Las restricciones en el sector del juego continúan. La proliferación de salones y casas de apuestas físicas es un fenómeno social que cada vez preocupa más en las Islas y una cuestión cada vez más presente en la agenda política canaria. La última decisión del Gobierno regional ha sido la suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas a la espera de la aprobación de una ley canaria más restrictiva para el sector. La medida, materializada en forma de decreto ley y publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), tiene como objetivo prioritario el de salvaguardar a menores y a otros colectivos necesitados de especial protección.

El decreto no solo prohibe la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas, sino que además suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones a este tipo de espacios en casinos y salas de bingo. El objetivo es acabar con la proliferación de estos locales mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y el nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias.

La nueva norma del Ejecutivo regional establece que la duración de la suspensión no será superior a los 18 meses ya que el Gobierno espera introducir las modificaciones en el menor tiempo posible. "La situación de suspensión no es lo mejor para ningún sector, por lo que cuanto antes introduzcamos las medidas de prevención y corrección para proteger a los menores antes ganaremos todos", explica Alejandro Rodríguez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia.

Hasta que esto ocurra, solo quedan exentas de la suspensión un total de seis solicitudes que continúan pendientes de resolver en las Islas y que comenzaron el procedimiento antes de que se aprobara la nueva norma. En Canarias existen 36 locales específicos de apuestas externas, una cifra que no resulta excesiva al tener en cuenta el número de habitantes y compararla con el resto de autonomías, según indica Rodríguez. La proliferación más preocupante del sector en las Islas se da en casinos, bingos y salones recreativos. En Canarias hay ocho casinos y 32 bingos, y el 75% de las salas de bingo autorizadas disponen de espacios de apuestas, porcentaje que se eleva al 94,7% cuando se habla de salones recreativos. De estos últimos, ya existen 285 establecimientos en el Archipiélago, de los cuales 51 se abrieron el pasado año.

Una de las causas que explican el incremento de estos locales es la modificación en 2018 de la vigente ley de juegos y apuestas operada por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, que sustituye el régimen de autorización -tradicional régimen de licencias- por el de declaración responsable. Un cambio que, aunque mantenía los mismos requisitos, facilita la labor al empresario y "agiliza la apertura de locales", según explica Rodríguez.

Esta modificación también incluye que la habilitación que se conceda a estos locales tendrá vigencia temporal indefinida. Estas dos cuestiones fueron las que llevaron al Ejecutivo canario a tramitar la norma de suspensión en forma de decreto ley. El derecho a presentar declaraciones responsables para obtener las licencias está recogido en una norma con rango de ley, por lo que "solo una norma de la misma clase podría suspenderla", explica Rodríguez. La urgencia motivó la elección del Gobierno de la fórmula del decreto ya que "era la única manera de evitar un periodo de trámite en el que se pudieran seguir presentando solicitudes con vigencia indefinida y el problema fuera cada vez mayor", declara el viceconsejero.

El Ejecutivo recalca, además, la importancia de la suspensión inmediata para evitar que los futuros acuerdos que se adopten choquen con las características y ubicación de futuros locales. "Si llegamos a la conclusión de ampliar los metros de distancia de los establecimientos a los centros docentes o de ocio y hay muchas licencias con vigencia indefinida que incumplan estas cuestiones nos encontraremos con muchos problemas, por eso lo mejor es paralizar", aclara Rodríguez.

Para el Gobierno ahora lo importante es abrir un periodo debate en el que se escuche a todas las partes, incluido a los empresarios y a las entidades que representan la lucha contra las adicciones. "Queremos que todos los intereses estén representados en la reforma y buscar los máximos consensos", apunta Rodríguez.