Alberto Villalobos: "La economía sumergida son votos, y a los políticos les cuesta meterse en eso"

El resultado es que son los propios empresarios y las organizaciones que los representan los que tienen cargar con la mayor parte del trabajo de luchar contra un fenómeno que plantea una "competencia desleal" a quienes sí cumplen y que, además, "no aporta absolutamente nada a la sociedad". En el caso de Femete, el combate se lleva a cabo a través de diferentes "herramientas". "Una es la comunicación, la inspección, el forzar un poco que la situación se pueda visibilizar", explica Villalobos. La otra es, precisamente, YoSoyLegal, que supone una vía para "luchar en positivo". Esta iniciativa premia a todas aquellas empresas constituidas de manera legal.

"Solo las empresas asociadas a Femete y que, por tanto, han pasado el filtro de legalidad y cumplen con la normativa, son las que tienen derecho a estar en este portal". A partir de ahí se producen intercambios y negocio entre las empresas adheridas y los consumidores, que también se pueden registrar. El asociado legal se beneficia de una mayor actividad económica y de la visibilidad que le da estar en el marketplace creado por Femete. Una novedad enriquecerá pronto esta propuesta: una tarjeta de fidelización que permite acumular puntos cada vez que se adquiera un producto o se pida un servicio en cualquiera de las empresas registradas y que se pueden intercambiar por otros consumos o regalos, de manera que también se premia al consumidor.

El sector del metal y las nuevas tecnologías -integrado por instaladores eléctricos, de agua y de gas, mecánicos de automóviles o carpinterías metálicas, entre otras actividades, como las energías renovables, la eficiencia energética o el desarrollo de software- "se presta, en muchas ocasiones, a evitar la luz y la transparencia de la economía legal, lo que explica la especial incidencia que tiene en él la irregularidad y la importancia que le da la patronal a las actuaciones dirigidas a prevenirla y atacarla. "Los trabajos y servicios que produce ni son de calidad ni tienen garantía y sus trabajadores están absolutamente en precario. Ese no es el modelo que todos queremos para nuestro país y nuestra sociedad", afirma con rotundidad Alberto Villalobos.

En cuanto al apoyo de las administraciones, la patronal de una de las dos patas de la industria en el Archipiélago -la otra es la agroalimentación, representada por Asinca- solo quiere algo de ayuda en su labor de fiscalización e inspección. Las acciones que acomete en este sentido tienen un coste elevado, empezando por YoSoyLegal, con la parte de desarrollo tecnológico que implica. "Pedimos que nos echen una mano en la financiación", apunta su presidente, que recuerda que el anterior consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, "lo vio muy claro" y "ayudó muchísimo". Respecto al actual Ejecutivo, han encontrado receptividad en la consejera de Industria, Yaiza Castilla, y ahora están retomando los contactos con Economía tras la sustitución de Carolina Darias por Elena Máñez.

Pese a los obstáculos que plantean las actividades irregulares, la industria marcha razonablemente bien en Canarias y, sobre todo, crea empleo. Al cierre del año pasado no había notado todavía los efectos de la patente desaceleración económica -aunque sí los percibía en el entorno- y, aunque los márgenes de resultados han bajado desde que la globalización ha extendido la competencia a prácticamente todo el planeta, el crecimiento continuaba. Las 13.000 empresas industriales -de todas las ramas- que hay en las Islas crean alrededor de 60.000 puestos de trabajo. Si se tiene en cuenta que el tejido empresarial canario es, salvo contadas excepciones, de pequeño tamaño, la media -casi cinco empleos por cada firma- no es desdeñable. Predominan, eso sí, los autónomos, pero también hay empresas con más de cien asalariados.

Empleo y cualificación

La capacidad de empleabilidad del sector "es mucha", resalta Villalobos, y obedece a las necesidades de cualificación que precisa y que la propia Femete se encarga de proporcionar a través de sus actividades formativas. Estos programas están muchas veces vinculados a compromisos de inserción laboral que, en la mayoría de los casos, "se cumplen sobradamente". Los niveles de inserción oscilan entre el 60% y el 70%, aunque en sectores como las reparaciones navales rozan el 90%. "Nuestras 1.500 empresas asociadas son una ventaja que estamos sabiendo aprovechar, porque sabemos lo que nuestros empresarios necesitan en lo que se refiere a cualificación y formación profesional", asegura el presidente de la patronal del metal.

La formación es, en este sentido, "el principio de todas aquellas actividades que tengan clara su vocación de supervivencia y crecimiento", según el dirigente empresarial. En el caso del sector representado en Femete, la formación cualificada y tecnológica es indispensable para afrontar una competencia que, en estos momentos, "te viene de cualquier lado".

Para que ese potencial de generación de empleo se mantenga y expanda, las empresas del sector "solo necesitan que se den condiciones de estabilidad y certidumbre" y también no ser "apaleadas" con un exceso de impuestos y cotizaciones. "Pedimos a las administraciones que sean prudentes y consecuentes, porque aumentar la presión fiscal, las cotizaciones sociales o ambas es muy peligroso y va a hacer muchísimo daño", advierte Villalobos, que insiste en los cada vez más estrechos márgenes que obtienen estos negocios. Tampoco le parece la mejor idea una subida generalizada del salario mínimo interprofesional (SMI) sin contar con las patronales. Aunque "la inmensa mayoría" de las actividades que se engloban en Femete se encuentran por encima del SMI, su presidente alerta de "otras derivadas", como el efecto sobre los trabajadores del campo y las empleadas de hogar o los convenios referenciados al salario mínimo. "¿Y qué ocurre con las personas que no están cualificadas o están recién salidas de una formación profesional o una universidad? Esos serán los más perjudicados", sostiene.