La expresidenta de la CNMV Elvira Rodríguez ha explicado este miércoles en la Audiencia Nacional que el organismo regulador pidió al Banco de España que respaldara la solvencia del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016, en relación al presunto déficit de provisiones de 4.700 millones de euros.

Según fuentes jurídicas, durante las dos horas que ha durado su declaración como testigo, Rodríguez ha reiterado lo que ya expuso en enero de 2018 ante la comisión del Congreso que investigaba la crisis financiera, en la que defendió la labor desempeñada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como supervisor de la operación.

A requerimiento de la CNMV, el Banco de España envió un documento remitido por el entonces director general de Supervisión, Mariano Herrera, en el que el regulador avalaba las provisiones previstas por el banco en la nota de valores de la ampliación de capital, 4.700 millones de euros frente a los 3.400 requeridos por el regulador.

La CNMV quería saber la opinión del Banco de España sobre los importes de las incertidumbres que pudieran afectar a los niveles de cobertura y sobre el riesgo derivado de las cláusulas suelo, así como sobre los datos de solvencia, concepto este último que justificó su resolución y posterior venta al Santander al precio de un euro.

El Banco de España constataba en el documento que las provisiones necesarias para hacer frente a la cartera inmobiliaria y de adjudicados se elevaban a 2.432 millones de euros, que subirían hasta 3.412 si se añadían todos los segmentos de la cartera crediticia.

Asimismo, destacaba que el Popular tenía intención de contar con 4.700 millones de euros de provisiones para el ejercicio 2016.

La expresidenta de la CNMV se ha referido también a un informe que el supervisor bursátil pidió a KPMG sobre las provisiones para créditos e inmuebles, a fin de aclarar si las incertidumbres al respecto deberían haberse reflejado en las cuentas de 2015 o podían contabilizarse al cierre del ejercicio 2016, que fue lo que finalmente sucedió.

"Clientes cautivos"

Siempre según las mismas fuentes, Rodríguez ha explicado que la CNMV es el supervisor de conducta de las entidades emisoras, en tanto que el Banco de España lo es de su solvencia; cumpliendo con ese mandato, el organismo se interesó por cómo se comercializó la ampliación entre lo que ha denominado "clientes cautivos", aquellos con créditos u otros productos del banco.

Su testimonio se ha limitado a la pieza separada que investiga la ampliación de capital de 2.500 millones de euros llevada a cabo en junio de 2016, ya que Elvira Rodríguez estuvo al frente de la CNMV entre octubre de 2012 y octubre de 2016. El próximo testigo citado por el juez José Luis Calama es el exgobernador del Banco de España Luis María Linde, que tendrá que declarar el 11 de marzo.

En octubre de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitía a trámite varias querellas como la de la asociación de consumidores OCU, contra los últimos presidentes de la entidad, Angel Ron y Emilio Saracho, y sus respectivos consejos de administración, dando inicio a la apertura de dos piezas separadas.

El auto del magistrado distinguía una primera etapa, con Ron al frente, período en el cual se investigaría la ampliación de capital de 2016 por valor de 2.505 millones de euros.

La segunda se limitaría a los 108 días de presidencia de su sucesor, periodo en el que, según las acusaciones, se habría producido una campaña de desprestigio para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios, lo que podría constituir un delito de manipulación del mercado.