El fin de las medidas para sostener el empleo durante el estado de alarma dará paso a una avalancha de despidos que en Canarias destruirá más de 61.000 puestos de trabajo. El Gobierno central ha dado facilidades a las empresas para recurrir al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y ha prohibido los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (que son la mayoría), pero este plan de choque tiene fecha de caducidad. Más allá de lo que dure la alarma sanitaria solo quedará el compromiso de las empresas de mantener los puestos afectados por los ERTE por fuerza mayor al menos durante seis meses. "Yo no puedo faltar a la verdad; las normas que estamos instaurando son excepcionales y una vez que salgamos del estado de alarma continuará el ordenamiento jurídico antecedente", recordó ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista con la cadena Ser de la que informó Efe. Y llegado ese momento, cuando se retorne a la normativa ordinaria, los nuevos despidos se sumarán a los que se habrían producido incluso en circunstancias normales pero que las empresas han demorado por las restricciones impuestas por el Ejecutivo estatal.

Así lo advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que calcula que entre el 14 de marzo (cuando se declaró el estado de alarma) y el 14 de mayo (el día aproximado en que Fedea sitúa el fin de las medidas extraordinarias del Gobierno), en Canarias se habrían contabilizado 61.000 despidos aun cuando el coronavirus no existiera. Despidos que se producirán igualmente y que serán solo una de las dos oleadas de desempleo que prevé Fedea.

Dos tipos de bajas masivas

"Es posible que se acumulen dos tipos de bajas masivas: las de aquellos trabajadores que hubieran sido cesados o despedidos en una situación alternativa ordinaria y las de los que se den de baja por efecto del coronavirus", explican los economistas José Ignacio García Pérez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía; Sergi Jiménez-Martín, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra; y Florentino Felgueroso, investigador de Fedea. En definitiva, concluyen los expertos, "es probable que el plan de choque contenga esta destrucción de empleo ordinaria y que esta se sume (o superponga) a los efectos reales de la crisis sanitaria una vez se den por finalizadas las medidas de confinamiento".

Las dos oleadas de "bajas masivas" de las que previene la Fundación no están, sin embargo, en el horizonte que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez. La propia ministra Díaz aseguró ayer que no habrá una avalancha de despidos y adelantó que las empresas podrán renegociar los ERTE por fuerza mayor (los expedientes podrán "reconfigurarse", dijo textualmente) si siguen estando en problemas tras retomarse la actividad productiva.

"Si después del estado de alarma hay empresas que siguen necesitando un ERTE, se encontrarán con el apoyo completo del Gobierno y habrá que reconfigurar los ERTE, seguramente que por causas económicas o por otras causas", ahondó la titular de la cartera de Trabajo. Hay que recordar que los expedientes por fuerza mayor solo tienen vigencia durante el estado de alarma y eximen a las empresas de los pagos de las cotizaciones sociales de los trabajadores, mientras que los ERTE por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción (que son a los que tendrían que acogerse las empresas una vez finalizada la alarma) sí obligan a las entidades a seguir abonando las cuotas sociales. Está por ver, por tanto, si el "apoyo completo" que ayer prometió la ministra incluye la modificación de los ERTE ordinarios para que las empresas se ahorren las cotizaciones sociales mientras estén en dificultades. Sea como sea, Díaz garantizó "máxima flexibilidad y sentido común" tanto a los trabajadores como, "principalmente", a las empresas.

Aviso de la 'City'

La seguridad del Gobierno en que no se producirán despidos masivos tras levantarse el estado de alarma contrasta sobremanera no solo con las predicciones de Fedea, sino también con las que se están manejando en la City londinense. IHS Markit, el gigante británico de los sectores de la información y el análisis de mercado y los servicios financieros, avanzó ayer que el sector servicios está experimentando en España la mayor destrucción de empleo desde la Gran Recesión. De hecho, la firma da por descontado que la contracción económica que se producirá en este segundo trimestre del año será mayor que cualquiera de los picos que se experimentaron durante la crisis financiera. "En estos momentos, tratar de cuantificar la magnitud y duración de la pandemia en términos de caídas en el PIB y el empleo es extremadamente difícil, pero en general existe una alta probabilidad de que la severidad de la recesión en el segundo trimestre supere todo lo que hemos observado durante la fuerte recesión de 2008", expuso el economista jefe de IHS Markit, Paul Smith, según tradujo Europa Press.

En cuanto a la situación laboral en las Islas, el Gobierno de Canarias cifra en 158.000 los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo, si bien los sindicatos elevan este número hasta prácticamente las 200.000 personas, tal como avanzó este diario hace ya una semana. El Ejecutivo regional aún no puede dar datos de la incidencia de la crisis en cada uno de los sectores de actividad, si bien la gran mayoría de los afectados son asalariados de los servicios, básicamente del negocio turístico.