Los pequeños y los medianos empresarios y los autónomos exigen medidas más directas al Gobierno de Pedro Sánchez. No quieren aplazamientos de impuestos ni de cuotas a la Seguridad Social, lo que reclaman es que directamente se cancelen y, además, exigen ayudas directas para poder superar una crisis nunca vista antes y cuya duración y consecuencias todavía constituyen una incógnita. Además, las patronales reclaman diálogo, que se les escuche a la hora de tomar medidas para no tener que enmendar las decisiones gubernamentales días después.
"El Gobierno debería empezar a tomar medidas en consenso con el sector privado, al menos consultarnos porque hay muchas actuaciones que se aprueban y que no compartimos", afirma José Juan Socas, presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme). Teniendo en cuenta que el 90% del tejido empresarial canario lo constituyen las pymes y que muchas de ellas apenas tienen entre dos y tres trabajadores a su cargo, el aplazamiento de las cuotas a los autónomos supone un sinsentido. "Es pasar el problema de un mes al siguiente cuando tu actividad es cero y tu facturación es nula", se queja Socas, que critica que no se evite el pago de impuestos y que sólo se establezca una moratoria fiscal. Una decisión más sangrante todavía en el caso de Canarias, con su motor económico, el turismo, en punto muerto y el resto de actividades, como el comercio, cerradas a cal y canto en un escenario de tintes dramáticos. "Son empresas que viven al día y que carecen de un respaldo fuerte como el de las grandes corporaciones", se lamenta Socas.
Las líneas de crédito ICO aprobadas por el Gobierno para dar un respiro a las grandes compañías, así como a las pequeñas y medianas, y los trabajadores por cuenta propia también resultan escasas pues se han quedado cortas antes incluso de que se puedan solicitar, tal y como apunta Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). "Las acciones emprendidas son insuficientes, no queremos ir a medidas de aplazamiento, sino a bonificaciones como realizan otros países de la Unión Europea", asegura el responsable de la CCE, que apuesta también por abrir un diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales, así como con el resto de los partidos políticos de la oposición.
En este sentido, Coalición Canaria señala que "la falta de consenso previo y de búsqueda de diálogo no solo entre sus propios socios de Gobierno sino con el resto de partidos y, sobre todo, con los agentes sociales y económicos no puede ser la tónica de funcionamiento del Gobierno estatal durante esta crisis", asegura el secretario general de CC, José Miguel Barragán, que critica que esta falta de diálogo "obliga a hacer rectificaciones que dan una clara sensación de improvisación que no es buena ni para los ciudadanos ni para la economía, porque resta efectividad".
Los alquileres se pagan
Por ejemplo, la patronal critica que el Ejecutivo de Sánchez haya tomado decisiones que afectan a la flexibilización de los despidos, pues consideran que las competencias en este ámbito han de ser exclusivamente de carácter laboral y, llegado el extremo, judicial. "Parece que somos los malos de la película, que vamos a aprovechar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo para despedir", critica el presidente de Cecapyme, que aclara que si esto ocurre, será la justicia quien tome cartas en el asunto. Mientras tanto, defiende que es el momento de dejar actuar a los empresarios, que persiguen mantener los puestos de trabajo, y no de revisar ni poner freno a las decisiones que tomen.
"Encarecer los despidos fue una medida precipitada que puede dejar a algunos negocios al borde de la liquidación. Si queremos mantener el empleo, hay que preservar el tejido empresarial, es la lección que aprendimos de la crisis de 2008", recuerda Manrique de Lara. Desde Cecapyme, calculan que entre un 50% y un 60% de pequeñas y medianas empresas pueden verse muy dañadas si la actual parálisis económica se alarga en el tiempo ya que, a diferencia de la ocurrida hace una década, ahora apenas se dispone de capacidad de reinvención y el margen de actuación es muy estrecho.
Lo que sí comparten ambas crisis es el miedo a que se vuelva a producir una cascada de desahucios ante la falta de liquidez de inquilinos y propietarios. Para evitarlo, se aprobó en primer lugar la moratoria hipotecaria, ampliada hasta los tres meses, y en la última tanda de medidas, se abordó cómo solventar el pago del alquiler en plena debacle y se aprobó conceder créditos a interés cero en el caso de que los arrendadores sean pequeños propietarios, mientras que en el caso de los grandes tenedores de viviendas, se permite una quita del 50% de la deuda o reestructurarla en tres años.
De esta manera, los arrendadores se sienten más seguros al ver cómo desaparece la amenaza del impago de las rentas. "Los propietarios se sienten más protegidos porque hay que tener en cuenta que en Canarias, sobre el 80% son pequeños dueños, muchos de los cuales necesitan estos ingresos inmobiliarios porque viven de ellos", explica Isidro Martín, delegado en las Islas de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI). Tomar medidas para salvaguardar el derecho a tener un techo se convierte en una medida necesaria, motivo por el que el Gobierno prorroga de manera automática durante medio año los contratos de arrendamiento que venzan en plena crisis para evitar subidas abusivas aprovechando el Covid-19. Una decisión que para Martín puede dar lugar a que "algún listillo actúe de mala fe, sobre todo si esta medida se prolonga en el tiempo".
Una visión muy diferente a la que tienen en el Sindicato de Inquilinas, que lamenta que las familias vulnerables se ven doblemente castigadas al no ver condonados los alquileres de precios desorbitados y tener que pedir un crédito para pagarlos en un futuro, sin saber cuál será su situación económica.
