La vuelta a la actividad del sector de la construcción tras el parón de dos semanas derivado de la restricción de la movilidad para los trabajos no esenciales debe ser el preludio, según las patronales canarias, de una recuperación económica sustentada por estas actividades. Las empresas constructoras se ofrecen como el motor que impulse la salida de la profunda crisis que ha causado la epidemia de Covid-19, pero para ello consideran imprescindible que las administraciones no actúen como "un impedimento". Las dos asociaciones provinciales -Fepeco, de Santa Cruz de Tenerife, y AECP, de Las Palmas- se han coordinado para trasladar propuestas concretas con las que desatascar el "bloqueo" administrativo, que se deja sentir de forma más acusada en las oficinas técnicas y gerencias de urbanismo de las entidades locales. Este atasco es de tal magnitud que los constructores plantean la externalización de las licencias de obras, una experiencia que ya se ha llevado a la práctica en otras comunidades autónomas -sobre todo en Cataluña- y que creen perfectamente aplicable al Archipiélago.
Las patronales han dado ya los primeros pasos. Antes de la declaración del estado de alarma, AECP presentó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un proyecto de ordenanza que dé amparo legal a que la gestión de las licencias se traspase a entidades externas, sean empresas capacitadas para hacerlo y con la debida homologación o colegios profesionales. "No queremos que se monopolice", explica María de la Salud Gil, presidenta de los constructores de la provincia oriental. La patronal tinerfeña hará lo mismo en el consistorio de la capital -iba a hacerlo justo cuando se decretó el estado de alarma- con idéntico objetivo: agilizar los procedimientos sin perder por ello seguridad jurídica. Tras Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife irán el resto de las localidades canarias, puesto que "si se hace en los municipios grandes, será más fácil en los pequeños", apunta Gil.
Las organizaciones empresariales que representan al sector advierten de que la obtención de licencia es el elemento que más ralentiza las promociones de vivienda en las Islas. Al tener detectados cuáles son los municipios con mayores dificultades en la tramitación, por la falta de recursos técnicos o humanos de sus oficinas técnicas y gerencias de urbanismo, los promotores optan por adquirir suelo -preferiblemente finalista, ya urbanizado y apto para la ejecución- en aquellos donde las gestiones resultarán, en principio, más sencillas. Aflojar este nudo es, a su juicio, indispensable para que se hagan realidad las previsiones del recientemente firmado Pacto por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias y para que las casas se construyan en aquellos territorios que más necesidades tienen en esta materia.
Empresas colaboradoras
La ordenanza que las patronales pretenden que se adopte en todos los municipios prevé que empresas colaboradoras o colegios profesionales -en competencia en el mercado, para evitar los monopolios- puedan controlar y verificar los procedimientos y emitir visados de conformidad y calidad que den luz verde a la ejecución de obras. Mientras se elabora y aprueba este instrumento regulador, la intención de los constructores es que los expedientes que se encuentran actualmente pendientes se tramiten mediante procedimientos abreviados, consistentes en la presentación de declaraciones responsables que permitan iniciar la actividad, sin perjuicio de las comprobaciones para certificar que se reúnen los requisitos exigidos.
"Uno de los objetivos prioritarios de promotoras y constructoras es maximizar la eficacia en el tiempo destinado a la inversión, desde la compra del terreno hasta la futura venta de promociones inmobiliarias. Los ciclos económicos y la posible incertidumbre política y jurídica hacen que sea necesario acortar dicho periodo de inversión", expone el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo.
Los modelos para alcanzar los objetivos deseados son las experiencias desarrolladas en otras regiones españolas. Así, Barcelona fue pionera en la externalización de las licencias de actividades a las entidades colaboradoras, un sistema que aplica desde el año 2000, y además permite, a partir de 2012, hacer lo propio con el ejercicio de las funciones de verificación y control de los proyectos de obra, incluyendo las promociones residenciales. Otros ayuntamientos han ido más allá que el de la Ciudad Condal. Este mantiene trámites de revisión interna por parte de distintos departamentos municipales, encargados de emitir informes sectoriales que, según los constructores, suponen un cierto retraso en la concesión de la licencia. En cambio, algunos consistorios han optado por una externalización total, sustituyendo las licencias por declaraciones responsables, aunque solo en el caso de actividades consideradas inocuas, mientras que en las que no lo son se recurre a las entidades colaboradoras -empresas certificadas y habilitadas por cada ayuntamiento- para la gestión de los permisos de obras.
Según la presidenta de las constructoras de Las Palmas, la emisión de una licencia "no debería tardar más de quince días", cuando en los últimos años se han demorado durante meses en muchos municipios. "Las licencias tienen que salir de los ayuntamientos", sentencia Gil. Por su parte, Izquierdo define la burocracia como "un muro infranqueable" para la ejecución de proyectos y, en concreto, de vivienda. Según el presidente de Fepeco, "la administración está obligada a modernizarse, sin que eso signifique engordarla, sino racionalizar sus recursos humanos y materiales". Los empresarios de la construcción inciden en la contradicción que supone que las administraciones incumplan los plazos que los administrados sí deben respetar. "El Gobierno de Canarias -avisa el dirigente empresarial- tendría que asumir este problema como una de las principales prioridades que atender".
