28 de marzo de 2020
28.03.2020
Crisis del coronavirus

El Estado quiere el superávit de los ayuntamientos y cabildos canarios

Hacienda plantea a las autonomías 'confiscar' los 28.000 millones bloqueados en los bancos

28.03.2020 | 01:10

El Estado quiere quedarse con los 28.000 millones de euros del superávit de las entidades locales. El Gobierno central necesita dinero para costear las decenas de miles de despidos y expedientes de regulación de empleo que está causando la parálisis económica. Un enorme gasto imprevisto que coincide con una caída sin precedentes de la recaudación y que compromete la liquidez del país. El Estado, en definitiva, se está quedando sin dinero en caja para sufragar los pagos inmediatos. Y al mismo tiempo debe seguir abonando las nóminas de los funcionarios y cubriendo todos los demás gastos del entramado institucional. En esta delicada e histórica coyuntura, el Ministerio de Hacienda ya se ha convencido de la necesidad de desbloquear cuanto antes esos miles de millones de euros que los cabildos y ayuntamientos acumulan ociosos en los bancos. Pero eso sí, la idea es que esos fondos vayan a las arcas estatales para hacer frente a la "emergencia nacional", con lo que las entidades locales se quedarían sin unos dineros que llevan reclamando desde hace años. En Canarias, la suma inutilizada por la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera asciende a unos 4.500 millones de euros.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, informó de su intención a los responsables de las finanzas de las distintas comunidades autónomas en la reunión que mantuvieron el miércoles. De hecho, los consejeros de Hacienda de los Ejecutivos regionales se enteraron antes que los propios ayuntamientos y cabildos, que al menos hasta ayer no tenían conocimiento alguno de la mutualización del superávit local que pretende el Gobierno. En la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que es la entidad que armoniza los intereses de las más de 8.000 corporaciones locales del país, aseguraron desconocer los planes del Ministerio. "Ningún miembro del Gobierno se ha dirigido a la Federación para trasladarle esa intención", explicaron. Sin embargo, desde la Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, que dirige el también vicepresidente Román Rodríguez, confirmaron que Montero efectivamente les había trasladado la idea de apropiarse de estos fondos de la Administración local. "Es totalmente cierto", afirmaron.

Lo que no está claro es la fórmula para hacerse con el control de ese dinero. Es decir, cómo podrían los municipios y cabildos "ofrecer" (que es el término exacto que Montero empleó en la reunión con los consejeros) su superávit a otras instituciones para contribuir a la lucha contra la crisis sanitaria. Hubo unanimidad en que hay que desbloquear de inmediato esos 28.000 millones, que es precisamente lo que vienen reclamando con ahínco tanto la FEMP como la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), pero no hubo coincidencia en cuanto a qué Administración debe gestionar los fondos.

En este sentido, hay autonomías que no quieren que el dinero lo gestione el Estado, entre ellas, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, sino que sea cada Gobierno regional el que se haga cargo de la parte que corresponda a sus entidades locales. Bajo esta fórmula sería el Ejecutivo canario el que gestionaría los 4.500 millones que los 88 ayuntamientos y siete cabildos tienen ociosos en los bancos. En cualquier caso, los paganinis seguirían siendo las corporaciones municipales e insulares.

No obstante, esa vía intermedia evitaría que los dineros acabaran en las arcas estatales y, por tanto, bajo el control exclusivo del Gobierno central. Hay autonomías que no estarían dispuestas a permitir una mutualización de estos fondos cuando unas regiones han sido escrupulosas en el cumplimiento de los objetivos de deuda y déficit públicos y otras directamente los han ignorado, sin ir más lejos Cataluña, que los cumplió por primera y única vez el año pasado. Así que de esta manera el superávit acumulado por la Administración local de cada comunidad se quedaría íntegramente en esa comunidad.

Pero lo anterior tampoco responde a cómo se materializaría esa transferencia, si bien la vía más factible es la del préstamo de obligatorio reembolso. Hacienda confiscaría esos 28.000 millones y los devolvería en el futuro a la Administración local. Sea como sea, hay que puntualizar que los problemas de liquidez del Estado exceden con mucho de esa cuantía, por lo que ese dinero sería una ayuda pero no la solución. Ya solamente los sueldos públicos costaron en 2018 algo más de 127.000 millones de euros, de modo que los 28.000 del superávit local apenas cubren unas cuatro mensualidades de la nómina.

Esos miles de millones ociosos son la consecuencia de la ley de estabilidad, que obliga a destinar el superávit (lo que queda a final de año tras pagar todos los gastos) a amortizar deuda. Una medida de control financiero que se ha pervertido porque hace ya años que la mayoría de ayuntamientos no tiene deuda, con lo que el superávit, bloqueado para cualquier otro fin, queda de facto inutilizado por más que haya necesidades que atender.

Carta a la ministra

En relación también con el superávit, aunque en este caso con el de la Administración autonómica (unos 270 millones de euros), Román Rodríguez adelantó ayer que ha enviado una carta a la ministra de Hacienda en la que le pide la autorización del Ejecutivo central para destinar ese dinero para paliar los efectos del coronavirus. El vicepresidente solicita así formalmente lo que ya en reiteradas ocasiones ha demandado el Gobierno de Canarias, tanto en boca del jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, como en la suya propia.

La oportunidad de la carta radica en que el Estado va a fijar próximamente las cuantías que cada ayuntamiento puede destinar para este fin. El objetivo del Gobierno regional es que se incluya al Archipiélago y al resto de comunidades autónomas con superávit en ese supuesto, y que el gasto no financiero resultante de su aplicación no compute a los efectos de la regla de gasto ni de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

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