El decreto de alarma que ayer aprobó el Consejo de Ministros para frenar la propagación del virus Covid-19 no incluye ninguna medida para amortiguar los graves impactos económicos y laborales de la crisis. Las discrepancias dentro del Gobierno sobre el alcance de tales medidas hicieron que la discusión y aprobación de un nuevo “plan de choque económico” hayan sido aplazadas hasta el próximo martes. En su comparecencia de anoche, Pedro Sánchez anticipó genéricamente que se flexibilizará la legislación sobre las regulaciones de empleo para evitar despidos y se articularán ayudas a los trabajadores y a las familias vulnerables, así como para las pymes y a los autónomos. No precisó más.
Las informaciones que ayer trascendieron sobre el debate en el Consejo de Ministros apuntan a que las ministras económicas del PSOE -la de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Economía, Nadia Calviño- mantuvieron un pulso con el Vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a propósito del alcance del referido plan económico, aunque también sobre otros aspectos del estado de alarma. Algunos medios han atribuido a Iglesias una propuesta de nacionalizar las empresas eléctricas que habría provocado una bronca con la ministra Calviño.
Tensiones en el Ejecutivo
Las tensiones en el Gobierno de coalición habrían aflorado ya en cuanto a la oportunidad de aprobar las medidas económicas al mismo tiempo que el conjunto de drásticas limitaciones de desplazamientos y cierre de actividades acordadas para intentar detener la pandemia. Las diferencias habrían aflorado el viernes, durante una larga y tensa reunión en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que acabó sin acuerdo, quedando pendiente la parte económica del “estado de alarma” para la reunión del Consejo de Ministros. Según El País, los ministros socialistas eran partidarios de dejar la aprobación de las medidas para empresas, trabajadores y familias para el martes, en tanto que Iglesias habría defendido que el Consejo de Ministros decidiera ya sobre este asunto. La dimensión del desembolso público necesario para asumir algunas de las medidas que se pusieron sobre la mesa también fue motivo de discrepancia, con Montero y Calviño en posiciones de contención frente a las más expansivas de los ministros de Podemos.
El aplazamiento del programa económico se produce a pesar de los compromisos asumidos estos últimos días por el Gobierno con los sindicatos UGT y CC OO y con las patronales CEOE y Cepyme. Uno de esos compromisos consiste en revisar la legislación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que la crisis del coronavirus tenga cabida en la modalidad de fuerza mayor, la de tramitación más breve, y también que se habiliten medios y procedimientos para que la aplicación de ese mecanismo de ajuste provisional de empleo sea lo más ágil posible. Miles de empresas españolas, entre ellas un número impreciso pero relevante de pymes asturianas, están pendientes de esa reforma para solicitar un ERTE, tras haber quedado temporalmente sin actividad o con ella muy menguada.
Queda en el aire también una demanda de los sindicatos y de patronales como las de turismo: que los trabajadores que vayan al paro no pierdan días de prestación mientras dure la crisis del coronavirus, para no quedar desprotegidos en poco tiempo. El alto coste de esa medida habría suscitado debate dentro del Consejo de Ministros de ayer. También está por concretar la ayuda para padres que deban reducir su jornada laboral para cuidar a sus hijos y sin tener opción de “teletrabajar”. Esa nueva prestación fue anunciada el pasado miércoles por el ministro de Seguridad Social, José Manuel Escrivá.
Medidas extraordinarias
Las organizaciones empresariales y de autónomos demandan medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de las pymes (financiación, aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social...), particularmente las de aquellos sectores que, como consecuencia del impacto directo de la epidemia o de las medidas para frenarla, se han quedado sin ingresos. Pedro Sánchez recordó, en su comparecencia de ayer, que el Gobierno aprobó esta semana un primer “plan de choque” con la posibilidad de que pymes y autónomos aplacen seis meses pagos fiscales. “Ello supone una inyección de liquidez de 14.000 millones”, insistió Sánchez.
El presidente del Gobierno evitó hablar de discrepancias dentro del Ejecutivo y señaló que el debate fue “intenso” y “enriquecedor”. Y reconoció que la crisis del coronavirus tendrá un “impacto de envergadura” en la economía española, si bien insistió en que el Gobierno hará “todo lo que esté en su mano” para amortiguar los efectos económicos y sociales y que ello se concretará en la reunión del Consejo de Ministros del martes.
