La crisis generada por el coronavirus no ha hecho más que empezar y los estragos causados por el cierre de multitud de negocios, con la consecuente parálisis de la economía, ya se dejan sentir con ímpetu en el mercado laboral canario. La semana pasada ya se habían presentado 44 solicitudes de expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) en las Islas, según datos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, y empresarios y sindicatos prevén una "avalancha" en los próximos días. Patronales y organizaciones sindicales solicitan medidas urgentes que garanticen la supervivencia de las empresas y la recuperación de los empleos ante el parón forzoso de la actividad al que ha obligado el Covid-19.
Las dos patronales canarias -Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y CEOE-Tenerife, así como los dos sindicatos con mayor representación -CCOO y UGT- trasladaron ayer, en el marco de la reunión del Consejo Asesor, sus peticiones al presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres Reclaman una intervención inmediata y efectiva de los poderes públicos, más aún si se tiene en cuenta la fuerte afectación que la inactividad produce en el sector turístico, responsable de más de un tercio del PIB de la región.
El deterioro de la actividad ha abocado ya al sector a realizar ajustes. Desde la semana pasada, antes de que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez decretase el estado de alarma sanitaria en el país para tratar de frenar el avance del coronavirus, los sindicatos ya apuntaban a que unos 50.000 empleos temporales estaban abocados a la desaparición. Con el endurecimiento de las medidas para frenar el ascenso de la pandemia -Canarias se encamina al turismo cero-, el panorama es ahora mucho más desalentador. Si bien empresarios y sindicatos coinciden en que "es imposible" calcular cuántos expedientes de regulación de empleo temporal se formalizarán y cuántos trabajadores estarán afectados por tratarse de una situación sobrevenida, el presidente de la patronal de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, señaló ayer que podrían presentarse ERTE por más de 100.000 trabajadores". "Nada es más importante en estos momentos que una tramitación ágil de los ERTE que se están planteando ya de forma masiva", subrayó el líder de los empresarios de Las Palmas. Desde CCOO se apunta a que parte de los ERTE presentados se debe a la clausura de los centros educativos, si bien se espera que mucho de ellos estén ligados a empleo turístico.
De los 818.141 afiliados a la Seguridad Social que había en febrero en Canarias, 699.808 están adscritos al sector servicios. De éstos, casi la mitad (el 43,84%) corresponden a los segmentos del comercio (158.495) y la hostelería (148.324), los grandes perjudicados por el cierre obligatorio de establecimientos y reducción de conexiones aéreas. El secretario general de CEO-Tenerife, Eduardo Bezares, advierte que todo el entorno que rodea al sector turístico y hotelero -como las empresas subcontratadas para la prestación de servicios externos- serán de las primeras en resentirse.
Además de los ERTE exprés, las patronales y los sindicatos esperan que el Consejo de Ministros apruebe hoy una serie de medidas de carácter laboral, como la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia y que ésta no compute en el historial de la persona afectada o la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores.
Tanto Manrique de Lara como Bezares han hecho hincapié en la necesidad de que el Estado garantice la liquidez de las empresas, circunstancia imprescindible para que las entidades puedan afrontar los pagos pendientes. A nivel nacional se ha apuntado que son necesarios unos 100.000 millones de euros, pero Bezares expone que aún es difícil saber cuánto dinero se requerirá en las Islas. En cuando a sus obligaciones fiscales y económicas, también demandan una mayor flexibilización. De este modo buscan que se les exima de las cuotas a la Seguridad Social durante este proceso o la prórroga durante dos años de la aplicación de la RIC para destinar esos fondos al sostenimiento de la empresa y el pago de nóminas antes que a nuevas inversiones de ampliación o diversificación que, según sostiene, "probablemente en este momento no tengan ni sentido".
La protección de la cadena de suministro, así como el sostenimiento de la actividad en los sectores de la construcción, la industria y la agricultura, centraron también parte de la preocupación de empresarios y sindicatos. Respecto a esto último, las organizaciones sindicales solicitaron que no se coarte la ejecución de dichas actividades para que en esos segmentos no haya, al menos, afectación en el empleo.
La Cámara de Comercio de España, al igual que patronal y sindicatos, exige al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez medidas fiscales, financieras y laborales "urgentes y determinantes" para garantizar la subsistencia de la economía.
Pedro Martínez, secretario de Política Institucional de la gestora de UGT, esgrimió que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas serán las primeras en sufrir el parón económico, principalmente aquellas ligadas a la actividad turística y hostelera. Inocencio González, secretario general de CCOO en Canarias, recalca, por su parte, que la situación actual requiere de una intervención inmediata. "Esto hay que arreglarlo lo antes posible porque, de no ser así, las consecuencias económicas serán mayores y de difícil reparación", afirma. No en vano, que los despidos temporales se conviertan en definitivos es unos de los grandes temores del sindicato, que también apuesta por impulsar medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar.
El futuro es incierto y las patronales no saben cuándo podrá comenzar a recuperarse la actividad. En el mejor de los casos, estiman, que a partir de dos meses. ¿Sobrevivirán todas las empresas? Bezares advierte que aquellas que ahora sean inestables o estén endeudadas "es probable" que no lo hagan.
