Alrededor de 100.000 canarios que han perdido su empleo por culpa del coronavirus no pueden beneficiarse de las ayudas extraordinarias que han puesto en práctica los Gobiernos central y autonómico. Son quienes trabajan en negro o en B, un problema que en el Archipiélago es especialmente preocupante por el extraordinario peso que la economía sumergida tiene en la región. Y, además, con el agravante de que se trata de personas que en su mayoría compaginan varias ocupaciones para poder reunir unos ingresos mínimos con los que pasar el mes. Entre ellas las empleadas de hogar, muchas de las cuales no podrán cobrar el subsidio que acaba de reconocerles el Ejecutivo central por no tener contrato. En el caso de las Islas se quedan sin ayuda aproximadamente una de cada dos.
El elevado volumen de economía sumergida pasa así factura a decenas de miles de trabajadores canarios en el peor de los momentos. La forma más certera de calcular el número de personas que se desempeñan ilegalmente es comparar la cifra de ocupados de la Encuesta de población activa con la estadística oficial de afiliados a la Seguridad Social. Los últimos datos muestran que hay 113.000 ocupados más que afiliados, si bien la diferencia media es de unos 100.000. Un número considerable a pesar de los esfuerzos que en los últimos años se han hecho desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para reducir la lacra del empleo en negro. No obstante, los canarios en esta situación, y por lo tanto excluidos de facto de las medidas anticrisis de los gobiernos, son algo más de 100.000.
El economista José Miguel González, que ocupó el cargo de director general de Trabajo en la anterior legislatura autonómica, explicó ayer que el peso de la economía sumergida en el Archipiélago oscila en la actualidad entre un 15 y un 23% del empleo y del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, esos 100.000 ocupados en B que se desprenden de las cifras oficiales equivalen, dependiendo del mes que se tome como referencia, a entre un 10 y un 13,6% de los trabajadores, con lo que aún permanecen ocultos varios miles más. "Siempre dijimos que había que tener cuidado, que no todo es el corto plazo; y es ahora, en esta situación extraordinaria, cuando se ven las razones", ahondó González, hoy director de Consultoría del despacho Corporación 5 y quien en su día, hace casi diez años y como miembro del gabinete técnico de Comisiones Obreras, estuvo entre los autores de uno de los últimos estudios monográficos sobre la economía sumergida en la Comunidad Autónoma.
El eslabón más débil
En definitiva, esos más de 100.000 canarios (o personas que trabajan en Canarias, ya que un alto porcentaje de los empleos ilegales lo ocupan inmigrantes que han de desempeñarse como buenamente pueden hasta conseguir el permiso de trabajo) no tienen ahora a qué aferrarse. Ni ayudas, ni subsidios, ni aplazamientos de deudas, ni expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ni ninguna otra medida alcanza a quienes trabajan sin cotizar. Así pues, la situación puede ser dramática para muchas de estas personas y para sus familias, de ahí que varias comunidades autónomas estén dispuestas a pasar por alto la deuda histórica de este colectivo con la Seguridad Social e incluirlo en las ayudas públicas. De hecho, el Govern balear ha anunciado que pagará la renta social básica (la gemela de la Prestación Canaria de Inserción, PCI, en el otro archipiélago del país) también a los asalariados de la economía sumergida. Entran ahí empleadas domésticas, cuidadores de personas dependientes sin contrato, pluriempleados en múltiples tareas para completar un sueldo digno e incluso las prostitutas.
Un caso singular es el de las empleadas de hogar (más del 90% de quienes trabajan en casas ajenas son mujeres). Este colectivo cuenta con un régimen propio de cotización, pero solo a efectos de la futura pensión, es decir, que estas personas no tienen derecho a cobrar el paro si pierden el empleo. El hundimiento de la economía por la Covid-19 ha obligado al Gobierno central a rectificar, de modo que las limpiadoras domésticas cobrarán una ayuda extraordinaria en caso de quedarse sin trabajo. Sin embargo, de las más de 19.000 canarias que se desempeñan como empleadas de hogar, apenas 9.983 pueden percibir el subsidio. ¿Por qué? Porque son las que están afiliadas a la Seguridad Social. El otro 50%, como ocurre en el conjunto del país, trabaja en negro, entre otras cosas por el efecto desincentivador que produce un régimen que no da derecho a paro.
