La Dirección General de la Aviación Civil ha adjudicado a Binter, por 368.000 euros, la cobertura de los vuelos interinsulares permitidos en Canarias hasta el fin del estado de alarma decretado en España por la pandemia de coronavirus Covid-19, según publica este martes el BOE.

La resolución de la Dirección General dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que establece las condiciones en las que se ha de prestar este servicio restringido en las rutas aéreas canarias sometidas a obligaciones de servicio público prorroga esta adjudicación hasta las 00.00 horas del 12 de abril, es decir, hasta el final de la prórroga del estado de alarma aprobado el pasado 14 de marzo.

Las rutas afectadas por las restricciones aéreas vigentes en Canarias durante el presente estado de alarma son las que enlazan Gran Canaria con Tenerife Norte, para la que se han fijado tres frecuencias diarias (ida y vuelta); Gran Canaria con Fuerteventura, con una frecuencia; Gran Canaria-Lanzarote, con dos; Tenerife Norte-Fuerteventura, con una frecuencia diaria; Tenerife Norte-La Palma, con dos; y Tenerife Norte-El Hierro, con una frecuencia.

La resolución que publica el BOE establece que estos servicios se ofrecerán a un precio final de venta al público de 80 euros por trayecto directo, incluyendo todos los conceptos que deba abonar el pasajero.

Para los desplazamientos que requieran hacer escala en las islas de Tenerife o Gran Canaria, se establece un precio único final de venta al público de 100 euros.

Los horarios de los vuelos serán establecidos libremente por el adjudicatario, aunque deberá procurar que estén coordinados para permitir realizar, al menos, un desplazamiento de ida desde cualquiera de las islas a cualquier otra en el mismo día.

La compañía ofrecerá al público solo el 50 % de la capacidad total de cada aeronave para asegurar la debida separación entre pasajeros.

En el transporte de la carga que pueda complementar al transporte de pasajeros, la aerolínea dará prioridad a los productos perecederos, material médico, medicamentos y otros productos fundamentales de urgente necesidad para el abastecimiento de la población.

La oferta de plazas y de servicios se facilitará a través de los canales de distribución habituales, si bien se reforzará y se dará prioridad a la venta no presencial.