Las familias más afectadas por el impacto económico y social que está suponiendo la crisis sanitaria del coronavirus Ese es al menos el objetivo planteado ayer por el comité de gestión social, un órgano creado por el Ejecutivo regional para tomar medidas en el ámbito social mientras dure la emergencia provocada por el virus y que también cuenta con órganos de coordinación en los ámbitos sanitario y económico.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, denomina a esta ayuda Noemí Santanarenta, que sería una ayuda coyuntural mientras se mantenga esta situación y dirigida de forma preferente a familias sin ingresos o con escasos recursos y cargas familiares. Según Santana "nuestro compromiso es no dejar a nadie atrás, por eso creemos necesario poner en marcha esta renta de emergencia porque también nos lo estaban pidiendo los colectivos sociales y las entidades del tercer sector".
En los próximos días se concretará el desarrollo de esta iniciativa, es decir, a cuántas familias podrá llegar y los fondos que se destinarán a la misma. En la actualidad la PCI beneficia a unas 7.000 familias y cuenta con un presupuesto de más de 80 millones de euros. El importe de la cuantía básica mensual es de 486,90 euros y después hay una serie de complementos variables en función de los miembros que forman la unidad de convivencia y participen en los programas específicos de inserción.
Excepcionalidad
La titular de Derechos Sociales recalcó que esta medida es "excepcional" porque también Canarias atraviesa una "situación de excepción" y viene a complementar las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno central para inyectar liquidez no solo a las empresas, sino también a las familias y a los afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Esta emergencia sanitaria y económica llega cuando el Ejecutivo regional ya se encontraba realizando los primeros borradores relacionados con la renta canaria de ciudadanía, unas de las principales banderas del cuatripartito. El objetivo inicial era el de elaborar la ley con el fin de aprobarla en el Parlamento antes de finalizar el año y así iniciar la renta el próximo año, subsidio que vendría a sustituir a la PCI, ampliando el número de beneficiarios y las condiciones para poder acceder a esta ayuda, como ya ocurre en otras comunidades autónomas. Según el departamento que dirige Noemí Santana, también se articularán medidas que garanticen que ninguna familia sufra falta de alimentos, de suministro de agua, luz y que los niños que hasta ahora comían en comedores escolares, no se quede sin recibir alimentos.
Otra de las medidas que se pusieron sobre la mesa en la reunión del comité de gestión social es la solicitud que se hará desde la consejería de Derechos Sociales al Gobierno del Estado para que se permita utilizar el superávit de las cuentas canarias para gasto social. De esa manera, según Santana, "haremos extensibles en el tiempo algunas de las medidas excepcionales que vamos a tomar".
El comité, igual que el sanitario y el económico, estuvo presidido por el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, quien resaltó la necesidad de que la emergencia social vaya en paralelo a la sanitaria porque "hay familias que lo están pasando mal y la Administración tiene que darles una respuesta, a la vez que tomar decisiones para el día después del virus ante el quebranto socioeconómico que se va a producir".
Santana por fin se deja ver
Es la primera vez que comparece Noemí Santana desde que se constituyeron los comités de emergencia para la crisis. En un primer momento se dijo que no acudía a Presidencia del Gobierno por ser grupo de riesgo al tener un bebé. Tampoco estuvo en la reunión del comité de gestión sanitaria del pasado lunes. Sin embargo, ayer sí acudió a la convocatoria del comité de gestión social, un órgano donde el departamento de Santana es el principal implicado al llevar las políticas sociales.
