El Estado avalará microcréditos sin intereses a devolver en un periodo de entre tres y seis años para los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus y paralizará durante seis meses los desahucios por impago de rentas, incluidos los iniciados antes de la pandemia.
La propuesta que llevará hoy el Ministerio de Transportes al Consejo de Ministros supone movilizar 700 millones de euros e incluye la prórroga automática durante seis meses de los contratos de alquiler que vayan a vencer y una moratoria de cuatro meses en el pago de la renta, si los propietarios de los pisos son "grandes tenedores", es decir, fondos de inversión, entidades financieras, inmobiliarias y de gestión de activos.
En estos casos, la deuda acumulada se prorrateará para que los inquilinos la puedan pagar en un periodo máximo de diez años, han explicado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
El borrador de decreto establece que son inquilinos "vulnerables" los que tienen que destinar más del 40 % de sus ingresos al alquiler y distingue entre vulnerables "coyunturales" y "estructurales".
Los primeros serían el grueso de familias, trabajadores, autonómos y pequeños comerciantes que han visto reducidos sus ingresos por la decretada paralización de la actividad económica, pero que se recuperarán cuando finalice el actual estado de alarma.
Para estos afectados, se prevén microcréditos avalados por el Estado, a través de una línea del ICO, cuyos intereses sufragará el Mitma con cargo al Plan Estatal de Vivienda. En cuanto a los colectivos vulnerables estructurales, los pagos de sus rentas los cubrirá el ministerio con cargo a los fondos previstos en los planes estatales.
Aunque no hay datos oficiales, el Mitma calcula que entre el 85 y el 90 por ciento del mercado residencial de alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades.
