El Fondo de Desarrollo de Canarias Las instituciones de la Comunidad Autónoma necesitan dinero con urgencia para paliar la crisis socioeconómica que ha causado el coronavirus Hay consenso entre el Gobierno regional y las entidades locales en que las obras no son ahora la prioridad, sino en primer lugar lo sanitario y luego la protección social de quienes pierdan sus puestos de trabajo, con lo que también los dineros del Fdcan quedan de facto destinados para paliar las consecuencias del Covid-19.

El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, puso sobre la mesa la necesidad de reorientar el Fdcan en la reunión que los grupos parlamentarios mantuvieron ayer con el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres Pero es igualmente cierto que ya en el Gobierno venían planteándose cambios en el Fondo de Desarrollo, que fue en su día la medida estrella del Ejecutivo que presidió el nacionalista Fernando Clavijo Tal como explicó Curbelo, también presidente de turno de la Fecai (la Federación Canaria de Islas, que es la organización que armoniza los intereses de los siete cabildos), con los dineros del Fdcan se pueden comprar materiales y equipamientos sanitarios o ayudar a quienes más lo necesiten. "Ahora hay que invertir en personas, no en obras", subrayó el presidente de la Fecai. Además, la medida dará algo de aire a las arcas públicas, tanto a las de la Administración autonómica como a las de cabildos y ayuntamientos, amenazadas por el desplome de la actividad económica y la consecuente caída de la recaudación de impuestos.

Hay que puntualizar, eso sí, que la reformulación temporal del Fdcan no es ni de lejos la solución a los problemas de liquidez de las instituciones. De hecho hay parte de los 80 millones de la anualidad de este año que está comprometida para determinados proyectos en las distintas islas, de modo que no podrá usarse. La idea del Gobierno es concretar de aquí al próximo lunes, como máximo, las cantidades que efectivamente puedan redirigirse del Fdcan a la lucha contra la crisis, pero hace falta más, en realidad mucho más. En esta línea, tanto desde la Fecai como desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam) hicieron una vez más hincapié en la importancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez se dé prisa en desbloquear el uso del superávit, lo que permitiría inyectar casi 4.800 millones de euros al conjunto de la Administración pública regional. Alrededor de 4.500 millones de los siete cabildos y 88 ayuntamientos permanecen ociosos en los bancos por la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que solo deja usar el superávit (los ingresos que les quedan a las instituciones una vez cubiertos todos los gastos) para pagar deuda. Como resulta que la inmensa mayoría de las entidades locales isleñas no tiene deuda, pues el dinero se queda durmiendo en las cajas fuertes de los bancos. Y a estos 4.500 millones se suman los aproximadamente 270 del superávit con que el Ejecutivo autonómico cerró 2019, un total de 4.770 millones de euros pendientes de que se plasme en la ley la voluntad de Bruselas de relajar el control del déficit y la deuda públicas.

Pero al margen del Fdcan y del superávit, hay otros frentes abiertos para intentar paliar la crisis económica que ya está en marcha. En el Consejo Asesor del Presidente, que también se reunió ayer, el consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Gobierno de CanariasRomán Rodríguez, manifestó su intención de pelear para que aumenten las ayudas del Régimen Económico y Fiscal (REF). No en vano, las autoridades comunitarias también han abierto la mano a permitir transitoriamente las ayudas de Estado, de las que las Islas sí disfrutan en el marco del REF, y como excepción, por su condición de región ultraperiférica. Así pues, en el caso del Archipiélago el objetivo es incrementar o potenciar estas ayudas.

Tras la reunión del Consejo Asesor, patronal y sindicatos avanzaron que solo en siete días de confinamiento por el virus se han presentado 4.000 expedientes de regulación temporal de empleo que afectan a más de 20.000 trabajadores. Una media diaria de 571 expedientes y casi 2.900 despidos temporales.