Canarias cerró 2019 como la Comunidad Autónoma que menos inversiones ejecutó. El Gobierno regional apenas consiguió movilizar un 40% del dinero presupuestado para obra pública. Es decir, que solamente gastó cuatro de cada diez euros previstos para trabajos de construcción o mejora de calles, carreteras, infraestructuras hidráulicas, desalinizadoras, paseos marítimos... Un bajo nivel de ejecución que no solo deja a las Islas a la cola del país, sino que es también el peor dato de toda la década. Y eso como mínimo, ya que el Ministerio de Hacienda únicamente suministra información en detalle desde 2011.

Los bajos niveles de ejecución del gasto son uno de los principales síntomas de mala planificación en cualquier institución u organismo de la Administración pública. En casos extremos son la evidencia de la inacción de los equipos de gobierno, ya sean locales, insulares, regionales o estatales. No obstante, en el caso del Archipiélago hay una singularidad que a menudo sirve para explicar por qué la región suele figurar entre las comunidades con las peores cifras en el capítulo de las inversiones. ¿Cuál? El hecho de que las Islas dependan en gran medida de los fondos que les transfiere el Estado para a su vez poder llevar a cabo las obras previstas. Un claro ejemplo es lo que viene sucediendo en los últimos años con los convenios de carreteras, de infraestructuras hidráulicas o, por ejemplo, de infraestructuras turísticas, que sufrieron severos recortes durante los ejercicios de la crisis financiera y que no han vuelto a restituirse en su totalidad. En cualquier caso, ya no solo se trata de que la ejecución de la inversión pública autonómica fuera tan baja en 2019, sino de que ha sido históricamente baja. Un mínimo (y como tal sin precedente en la estadística oficial) que, además, se ha producido en el año inmediatamente anterior al estallido de una nueva crisis, en este caso la que ha provocado el coronavirus. Así pues, los Ejecutivos de Pedro Sánchez y de Ángel Víctor Torres pueden haber desaprovechado el último ejercicio con unas cuentas lo suficientemente saneadas para promover obras en el Archipiélago sin mayores obstáculos. Las posibilidades en los próximos ejercicios dependerán de cuánto se tarde en salir del actual letargo.

Los datos suministrados por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, organismo vinculado al Ministerio de Hacienda, muestran que el presupuesto para inversiones reales (capítulo VI de las cuentas públicas) ascendió el año pasado a 597,3 millones de euros. Ahí se incluyen los 519,7 millones presupuestados inicialmente y los casi 77,6 que se sumaron por medio de modificaciones de crédito. Pues bien, de ese montante finalmente se movilizaron poco menos de 240,8 millones, que es la cuantía de las obligaciones reconocidas netas, que no son otra cosa que las obligaciones de pago efectivamente generadas en 2019.

En definitiva, el nivel de ejecución apenas llega, exactamente, a un 40,31%, un porcentaje que no mejora en gran medida si se calcula sobre la base de los 519,7 millones de euros presupuestados inicialmente en el capítulo VI. En este último caso no llega al 47%. Para hacerse una idea de hasta qué punto se trata de un nivel extraordinariamente pobre de inversión basta con apuntar que solo hay otra autonomía que ni siquiera alcanza el 50%. Es Extremadura, donde la Junta tan solo gastó el año pasado el 44,15% de los dineros que había previsto para obras, un porcentaje también bajísimo pero que aún así es cuatro puntos superior al de las Islas. En cambio, hay casos en los que incluso se superó el 85%. Aragón ejecutó el 85,52%; Cantabria, el 89,28%; y Navarra, un 93,17%.

De nuevo en Canarias, el nivel de ejecución de la obra pública ya había sido bajo en 2018, aún con Coalición en el Gobierno (50,2%), pero, por el contrario, años como 2014 (90,15) o 2013 (88,27) resultaron especialmente buenos para la inversión pública en las Islas, al menos en términos de presupuesto.

Desde la Consejería de Hacienda explicaron ayer que uno de los dos principales factores que propiciaron tan bajo nivel de inversiones en 2019 fue el cambio de gobierno, que se produjo a mediados de año y que generó una ralentización de los proyectos por la sustitución de los equipos en los departamentos. El otro factor, no menor, fueron las llamadas inversiones financieramente sostenibles, esas que el Estado permite sufragar con el superávit. Este tipo de inversión puede ejecutarse en dos años, con lo que el porcentaje equivalente a este gasto (alrededor de un 10%) en principio no se reflejaría como ejecutado hasta 2021.