El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la nueva senda de estabilidad presupuestaria, con los objetivos de déficit y de deuda para las Administraciones Públicas fijados por el Gobierno para 2020 y para el período 2021-2023, primer paso hacia la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Junto a la nueva senda de estabilidad presupuestaria, el Gobierno ha informado al Congreso del límite de gasto no financiero, el conocido como 'techo de gasto', para este año 2020, pero también para 2021, aprobados ya por el Consejo de Ministros. De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya tiene 'techo de gasto' para elaborar sus Presupuestos de 2020 y de 2021, que alcanzará un tope de 131.437 millones.

En las votaciones, además de PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno ha contado con el respaldo de PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe. Esquerra Republicana, EH-Bildu y BNG se han abstenido, mientras que el PP, Vox, Junts, Ciudadanos, la CUP, UPN y Foro Asturias han votado en contra.

Aun mostrándose contrario al techo de gasto y la senda, ERC ha vinculado esta votación a dar "la oportunidad a esa negociación" entre Gobierno y Generalitat. "Están cumpliendo por ahora con lo que acordamos", ha aseverado. Durante su intervención en el Pleno del Congreso, el portavoz de ERC, Joan Margall, ha defendido que con este voto da "margen de confianza" al Gobierno "para que el diálogo y la negociación puedan avanzar".

"No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit" ha dicho Margall a la ministra Montero, al tiempo que le ha reclamado los 400 millones de euros que, en su opinión, el Estado debe a Cataluña por el cambio del sistema de liquidación del IVA en 2017.

Sin embargo, ha valorado que el Gobierno "está cumpliendo" con los compromisos adquiridos, en referencia al encuentro celebrado este miércoles entre el Ejecutivo y la Generalitat, que constituye junto a las elecciones la "principal herramienta democrática con la que resolver el conflicto" catalán.

"Numerosos cambios sociales"

En su defensa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que la actual senda en vigor data de julio de 2017, que fue señalada como "irreal" por parte de autoridades internacionales, el Banco de España y la AIReF, y que desde entonces se han producido "numerosos cambios en la realidad social", pero también en las prioridades del Gobierno.

Asimismo, ha dicho que la renovación de la senda "forma parte de la dinámica básica para empezar a trabajar los Presupuestos". Los actuales se aprobaron en 2018 y, ha reivindicado la ministra, "ninguna Administración se puede permitir el lujo de trabajar con cuentas que no se adecúan a la realidad".

Pese a que la nueva senda reserva más margen a la Administración central, Montero ha defendido que la flexibilización respecto a la última senda del PP beneficia más a comunidades y ayuntamientos para los que, además, ha avanzado que otorgará más facilidades para sus inversiones financieramente sostenibles.

Así, además de revisar la regla de gasto para dar más margen a las administraciones autonómicas y locales en esta norma fiscal, abrirá este tipo de inversiones locales a proyectos contra la despoblación, medioambiente, educación y gastos corrientes para el fomento del empleo.

Más flexibilidad para reducir déficit y deuda

En la senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero y avalada este jueves por el Congreso, el Gobierno flexibilizó los objetivos de déficit, y elevó el margen de desfase de las cuentas públicas hasta el 1,8% del PIB en 2020, del 1,5% en 2021, del 1,2% de 2022 y del 0,9% en 2023.

La senda deberá ser refrendada primero por el Congreso y después por el Senado, donde esta vez sí el Gobierno puede obtener una mayoría simple si logra el beneplácito de los grupos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

El PP critica el "acto de fe" que pide el Gobierno

La diputada del PP Elvira Rodríguez ha criticado el incumplimiento de la Ley de Estabilidad, al no incorporar a la nueva senda las recomendaciones de la Comisión Europea ni la liquidación de 2019, así como una explicación "clara" de la cuantificación del gasto, por lo que cuestiona que se apruebe también "demasiado pronto" el acuerdo sobre la senda para a partir del año 2021, lo que conlleva falta de "seguridad jurídica".

Por ello, Rodríguez ha rechazado respaldar la nueva senda al ser un "acto de fe", y considerar que representa "gasto, gasto y más gasto" y vislumbra una "considerable subida de impuestos" y se ha referido a la reunión entre el Gobierno y la Generalitat que "dejó a muchos españoles abochornados".

Asimismo, la diputada de Vox Inés Cañizares ha rechazado el "discurso autocomplaciente" y las cuentas "no veraces" con objetivos "inadecuados, irresponsables y lesivos" presentadas por Montero, que, ha dicho, no creen ni Bruselas al advertir del peligro de desviación del déficit ni "los propios ministros", en referencia a la etapa de José Luis Escrivá al frente de la AIReF, al tiempo que ha denunciado que el sistema tributario "se parece a un infierno".

Un "déficit asimétrico"

De su lado, el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro ha afirmado que la teoría defendida por la derecha de bajar impuestos para aumentar la recaudación "ha muerto una y mil veces en las facultades de Economía", y ha defendido el acuerdo de gobierno que anticipa un Presupuesto "expansivo y progresista" con medidas que retomarán la "justicia fiscal".

Desde Compromís, Joan Baldoví ve "lógico" dar una oportunidad a los PGE, porque "no tendría sentido investir a un presidente y no llegar a los PGE", si bien ha reclamado un déficit asimétrico para las comunidades, mientras que Íñigo Errejón, de Más País, ha respaldado la senda para "salir del ciclo de Rajoy", pero ha pedido "más determinación" para los Presupuestos y una política tributaria "progresista".

Por su parte, Oskar Matute, de EH-Bildu, ha llamado a Montero "buscar los límites" dentro de las reglas fiscales marcadas por Bruselas, "más bilateralidad" con las instituciones autonómicas y "dar poder a los municipios". Una mayor capacidad que también ha reivindicado Idoia Sagastizabal, del PNV, que también ha celebrado que se dé "más oxígeno" a estas administraciones para sus políticas de bienestar. Ambas formaciones han reivindicado la necesidad de contar con impuestos para mantener "el Estado social".

Entre tanto, Marcos de Quinto (Cs) ha rechazado la senda ante el "simpa generacional" que supone la deuda pública, y ha defendido una reducción de gasto con "racionalización" y bajar los impuestos para mejorar los resultados.

Negociar los PGE, pero incluyendo el IVA

Advirtiendo que su posicionamiento "no presupone para nada el voto o no a los Presupuestos", Ferrán Bel ha pedido "desvincular del futuro de la mesa de diálogo" estas votaciones -"Alguien podría pensar que, para continuar, se les tiene que votar todo a favor", ha dicho-, y ha advertido al Gobierno de que, para apoyar sus Presupuestos las nuevas cuentas deberán incluir el dinero que Hacienda adeuda a las comunidades por el IVA, y ha dicho que no imagina a otros grupos apoyándolos sin esa medida.

También se ha manifestado así José María Mazón, del PRC, que espera que las cuentas recojan los "compromisos" alcanzados. Coalición Canaria también ha avanzado, por medio de Ana Oramas, su disposición a sentarse "a trabajar" para unos nuevos Presupuestos, mientras que Mireia Vehí, de la CUP, ha reclamado "una auditoría y revisión de la deuda", pues si bien apoya modificar la 'Ley Montoro', justifica su rechazo para hacer una "enmienda a la totalidad a la política de la deuda".