27 de febrero de 2020
27.02.2020

Los impostores hurtan cada mes 153.000 euros de las prestaciones a parados

Los inspectores destapan en Canarias 417 casos de fraudes y empresas fantasmas para cobrar subsidios. El montante ingresado ilegalmente roza los dos millones

26.02.2020 | 20:18
Los impostores hurtan cada mes 153.000 euros de las prestaciones a parados

La Policía Nacional desarticuló en marzo del año pasado una red criminal que había defraudado a la Seguridad Social más de 360.000 euros con el cobro ilegal de prestaciones de desempleo. La trama consistía en la contratación de un gran número de ciudadanos extranjeros en empresas que en realidad no tenían actividad alguna. Eran altas ficticias de las que se valían estas personas para obtener permisos de residencia y percibir la prestación de desempleo u otros subsidios de paro cuando la pseudoempresa las despedía. La Operación Trafalgar, que así se bautizó, acabó con veinte investigados, quienes al parecer habían seguido el mismo patrón en hasta ocho provincias españolas, entre ellas la de Las Palmas. Este solo es un ejemplo entre las decenas de casos que cada año destapan en Canarias las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). La reforma del Código Penal que entró en vigor en 2013, y que tipificó en su artículo 307 el delito contra la Seguridad Social por el cobro indebido de prestaciones, ha contribuido a que la actividad de los impostores haya disminuido en los últimos años, pero estos aún consiguen hurtar el 0,2% del dinero que la Administración destina para atender a los desempleados de la región, un montante de 154.000 euros mensuales.

Los inspectores de la ITSS han llevado a cabo en los últimos años una labor "incesante y continua", subrayan desde el organismo público, para descubrir falsos beneficiarios de prestaciones y empresas fantasmas que exigen dinero a sus también falsos empleados a cambio de mantenerlos en nómina el tiempo suficiente para cobrar el paro. Hasta 1.764 investigaciones abrieron en 2018 los funcionarios de la ITSS en la Comunidad Autónoma, en las que registraron 417 infracciones relacionadas con la percepción indebida o irregular de prestaciones de la Seguridad Social. La gran mayoría de los casos, un total de 382, tienen que ver con el cobro ilegal de subsidios de paro, hasta el punto de que el número de fraudes en prestaciones de incapacidad temporal, invalidez o jubilación es casi testimonial.

En resumen, un 24% de las investigaciones que la Inspección emprende en las Islas (prácticamente una de cada cuatro) desemboca en la apertura de un expediente de infracciones. El año anterior, 2017, se contabilizaron 582 irregularidades en 1.543 casos, con lo que el porcentaje de infracciones llegó al 38%, uno de los más altos del país. La labor de los inspectores y de las fuerzas policiales, amén de las medidas legales disuasorias incluidas en el Código Penal, ha contribuido así a reducir estos delitos en la Comunidad Autónoma, tanto en términos cuantitativos, con 165 casos menos en un año, como relativos, al caer el porcentaje en 14 puntos.

Además, esta tendencia positiva va más allá del último año. En 2013, justamente cuando comenzó la progresiva disminución de estos delitos gracias a la reforma penal, la ITSS abrió en el Archipiélago 2.296 investigaciones relacionadas con el cobro ilegal de subsidios, en las que descubrió infracciones en un 48% de los casos, para un total de 1.096. En definitiva, la lucha legal, policial y administrativa contra los impostores parece estar dando sus frutos, al menos en Canarias, si bien las cantidades defraudadas, aunque también se reducen, siguen sensiblemente por encima de las de los años anteriores al estallido de la crisis económica en 2007. Es a partir de ese momento, con las estrecheces ahogando cada vez más a familias y empresas, cuando se dispara el fraude en el cobro de prestaciones de la Seguridad Social.

El montante de las infracciones rozó en 2018 en la Comunidad Autónoma los dos millones de euros, exactamente 1,85 millones, una media mensual de 154.167 euros. Se trata de un 27% menos que en 2017 pero de casi el doble que en 2007. Si se tiene en cuenta que el Estado gasta cada mes unos 90 millones de euros para atender a los desempleados de las Islas, resulta que el 0,2% del gasto mensual en subsidios de paro acaba en los bolsillos de los impostores. Eso sí, la cuantía defraudada en 2013, justo en lo peor de la crisis económica, superó los 4,1 millones de euros, lo que evidencia la eficacia de la labor inspectora del organismo público.

Los defraudadores, en muchos casos auténticas redes que extienden su actividad por varios puntos del país simultáneamente, como hacía la trama descubierta en la Operación Trafalgar, se apropiaron en el último lustro de cerca de 14 millones de euros, exactamente de 13,9 millones, mediante el cobro ilegal de prestaciones de la Seguridad Social. Y esto únicamente en Canarias. En el conjunto de España, y solo en 2018, que es hasta donde abarcan los datos que acaba de publicar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el cobro ilegal de prestaciones, mayoritariamente de subsidios de desempleo, supera los 34 millones de euros, cerca de 260 millones en los últimos cinco años.

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