El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la anulación de los criterios mediante los que el Gobierno canario adjudicó a Redexis la instalación de las redes de gas ciudad en el Archipiélago. Pese a estimar parcialmente algunas de las pretensiones de la empresa y del Ejecutivo regional, el TS avala la parte sustancial de la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que concluía que los criterios de valoración del decreto autonómico 345/2015 no respetan el objetivo de que estas infraestructuras atiendan al menor coste para el sistema gasista.
La sentencia del Supremo -fechada el 24 de febrero y todavía recurrible- llega en un momento muy distinto al que se vivía cuando el Gobierno regional decidió impugnar el fallo del TSJC. Entonces todavía gobernaba en las Islas Coalición Canaria, que apostaba firmemente por las infraestructuras de aire propanado y gas ciudad, que Redexis preveía ejecutar en ocho municipios de la Comunidad Autónoma (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, La Laguna, Telde, Agüímes, Arona, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz). Ahora, con la llegada del cuatripartito de izquierdas y con la Consejería de Transición Ecológica -competente en materia de energía- en manos del PSOE, el interés por esta fuente energética ha desaparecido, en beneficio de las renovables.
"El decreto impugnado orilló, desatendió y desplazó el criterio de valoración de menor coste para el sistema gasista, que sustituyó por otros criterios valorativos (...), cuando, independientemente de la mayor o menor dificultad de su aplicación, resultaba de obligada atención", expone el Supremo para argumentar su confirmación de la sentencia del tribunal autonómico en este punto. En perjuicio de este criterio, la normativa canaria optó por privilegiar otros de carácter complementario: la rapidez de la implantación y la extensión de la red, que entre ambas acaparaban el 100% del valor, según lo establecido en el decreto.
Redexis estudia la sentencia
Los servicios jurídicos de Redexis estudian actualmente la sentencia para decidir si la recurre, indicaron fuentes de la compañía. Redexis recuerda, además, que no solo apuesta por el gas, sino que es una empresa de infraestructuras energéticas "completa y global" y de "gran capacidad inversora". En este sentido, las fuentes apuntan a que se mantiene el "compromiso" con el Archipiélago, plasmado en proyectos que contribuyan a tener una energía más barata, eficiente y sostenible medioambientalmente, caso de la solar fotovoltaica o el hidrógeno. "No nos retiramos de Canarias", reiteran.
Los planes de la compañía para implantar el gas ciudad en las Islas tropiezan, por tanto, con la oposición del actual Gobierno autonómico y con los reveses judiciales. Además, el crédito de 125 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Redexis y que la empresa preveía destinar a esta actuación ya ha sido empleado en otras infraestructuras gasistas en la Península, puesto que la paralización del proyecto del gas ciudad en Canarias imposibilitaba que se pudiera ejecutar en plazo.
Los criterios de valoración constituyen el núcleo del decreto, por lo que su anulación supone un varapalo para la compañía, a falta de lo que pueda resolverse tras un hipotético recurso. En cambio, el Supremo sí ha atendido los argumentos de Redexis -parte demandada, junto al Gobierno canario y Gas Natural, en el recurso interpuesto en su momento por DISA- en lo relativo a la determinación de las zonas de distribución, anulada por el TSJC por coincidir con el término municipal. A juicio del tribunal autonómico, el concepto de zona de distribución "se basa en consideraciones de eficiencia económica del desarrollo de la red de distribución y no descansa sobre la base de ámbitos geográfico-políticos completamente ajenos a la dinámica de la actividad, como es el de término municipal".
El Supremo no comparte esta apreciación. Entiende, más bien, que "la coincidencia de la zona de distribución con el término municipal no supone ningún obstáculo para la preferencia de la empresa distribuidora de zona", que deriva de los principios de "monopolio natural de distribución" y "red única", que el decreto impugnado respeta. Según el alto tribunal, "las razones que llevaron a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a incorporar dicho criterio en el decreto impugnado consistieron en que el término municipal proporciona una delimitación geográfica clara, pues se corresponde con un territorio perfectamente delimitado". Además, las alegaciones de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno autonómico demostraron que la coincidencia de la zona de distribución con el territorio de un municipio "no es una novedad". En resumen, para el TS este contenido del decreto "no es contrario a la normativa básica estatal".
Los detalles del proyecto
En plena polémica sobre la conveniencia de dar luz verde al gas canalizado, Redexis cuantificaba el alcance del proyecto. Con la red que pretendía ejecutar, preveía suministrar energía a unas 425.000 viviendas y 5.800 negocios y edificios públicos (hoteles, industrias, cafeterías, hospitales...) para agua caliente, calefacción, refrigeración y cocina (en el caso de las viviendas y el sector terciario) o procesos térmicos o con motores, cogeneración y uso como materia prima (en el de la industria). Según los cálculos de la compañía, el ahorro en la factura energética sería, con esta nueva fuente, del 30%, en tanto que las emisiones de CO2 se reducirían también en un 30% respecto a las que produce la generación mediante petróleo.
El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ya dejaba claro el pasado septiembre el giro del nuevo ejecutivo en relación a las infraestructuras gasistas. "El gas era una energía de transición hace 15 o 20 años, cuando teníamos problemas para avanzar en renovables. Hoy día, solo tiene sentido para el tráfico marítimo, que es responsable de entre el 8% y el 10% de los gases de efecto invernadero", afirmó. Dos meses después, el viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Pérez, corroboró en el Parlamento regional que los proyectos de gas ciudad están "totalmente descartados".
