La pandemia del coronavirus tiene una vertiente económica cuyas consecuencias todavía son difíciles de calcular y son varias las voces en todo el mundo que piden ayudas directas para los ciudadanos más desprotegidos.

Autónomos y pymes con cero ingresos y una avalancha de ERTEs que afectan a cientos de miles de personas en España: la pandemia del coronavirus tiene también una vertiente económica cuyas consecuencias todavía son difíciles de calcular.

Ante la dureza de la situación que encaran tanto trabajadores como negocios, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez anunció la semana pasada una batería de medidas extraordinarias que aseguran por una parte la cobertura de suministros esenciales para proteger a los ciudadanos más vulnerables y por otra, las principales necesidades de empleadores y empleados.

En otros países también se está pasando a la acción, con partidas de miles de millones de euros. Por ejemplo Francia ha anunciado que interrumpirá el cobro de alquileres y facturas de agua, gas y electricidad a pymes en dificultades. A su vez, Italia ha aplazado durante 18 meses los pagos de la hipoteca para los más afectados.

Cheque de emergencia

Porque, ¿cómo asumir el recibo de la luz o la cuota de la hipoteca cuando los ingresos en la unidad familiar se han reducido o incluso se han frenado en seco?

La respuesta de Estados Unidos es atacar directamente al bolsillo de sus habitantes repartiendo 'fondos de emergencia' de 1.200 dólares a todos aquellos ciudadanos que ganen menos de 75.000 dólares anuales. La propuesta, que todavía se está debatiendo en el Congreso, supondría destinar a estos cheques la mitad del billón de dólares que Donald Trump quiere movilizar como balón de oxígeno a la economía estadounidense.

Es decir, una renta básica que, siguiendo criterios de ingresos, impacte de forma de forma directa en las familias más perjudicadas.

Una idea que este domingo defendió también el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, durante una entrevista con LaSexta. El que fuera ministro de Economía con Mariano Rajoy entre 2016 y 2018 se mostró partidario de habilitar una "renta mínima de emergencia" con la que "hacernos cargo de las necesidades básicas de los más vulnerables".

"Tiene que actuar el Estado en este período transitorio para que después de la crisis sanitaria, con un impacto económico intenso y profundo, no se produzca una crisis social", afirmó De Guindos.

Más partidarios

En Reino Unido, más de 500 académicos han hecho la misma petición al Gobierno de Boris Johnson en una carta abierta publicada en The Independent y varios parlamentarios han solicitado esta medida al gobierno británico.

Voces como la de Yanis Varoufakis, economista y exministro de Finanzas griego, o de los economistas españoles Santiago Niño Becerra o Antón Costas, se han pronunciado de forma favorable a la adopción de una renta de emergencia como escudo ante el previsible deterioro social y económico que va a causar el COVID-19.

¿Y España?

Así las cosas, ¿serviría una medida así en España? "Se trata de una necesidad social apremiante que una sociedad decente debe ser capaz de proveer a sus ciudadanos más frágiles. No es ya una cuestión de solidaridad, es un derecho de ciudadanía", expone Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona (UB).

Por su parte, Santiago Niño Becerra coincide en que sería una medida adecuada, aunque identifica un problema. En su opinión, emprender una acción como esta, ahora que se ha decretado el estado de alarma, tendría un efecto "muy limitado". ¿La razón? Que al estar los establecimientos con la actividad parada, solo se beneficiarían las grandes empresas "porque están abiertas y pueden vender y suministrar".

"La mayoría de las tiendas, pymes y micropymes (muchas de ellas formadas por autónomos) están cerradas; es decir, se les ha impedido ingresar, y a diferencia de las grandes empresas que tienen reservas, estas dependen de sus ingresos diarios", apunta el catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramon Llull.

Economía sumergida

Y plantea otra dificultad en su aplicación, la de los criterios a seguir. Porque, aunque considera "correcto" el método planteado en Estados Unidos vinculado con los ingresos mínimos percibidos, Niño Becerra afirma que en España el "problema" es el fraude fiscal. Según expone, la evasión de impuestos "contamina las estadísticas de ingresos: duplica al de Alemania y casi triplica el de Suecia".

También el Consejo General de Colegios de Economistas pone de relieve la falta de un registro válido y fidedigno de ingresos como obstáculo a la hora de aplicar este criterio para la asignación de unos subsidios mínimos a la ciudadanía.

A su vez, Antón Costas ahonda en la otra cara de la moneda de la economía sumergida española para justificar la necesidad de una "renta básica por conoravirus".

"Hay muchas personas y hogares en España que han quedado sin ingresos y no se pueden beneficiar de los mecanismos convencionales de ayuda como son los ERTEs, las prestaciones por desempleo o las prestaciones no contributivas", indica.

Pone como ejemplo a todas aquellas empleadas del hogar "que hacían trabajo a domicilio sin ningún tipo de contrato laboral y que debido a la cuarentena se han quedado sin ese ingreso y sin posibilidad ninguna de sustituirlo" y a los riders que hacían servicios de mensajería y delivery, también sin contrato.

Y añade que el problema es "especialmente grave" en el caso de los niños que tenían beca de comedor, ya que al cerrar los guarderias y colegios se han quedado "sin esa ayuda alimenticia indispensable". "A todos estos grupos de personas es necesario hacer llegar ingresos en dinero de forma directa", aclara Antón Costas.

¿Sería asumible?

Ante la pregunta de si sería asumible por parte del Estado, el catedrático de la UB afirma rotundamente que sí, ya que en términos de coste para el erario público, el presupuesto necesario para esta renta básica supondría "cantidades muy razonables".

"No veo obstáculos insalvables, ni económicos ni administrativos, para que España no pueda hacerlo", asegura.

Por su parte, Santiago Niño Becerra destaca que España se encuentra ahora "en una situación económica de parón, por lo que lo que se está barajando es minimizar la destrucción". En este sentido, este experto recuerda que "todo se va a financiar con deuda que España no tendrá problema para vender, porque paga puntualmente los intereses".

Reforzar las protecciones sociales

En contra de una renta básica se manifiesta el Consejo General de Colegios de Economistas. Aunque consideran "evidente" que habrá que reforzar todas las ayudas sociales, "porque no serán suficientes", no son partidarios de una iniciativa de este tipo.

"Depende de que esto dure más o menos el sector productivo va a estar más o menos dañado, y lo estará menos si nuestras empresas y la gente tienen liquidez. Para ello no hay una sola acción, sino un conjunto", indican.

Por ello, hacen énfasis es en la necesidad de apoyar a las empresas con medidas fiscales, como la prórroga de los pagos a Hacienda, y también con el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social.