La Audiencia Nacional ha dejado este martes visto para sentencia el juicio por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la aerolínea irlandesa Ryanair en sus bases de Canarias, que afecta a más de 200 trabajadores y que fue impugnado en diciembre por los sindicatos USO, Sitcpla y Sepla.

Durante más de siete horas, las partes se han centrado en los casos de personal contratado directamente por la compañía, ya que, aunque en el calendario inicial también estaba programado que se analizara la situación de los trabajadores procedentes de las agencias Crewlink y Workforce, la vista ha sido aplazada al próximo 19 de marzo.

Ryanair, que en 2019 anunció el cierre de las bases de Tenerife Sur, Lanzarote y Gran Canaria, ampara su decisión en la ineficiencia de estas sedes, el retraso de las entregas de los Boeing 737-MAX, el elevado coste de operaciones, así como en la incertidumbre ante el escenario posterior al Brexit y su impacto en territorio insular.

Argumentos que han sido rechazados ante la sala de lo Social tanto por USO y Sitcpla, como representantes de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) a los que se dirige el ERE -en vigor desde el pasado 8 de enero-, como por Sepla, en nombre de los pilotos en idénticas circunstancias.

En su escrito de impugnación, los tres sindicatos rechazan que existan las "causas productivas" que esgrime Ryanair, entre otros motivos, porque la compañía de bajo coste no ha podido demostrar la facturación en las operaciones de las bases canarias.

Tampoco se da, a tenor de USO, Sitcpla y Sepla, ninguna justificación organizativa respecto a los sistemas o métodos de trabajo del personal, no en vano Ryanair "ni siquiera las incluye en su informe técnico ni en la memoria", limitándose "exclusivamente" a proponer el cierre.

Sin embargo, la compañía, que asevera que los costes laborales en España son más competitivos que en mercados más caros como el Reino Unido, Escandinavia o Alemania, insiste en que los ajustes del ERE se debieron, principalmente, al retraso en las entregas del Boeing 737-MAX, modelo que fue suspendido tras los accidentes mortales de Indonesia y Etiopía.

Además de aquellas con sede en Canarias, la medida también afectaba, en un primer momento, a la base de Gerona; sin embargo, a principios de diciembre, Ryanair optó por mantener esta última aunque con un funcionamiento estacional si los trabajadores aceptaban un cambio de contrato, que pasaría de fijo a fijo discontinuo.

En la práctica, ello equivale a que durante tres meses al año y de forma rotatoria, el personal de esta base catalana se quedará en situación de paro.

"Es un ERE plagado de irregularidades formales y materiales", ha denunciado ante los medios la presidenta del Sitcpla, Monique Duthiers, que confía en que la justicia se posicione a favor de los trabajadores en el primero "de los cuatro juicios que se esperan para esta primavera contra Ryanair".

Un extremo en el que coincide con la secretaria de Comunicación de la sección sindical de USO, Lidia Arasanz, que explica que la compañía aún tiene pendiente "la resolución en Madrid por 'coacciones y violentación del derecho a la huelga'; los servicios mínimos abusivos de la huelga de diciembre de 2018; y las posibles ilegalidades que estudia Inspección de Trabajo en los nuevos contratos que se obligó a firmar a los trabajadores de Gerona".

Incisivo se ha mostrado antes de la vista el delegado del Sitcpla Manuel Lodeiro, que ha aseverado que "todo lo que rodea a la compañía es surrealista", y ha pedido al Gobierno que "regule la actividad de Ryanair en todo el territorio nacional".

En su opinión, es "injusto" que se haya planteado un ERE en Canarias "sin ningún plan de recolocación", y ha lamentado que se permita a la aerolínea "campar a sus anchas" cuando el resto "tiene que cumplir la ley".

Algo que subrayan desde Sepla, que apunta a los "años de incumplimientos" por parte de Ryanair con "los pilotos como falsos autónomos" o la "difícil" conciliación laboral, y pone el foco en Gerona, donde se firmaron "contratos abusivos" para esquivar el ERE.