La pandemia del coronavirus ha herido de gravedad al mercado laboral de Canarias y, con ello, al poder adquisitivo de buena parte de su población. La parálisis económica como consecuencia del obligado confinamiento ha empujado a cerca de 200.000 trabajadores al mileurismo. El tejido empresarial del Archipiélago ha presentado desde el arranque del estado de alerta sanitaria más de 26.267 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) -2.024 de reducción de jornada y 25.529 de suspensión de contrato- que afectan a 195.183 personas, casi un cuarto de los 798.177 afiliados a la Seguridad Social de marzo.

La repercusión de la irrupción del Covid-19 en el bolsillo de los canarios y, por ende, en sus posibilidades de gasto es más que evidente. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, cubre el 70% de la base reguladora durante los primeros seis meses en situación de suspensión de empleo, momento en que pasa a costear solo el 50%. En el caso de quienes estén afectados por una reducción de jornada, el Estado también cubre durante el mismo periodo el 70% de la parte proporcional al horario menguado. Eso sí, hay techos. Los afectados que cuenten con dos o más hijos menores de 26 años a cargo pueden llegar a cobrar 1.411 euros como máximo, mientras que quienes tengan un solo hijo recibirán, como mucho, 1.254 euros. Quienes no tengan descendientes ingresarán, como tope, 1.098 euros.

La flexibilización de los ERTE como herramienta para salvaguardar el empleo -la Tesorería General de la Seguridad Social exonera a la empresas de menos de 50 empleados al pago de la cotización, una aportación que se reduce al 25% en el caso de las entidades con 50 o más trabajadores- ha propiciado un aluvión en la presentación de expedientes, una situación que ha desembocado en un atasco en el SEPE. El retraso en la tramitación de los ERTE ha provocado que algunos afectados queden relegados a una especie de limbo al toparse con dificultes para solicitar otras ayudas como las del alquiler.

Este organismo, según indican fuentes del Ministerio, trabaja "a marchas forzadas" para poner al día un trabajo sobrevenido. Si bien el día 10 de cada mes es la fecha establecida para el cobro de las ayudas, este plazo no ha podido cumplirse en todos los casos. Es más, UGT advierte que muchas de las personas afectadas en marzo por un ERTE no comenzarán a cobrar hasta el 10 de mayo. Las mismas fuentes señalan que algunas empresas no han facilitado todos los datos de los trabajadores afectados por los ERTE, de tal forma que algunos se han llevado la sorpresa de cobrar una prestación inferior a la que les pertenecía al no tenerse en cuenta, por ejemplo, los hijos bajo su cargo. Estos errores, a la postre, tienen que ser corregidos y cargan aún más el sistema. A esto se suma, además, la labor de la Inspección de Trabajo para comprobar que las compañías no hacen un uso fraudulento de los mecanismos habilitados por el Estado para realizar ajustes de empleo.

El secretario de Organización de UGT en Canarias, Héctor Fajardo, esgrime que el SEPE no estaba preparado para gestionar una situación como la actual. Si en al crisis de 2008 recibía cuatro o cinco expedientes de regulación de empleo al día, ahora ha tenido que hacer frente, en pocas semanas, a miles de ellos. Fajardo expone que con la coyuntura actual se está creando "una bolsa de trabajadores empobrecidos" con una capacidad de gasto prácticamente nula. Y a ellos se suman los empleados que, antes de la flexibilización de los ERTE, se quedaron sin trabajo. Están, afirma, "desprotegidos", ya sea porque no tienen derecho al cobro del paro o porque, de tenerlo, sí les pasa factura en su historial laboral._Ante tal escenario, el sindicalista ve en la activación de una renta mínima el salvavidas idóneo para evitar una quiebra social.