El Gobierno paralizará los desahucios por alquileres de vivienda durante seis meses. Así como impondrá una prorróga automática de los contratos vencidos también durante seis meses, de manera que nadie pueda quedarse sin techo durante el periodo que dure la crisis sanitaria. Esta son dos de las medidas que debe tratar mañana el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes (Vivienda) y que cuentan con el respaldo de los ministerios de Economía y Hacienda. Fuentes del Ejecutivo apuntan que estas medidas, como la los avales a las personas que tengan tengan que solicitar un crédito para pagar el alquiler, anunciadas el pasado sábado, aún deben ser confrontadas con las propuestas que realicen los ministros de Unidas Podemos, pero señalan que las modificaciones serán mínimas.

Esta medida, destacan fuentes de Transportes puede alcanzar al 85% de las personas que viven en régimen de alquiler en España. Las personas afectadas por la crisis sanitaria y que necesiten pedir un crédito para pagar el alquiler podrán recurrir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tendrá un plazo para devolver el crédito de entre tres y seis años. Esta fórmula, en todo caso, evita acudir al sistema financiero tradicional y que el Estado tenga que avalar los créditos.

En situación de quiebra

Transportes también plantearán en el consejo de Ministros que las personas o familias que se vean abocadas a la quiebra por la actual situación no dejarán de tener una vivienda. Se movilizará una partida del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 500 millones de euros para actuar sobre esa situación. Fuentes consultadas señalan que además de esos recursos, existe una línea de 300 millones de euros destinada a la Comunidades Autónomas que también podrán movilizarse para paliar esa situación.

Las propuestas sobre el alquiler también incluyen a los grandes propietarios, aquellos que tienen más de ocho propiedades. El Consejo de Ministros estudiará una moratoria de cuatro meses para los inquilinos en situación de vulnerabilidad, que se consideran aquellos que tienen que destinar más de un 40% de la renta que perciben al arrendamiento de la vivienda. El perfil de vulnerabilidad puede sufrir algún cambio, señalan las fuentes consultadas. Los inquilinos afectados por la moratoria tendrán entre tres y 10 años para hacer frente al pago aplazado. en este caso, hay alguna diferencia con Podemos, que respalda la suspensión directa de la renta.