Los trabajadores que se vean afectados por una suspensión de empleo provocada por el coronavirus y que no hayan cotizado el tiempo suficiente para cobrar la prestación de paro también deben recibir cobertura por parte de la Seguridad Social. Esta es una de las medidas que estará sobre la mesa en el próximo Consejo de Ministros de este martes, tal como han confirmado fuentes del Gobierno a patronal y sindicatos. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez tiene previsto aprobar una nueva batería de medidas para paliar los efectos ocasionados por la crisis del coronavirus en la economía y dar cobertura a todos los potenciales trabajadores afectados puede ser una de ellas.
En la noche del pasado miércoles CEOE, Cepyme, CCOO y UGT consensuaron un documento con una serie de propuestas para minimizar el impacto económico del covid-19. Y una de dichas medidas era "contemplar el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia". Es decir, que la Seguridad Social garantizará que aquellos trabajadores que no hayan cotizado lo suficiente para acceder a una prestación por desempleo y se vieran afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) también acabarán cobrando un subsidio. Dicho periodo de carencia es actualmente de 180 días de cotización en los últimos cinco años y de este podían verse excluidos trabajadores jóvenes, sin experiencia previa, trabajadores con trayectorías con mucha temporalidad o parados de larga duración que hace poco tiempo que hubieran salido del desempleo; entre otros.
Según las fuentes consultadas entre los agentes sociales, Trabajo ha asumido básicamente el documento de propuestas formuladas por patronal y sindicatos no solo en lo relativo a los ERTE "e incluso más allá", según el mensaje que les ha transmitido el Gobierno en conversaciones telefónicas informales. Ampliar la cobertura a aquellos trabajadores que no dispongan de la carencia suficiente plantea también un mayor gasto para las arcas públicas. En este sentido, la propuesta de los agentes sociales insta al Gobierno a costear las prestaciones consumidas del conjunto de trabajadores afectados mediante un fondo de contingencias extraordinario. Y no cargo de la Seguridad Social, para así no incrementar su actual déficit.
