La debacle económica y social que han provocado la epidemia de coronavirus y las medidas adoptadas para combatirla han llevado a los principales bancos del país a adelantar en una semana el pago de las prestaciones y subsidios por desempleo a sus clientes. La iniciativa ha sido tomada por algunas de las principales entidades y también por las patronales del sector financiero -bancos, grupos surgidos de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito-, en las que se encuentran los grandes bancos, como el Santander o el Sabadell, con lo que sus efectos llegarán a la mayoría de los parados. En lugar del día 9 de abril -el 10, fecha habitual del cobro del paro, se celebra la festividad del Viernes Santo y los servicios de los bancos estarán inactivos-, el ingreso en las cuentas de los desempleados se producirá mañana, día 3.
CaixaBank, Bankia y BBVA son algunos de los bancos que ayer anunciaron esta medida, a la que también se han unido, tras el llamamiento de sus patronales, otras entidades, caso, en el ámbito de Canarias, de la cooperativa de crédito Cajasiete. CaixaBank y Bankia son los grupos financieros que, tras el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros acometido a comienzos de la segunda década del siglo, gestionan ahora las oficinas de las antiguas CajaCanarias (en la provincia de Santa Cruz de Tenerife) y La Caja de Canarias (en la de Las Palmas) y, por consiguiente, acumulan un importante volumen de clientela en el Archipiélago. CaixaBank, en concreto, calcula que alrededor de 50.000 clientes en las Islas podrán acceder al cobro adelantado del paro.
En la decisión de las entidades financieras ha influido también la previsible avalancha de nuevos beneficiarios de prestaciones que se producirá en los próximos días con el considerable incremento del paro registrado, que, según todos los indicios, reflejarán hoy los datos del Ministerio de Trabajo, referidos al mes de marzo. Y eso que las cifras del Ministerio no incorporan a los afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se tramitan estos días, que enviarán al desempleo a miles de trabajadores. En el caso de Canarias, más de 15.000 empresas han solicitado ya acogerse a esta figura para aliviar transitoriamente sus costes laborales y con el compromiso de mantener el empleo. Antes de que, a primera hora de hoy, se conozcan los nuevos datos, la cifra de parados inscritos en las oficinas de empleo ascendía a más de 3,2 millones en España y 207.837 en Canarias.
Según detalló CaixaBank en un comunicado, el procedimiento no exigirá ninguna petición ni trámite administrativo extraordinario, sino que se desarrollará de forma automática. Los beneficiarios podrán seguir recibiendo la prestación en estas condiciones mientras dure la situación de excepcionalidad sanitaria. La medida -que se aplica este mes a quienes ya cobraron la prestación en marzo- se adopta, explica la entidad financiera, para ayudar a las autoridades a paliar los efectos económicos negativos del Covid-19, en este caso a las familias más vulnerables, teniendo en cuenta que la mayoría de los recibos del hogar llegan en los primeros días del mes. Tanto CaixaBank como BBVA esperan no solo contribuir a mitigar los perjuicios que el coronavirus ha generado en las economías familiares, sino también reducir la afluencia de clientes a las oficinas bancarias durante estos días -conseguir "un movimiento escalonado de personas"- y colaborar así en la aplicación de las medidas sanitarias dirigidas a frenar la propagación del virus.
Por su parte, Cajasiete confirmó también que se unirá a este adelanto del pago de las prestaciones por desempleo, al tiempo que avanzó que hará lo propio con el abono de las pensiones, que ya pagaba con unos días de antelación -el día 24 en lugar del 27- y que ahora anticipará aún más, pues su intención es pagarlas el 21.0
Las patronales del sector financiero -AEB, CECA y Unacc- recordaron que la medida se suma a otras ya puestas en marcha y que se destinan a facilitar liquidez y financiación, con aval del Estado, para que empresas y autónomos puedan superar las dificultades derivadas de la situación actual, la moratoria hipotecaria para las personas vulnerables o el aplazamiento del pago de alquileres para los inquilinos de pisos del Fondo Social de Viviendas (FSV).
