El Gobierno sigue la estela de Europa y ha decidido lanzar dos nuevos impuestos de carácter medioambiental, uno sobre transporte aéreo y otro sobre los envases de plástico de un solo uso destinados a contener alimentos. El Ministerio de Hacienda sometió ayer a información pública los documentos sobre los nuevos tributos, en los que aún no se detalla ni la base imponible, ni los tipos fiscales aplicables, ni tampoco su horizonte temporal o previsión de recaudación. Existe tiempo material para que ambos impuestos puedan entrar en vigor este año, aunque todo depende de cómo se desenvuelva el debate público entre los sectores afectados y la tramitación parlamentaria.
En lo relativo al uso del transporte aéreo, el Gobierno subraya en el documento elaborado por la Dirección General de Tributos que la implantación de un nuevo impuesto puede resultar útil para limitar el impacto medioambiental de este medio de transporte y se alude a que medidas similares han sido puestas en marcha en países como Austria, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia o Italia.
"Mediante la introducción en el ordenamiento interno de un impuesto que grave el uso del transporte aéreo se pretende no solo internalizar el coste de las externalidades ambientales ocasionadas por la emisión de gases de efecto invernadero, sino fomentar en sus usuarios la utilización de otros modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente", recoge el documento sometido a información pública con el que Hacienda pretende recabar propuestas de los colectivos interesados hasta el 14 de marzo. Aunque no se dice de forma explícita, este gravamen sobre el transporte aéreo podría recaer, en principio, sobre los billetes de avión, toda vez que el propio documento subraya que sería inviable adoptar el camino de un tributo sobre el combustible del queroseno, pues la normativa europea impide su aplicación a los vuelos intracomunitarios o internacionales.
Hacienda recuerda que el transporte aéreo goza en la actualiza de una tributación ventajosa al amparo de una directiva europea del 2003. Se apunta, también, que respecto al queroseno y demás productos energéticos utilizados en el resto de la navegación aérea internacional, existe la obligación de suministro libre de impuestos sobre los carburantes y otros productos de avituallamiento de las aeronaves. "La medida más eficaz en aras de la consecución de los objetivos que pretende la norma es el establecimiento de un impuesto que grave el uso del transporte aéreo", explica el Gobierno en el texto, apuntando hacia el billete de avión como posible hecho imponible del impuesto. El Ejecutivo canario también ha dejado claro su intención de implantar impuestos verdes. Ya en el acuerdo firmado en junio del pasado año por PSOE, Nueva Canarias (NC), Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) para formar Gobierno, se apuntaba a la introducción de una imposición medioambiental. NC y Podemos ya habían defendido en varias ocasiones la tasa turística y siempre se encontraron con la oposición del sector, que avisan de la amenaza que este tributo puede suponer para la principal actividad económica del Archipiélago, que representa más de un tercio del PIB.
Impuestos verdes
El Ejecutivo presidido por el socialista Ángel Víctor Torres ha retomado en las últimas semanas la idea de imponer tributos verdes, aún sin concretar, al turismo, la industria y el transporte, si bien advierte que toda actividad que contamine será susceptible de ser gravada para luchar contra el cambio climático y la emisión de gases a la atmósfera. Los sectores afectados, a priori, por la tributación que recogerá la Ley de Cambio Climático que prepara el Gobierno canario han mostrado ya reticencias y necesidad de diálogo para su implantación.
El Ministerio de Hacienda defiende la necesidad de los nuevos tributos dentro del escaso peso de la fiscalidad medioambiental en España y en las sucesivas recomendaciones de la Comisión Europea. Según datos de 2017, España tiene el quinto porcentaje más bajo de ingresos medioambientales de la UE. En aquel ejercicio, estos solo supusieron el 1,83% del PIB, frente a una media de la UE del 2,40%.
