El Gobierno pretende endurecer las condiciones de acceso a las jubilaciones anticipadas, mejorar los incentivos a la prolongación de la vida laboral, incrementar el atractivo fiscal de los planes de pensiones de empresa (los pactados en el seno de la negociación colectiva) como instrumentos de previsión complementarios de las pensiones públicas y reducir las ventajas tributarias de las que disfrutan los planes individuales privados, anunció ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Socia y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Las propuestas, dirigidas a fortalecer la viabilidad del sistema público de previsión social y a afianzar la sostenibilidad de la caja única de la Seguridad Social ante el desafío demográfico, el alargamiento de la esperanza de vida de los pensionistas y la próxima jubilación de la muy nutrida generación nacida durante el boom natalista de los años sesenta, son coincidentes con las que Escrivá defendía durante su etapa como presidente de la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (Airef) pero ayer precisó que se trata de propuestas colegiadas tras su debate y análisis en el seno del Ejecutivo y en "diversos órganos" del mismo, y con las que se aspira a alcanzar un "gran consenso, lo más amplio posible" con el resto de las fuerzas políticas para la reforma del sistema, de modo que se despejen las incertidumbres y se garantice la sostenibilidad del modelo.

En el debate también hubo alusiones a descargar a la Seguridad Social de aquellos gastos que no le son propios (las prestaciones no contributivas) y que deberían ser sustentadas por el Presupuesto General de Estado y los impuestos, y no con las cotizaciones sociales.

El sistema público de pensiones afronta problemas pero son "manejables y reconducibles", señaló el ministro, quien desacreditó los vaticinios y augurios "alarmistas" que se han sucedido sobre la viabilidad de las pensiones públicas desde los años 90 con proyecciones demográficas y de déficits que no se han materializado en los términos dramáticos con los que se expusieron en los últimos treinta años. No obstante, el ministro sí pidió a todos los grupos actuar "con urgencia" y concendiendo a la reforma de las pensiones "prioridad absoluta". En los próximos 25 años se jubilarán once millones de personas, tres millones más que en el último cuarto de siglo.

A juicio de Escrivá, la actual tasa de reemplazo (el importe de la pensión en relación al último salario percibido en la vida laboral), situada de media en el 70%, es "aceptable" y "se puede mantener", al igual que un mecanismo estable de revalorización de las prestaciones vinculado al_IPC que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas y que no precisó.