La convulsión que en todos los órdenes de la vida han supuesto la epidemia de Covid-19 y las drásticas medidas tomadas para frenarla no ha dejado al margen a la administración pública. La Comunidad Autónoma ha reaccionado a la crisis impulsando el teletrabajo, promoviendo la movilidad de empleados públicos hacia los servicios considerados esenciales y aplicando los permisos retribuidos recuperables al personal al que, por las características de las funciones que realiza, le resulta inviable trabajar a distancia. El Gobierno de Canarias ya ha dejado claro que no piensa reducir la plantilla -"en la administración pública no sobra nadie", ha dicho el consejero del área, Julio Pérez-, pero sí ha tomado medidas encaminadas a adaptarla a los momentos que se viven y a afrontar el aumento de las demandas de los ciudadanos y las empresas -en forma de solicitudes de ayudas o políticas de empleo- para hacer frente al ya visible desplome económico y social que acarrea la pandemia.
No está sobre la mesa, por tanto, la posibilidad de hacer un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) en la función pública, una sugerencia proveniente del ámbito político -en concreto, del presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo- ante los problemas de liquidez que, previsiblemente, pronto acuciarán a las administraciones. "El Gobierno ni quiere ni puede hacer un ERTE", puntualiza el viceconsejero regional de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez. En efecto, el Estatuto de los Trabajadores recoge que la suspensión del contrato o la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor no será aplicable a las entidades públicas, con la excepción de las empresas públicas.
También desde los sindicatos se rebate la oportunidad de plantear recortes de personal en este momento. "Es un disparate", sentencia Manuel González, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca). El dirigente sindical argumenta que pronto "habrá muchos ciudadanos que acudan a las administraciones para solicitar ayudas, subvenciones, políticas de empleo, servicios sociales... Y detrás tiene que haber personas".
Un recordatorio: la administración sabe lo que es apretarse el cinturón. Durante 2008 y 2014 -mientras duraron los efectos de la crisis financiera y económica-, los sueldos de los empleados públicos bajaron en mayor proporción que los del conjunto de los trabajadores. Se ampliaron los horarios de los funcionarios de carrera mientras se redujo la jornada de los interinos. Hubo -mediante la no renovación del personal laboral temporal y la restricción de la cobertura de las jubilaciones- un adelgazamiento de la plantilla que no se ha revertido hasta momentos recientes. Y cuando se ha hecho ha sido a través de la incorporación de interinos y de personal laboral temporal, lo que ha elevado las tasas de temporalidad hasta niveles que superan el 40% en el conjunto de los sectores y el 30% en las consejerías y organismos autónomos (lo que se suele denominar la administración general). La de ahora es, además, una administración muy distinta de la de hace doce años, marcadamente envejecida y necesitada de una renovación generacional que ha vuelto a verse temporalmente frustrada por la suspensión de procesos selectivos e, incluso, de la incorporación de quienes obtuvieron plaza en los que sí llegaron a completarse.
Aunque admite que el debate sobre la financiación de los servicios públicos en unos momentos de enorme gasto social y en que los ingresos se han desplomado "está ahí", Rodríguez remarca que el impacto de los ajustes sobre la administración continúa visible. "Venimos de una década larga en la que la administración pública ha sido uno de los elementos a los que más fácilmente se han aplicado recortes, de ahí la pérdida de empleo neto que ha sufrido", expone.
El viceconsejero de Administraciones Públicas recalca que la respuesta inmediata al riesgo sanitario que ha supuesto la pandemia ha sido la activación del teletrabajo para los empleados públicos que realizan labores administrativas unos 14.000 en todos los sectores, para lo cual se han distribuido ya alrededor de 9.000 redes privadas virtuales (VPN), dispositivos que permiten conectarse en remoto al sistema desde los ordenadores que tienen los funcionarios en sus casas. La intención del departamento es llegar a los 11.000. No se trata de una medida coyuntural. "El teletrabajo ha venido para quedarse, al menos parcialmente", sostiene Rodríguez. Hasta ahora ha sido "una gran asignatura pendiente" que solo se ha empezado a superar ahora, por circunstancias no deseadas pero que favorecen esta modalidad de trabajo. Cuando pase esta situación, el "experimento" forzado por la Covid-19 debe adquirir, advierte el viceconsejero, un carácter más estable, no solo porque es una forma de facilitar la conciliación con la vida familiar y personal y puede contribuir a reducir los desplazamientos en unas islas con evidentes problemas de movilidad, sino por su vinculación a la gestión por objetivos, con la que se pretende avanzar en la eficiencia de la administración pública.Turnos
Pero no todos los empleados públicos desarrollan sus funciones desde casa. Algunos -el "personal crítico"- siguen acudiendo a su puesto de trabajo. Los hay, además, que por definición no pueden teletrabajar -subalternos, sobre todo, pero no solo- y cuya actividad se ha reducido. En este caso se organizan turnos y se ha recurrido a los permisos retribuidos recuperables, la fórmula planteada por el Gobierno central para los empleados de servicios no esenciales que no han podido trabajar presencialmente durante la limitación extrema de la actividad económica en los últimos quince días.
La aplicación de esta figura al personal de la administración no ha convencido a los sindicatos. Manuel González, de Sepca, afirma que incluso el Ministerio de Función Pública entiende que los funcionarios se encuentran fuera del ámbito subjetivo de estos permisos, que en todo caso podrían aplicarse a los laborales.
Es innegable que la epidemia y las medidas derivadas del estado de alarma han, cuando menos, ralentizado la actividad administrativa -muchos plazos permanecen suspendidos, aunque algunos se reanudarán en los próximos días, avanza el viceconsejero- y que esta hibernación convierte en excedentarios ciertos sectores de la función pública. Para trasladar los efectivos de las áreas que ahora son menos necesarias a las prioritarias se han puesto en marcha procesos de movilidad que, en primera instancia, tendrán carácter voluntario y, en segunda -si no se cubrieran todos los puestos-, forzosa, detalla Alejandro Rodríguez. Los servicios destinatarios de este personal trasladado serán, entre otros, los de empleo, políticas sociales o nuevas tecnologías, que tendrán tarea extra en esta nueva realidad que ha impuesto la pandemia.
