31 de marzo de 2020
31.03.2020
Crisis del coronavirus

La 'hibernación' de la economía condena a Canarias a la pérdida de 1.840 millones

La patronal carga contra la política "estatalista y dirigida" del Gobierno de Pedro Sánchez y avisa de que las restricciones desembocarán en una mayor destrucción de empleo

31.03.2020 | 02:32
Una de las muchas obras paralizadas en Canarias por las nuevas restricciones a la actividad productiva impuestas por el Gobierno central.

La paralización de la actividad productiva no esencial le costará a Canarias 1.840 millones de euros en apenas un mes. Y eso como mínimo. El apagado de máquinas decretado por el Gobierno central destruirá así el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago. Al cabo del año, tal como ya habían adelantado el banco estadounidense Goldman Sachs, la escuela de negocios IESE o en el caso de las Islas la consultoría Corporación 5, la crisis por el coronavirus se llevará por delante como poco el 10% del PIB. Un preocupante horizonte que puede ser dramático en términos de desempleo y cierre de empresas si la Comunidad Autónoma y el Estado (especialmente este último) no aciertan en las medidas anticrisis. De momento, y al menos a juicio de la patronal, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo no está dando en la tecla, sino que incluso está tomando decisiones que complicarán la futura recuperación. Decisiones más propias de una política "estatalista y dirigida" que de un Gobierno de la Europa del siglo XXI, según denunció ayer la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

La actividad productiva genera cada semana una media de un 2% del PIB anual. En los primeros 15 días de confinamiento para contener el avance del virus, la economía rindió un 40% por debajo de su capacidad, fundamentalmente por la baja ocupación y el posterior cierre de los hoteles y apartamentos. La producción cayó así un 1,6%, o lo que es lo mismo: se perdieron 736 millones de renta, y ahí entran desde los beneficios de las empresas hasta los sueldos de los trabajadores.

Con todo, la pérdida será mayor en las dos próximas semanas por la hibernación de la economía que ha impuesto el Ejecutivo estatal. La prohibición de toda actividad no esencial, o más bien la prohibición de toda aquella actividad que el Gobierno no considere esencial, deja a la economía del Archipiélago sin el 60% de su capacidad productiva. La hibernación le costará a Canarias, por tanto, otro 2,4% del PIB, esto es, otros 1.104 millones de euros menos en la renta regional. En definitiva, en apenas 30 días se habrá esfumado un 4% del total de la riqueza que Canarias genera en un año. Y esto en una aproximación a partir de lo ocurrido en China (donde surgió el brote original del coronavirus) y de las estimaciones de organismos como la OCDE, Fedea, el servicio de estudios del BBVA, el instituto de estadística francés y el despacho canario Corporación 5, entre otros, que ni mucho menos es la peor de las posibles.

De hecho, todo parece que la merma en el PIB regional estará más cerca del 5% (o incluso más) que del 4%. ¿Por qué? Porque si España tiene una gran dependencia del sector servicios, que es el que más está sufriendo el turismo cero, Canarias directamente sufre una dependencia extrema. Tal es así, que el 35% de la renta global de las Islas sale precisamente del negocio turístico, con lo que si la actividad productiva en el conjunto del país se calcula que estará al 40% de su potencial mientras dure la hibernación, en la Comunidad Autónoma seguramente estará varios puntos por debajo.

Consciente de ello, el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, adelantó ayer a los representantes de la patronal y de los sindicatos su intención de negociar con su correligionario Pedro Sánchez para que la paralización del tejido productivo se amolde a las particularidades de Canarias. A diferencia de en comunidades eminentemente industriales (como, por ejemplo, el País Vasco), la reactivación en las Islas no depende de encender la maquinaria, sino de que vengan turistas. Es decir, que depende del exterior, y en el exterior lo están pasando casi tan mal como en España. Además, Torres se guarda en la manga el as de la condición de Región Ultraperiférica (RUP) del Archipiélago, un estatus europeo que sobre el papel obliga tanto a Bruselas como a Madrid a considerar las singulares circunstancias de las Islas (su lejanía respecto del territorio continental, su fragmentación, su pequeño mercado interior...) en la adopción de medidas económicas.

Rota la confianza

En las dos grandes patronales de la Comunidad Autónoma, la CEOE-Tenerife en el caso de la provincia occidental y la CCE en la demarcación de Las Palmas, el enfado con las decisiones y especialmente con la actitud del Gobierno era ayer manifiesto.

El presidente de la división tinerfeña de la CEOE, José Carlos Francisco, explicó que lo ocurrido en los últimos días ha deteriorado sobremanera el clima de consenso que había existido desde el estallido de la crisis. El decreto de paralización de la actividad, que se publicó hacia las 23.00 horas del domingo cuando debía entrar en vigor el lunes (muchas empresas no sabían si la suya sería o no considerada como actividad esencial y si podrían o no abrir), los permisos retribuidos a cargo de los empresarios y las amenazas apenas veladas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fueron la gota que colmó el vaso. Del consenso se pasó a la "desconfianza", reconoció Francisco, en solo 72 horas.

En línea con su homólogo de la CEOE, el presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, exhortó al Gobierno a rectificar, "de forma urgente", unas medidas impropias de la economía del siglo XXI y que menoscaban la reputación de España en el exterior. "A ver si al fin entendemos que no hay nada más trágico para un empresario que despedir a un trabajador", ahondó Manrique de Lara.

Un daño sin precedentes

Ambas patronales remitieron sendos escritos a sus asociados, a los que ha tenido acceso este diario, en los que advierten de que las medidas del PSOE y Podemos causarán un daño "enorme y sin precedentes" a la economía y el empleo. Un daño del que no escapará ningún sector y que se cebará especialmente en los autónomos y las pymes. "Estas medidas pueden ocasionar el cierre definitivo de muchas empresas y conducir a una crisis aún más profunda", coinciden la CCE y CEOE-Tenerife, que lamentan que el Gobierno haya ignorado a la patronal en la toma de decisiones. Hacen falta ahora, según las dos organizaciones provinciales, medidas "económicas, fiscales y laborales" para evitar el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos.

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