad de las transacciones económicas y aportar seguridad a las operaciones comerciales.

Con el propósito de reforzar la financiación empresarial, se amplía la cobertura de la línea de avales del ICO para cubrir pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), fomentando así el mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales.

Y también se aumenta la capacidad de las sociedades de garantía recíproca, de las comunidades autónomas, mediante un reforzamiento de los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por lo que respecta a los alquileres de locales comerciales, y para mitigar los costes de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos que hayan visto reducirse significativamente sus ingresos, se establece un mecanismo de renegociación y aplazamiento de los alquileres a grandes tenedores o empresas públicas.

En caso de que el local comercial sea propiedad de otro tipo de arrendador, como particulares, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.

El decreto se refiere también a los requisitos para rescatar fondos de pensiones, como los plazos y el importe máximo del que se puede disponer.
También incluye reducciones o exenciones, en casos justificados, de diversas tasas portuarias.

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